El titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona ha admitido a trámite la querella de la Generalidad de Cataluña contra Pablo Casado, el expresidente del PP, por unas declaraciones realizadas el 17 de diciembre de 2021 en La Coruña sobre las prácticas "educativas" en las regiones bilingües en general y la catalana en particular. Al gobierno nacionalista de la zona le indignaron las siguientes palabras de Casado:
¿Se puede tolerar de verdad que a un niño de cinco años se le pida apedrear, aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a los niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila? ¿Se puede tolerar que a los hijos de la Guardia Civil y la Policía Nacional se les señale en clase y se diga que esos niños no pueden estar integrados? Pues eso es lo que hace no sólo ERC y JxCat y la CUP, sino el partido que les hace imprescindibles a nivel nacional, que es el partido socialista.
Que dónde está el problema, se imaginarán no pocos lectores. Las acusaciones son graves, pero aluden a hechos denunciados, publicados y no desmentidos. Una familia de Canet de Mar sufrió amenazas y acoso por pedir que se ejecutara en su colegio la sentencia del 25% de español en la enseñanza obligatoria catalana. El digital El Español publicó el 10 de julio de 2021 varios testimonios de familias afincadas en Baleares sobre la discriminación de los castellanohablantes en el sistema educativo. Una madre relataba que cuando su hija pedía ir al baño, el profesor replicaba que no la entendía si le hablaba en castellano. En cuanto a las piedras en la mochila, fue El País quien publicó el 17 de agosto de 1997 (la cosa viene aún mucho más lejos) que unos niños de una colonia organizada por la Diputación Foral de Vizcaya para practicar el vasco eran castigados a cargar piedras en sus mochilas por hablar castellano entre sí y que los monitores retenían las cartas que enviaban a sus padres para que los sacaran de allí. En cuanto a los hijos de guardias civiles o policías nacionales, muchos de ellos fueron señalados en aulas catalanas el día después de aquel "referéndum" putinesco del 1 de octubre de 2017, cuando "profesores" de esa aberración contra el género humano llamada "escola catalana" sacaron a los alumnos a los patios para protestar contra la impecable actuación policial.
Pero es que hay más, mucho más. Pocos días después de la manifestación en Barcelona para que se aplicara la sentencia del 25%, Libertad Digital publicaba el testimonio de un padre que explicaba el tormento sufrido por su hijo, a quien se llegó a negar el rancho en el comedor escolar porque sus padres habían solicitado que en su colegio también se pudiera estudiar en español ese 25% que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y confirmado el Tribunal Supremo. Papel mojado gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, que facilitó los cambios legislativos oportunos para que la Generalidad mantenga su fatua contra el español. De hecho, Casado se quedó corto. Ya que estaba en Galicia podría haber aprovechado para citar alguno de los casos de discriminación lingüística en la región de Feijóo, ungido poco después como su sucesor al frente del partido. O recordar que fue un gobierno del PP en Baleares quien facilitó la aplicación en las islas de la inmersión catalana y sus excesos supremacistas.
El exdirigente del PP también tenía razón cuando atribuía al PSOE la responsabilidad última de la situación actual en Cataluña, ya que fue Sánchez quien ordenó no recurrir ante el Tribunal Constitucional las normas separatistas (con el voto a favor del PSC) que "anulaban" el 25% y que el TSJC elevó a la instancia constitucional ante el incumplimiento de la Generalidad de su fallo.
La última campaña lingüística de la Generalidad se basa en que los consumidores en Cataluña tienen derecho a exigir en catalán las cartas de los restaurantes. En cambio, los niños de familias castellanohablantes no tienen derecho a recibir un parco 25% de las clases en su idioma materno en una región en la que el español es, en teoría, idioma oficial.
Haber denunciado que hay regiones en España que pisotean los derechos de la infancia es algo de lo que se puede sentir orgulloso Pablo Casado, a diferencia del juez que ha admitido a trámite la querella de la Generalidad en vez de actuar contra quienes imponen el dictado separatista de que la letra (en su caso, catalana), con sangre entra. Reputados juristas sostienen que el caso no tiene recorrido, que en las palabras de Casado no hay injurias, calumnias, discriminación o delito de odio, tal como sostiene la denuncia del gobierno catalán. Pero ese no es el problema.
En junio de 2019, una "maestra" de un colegio de Tarrasa echó de clase a una niña de cuarto de Primaria por haber dibujado una bandera de España y las palabras "viva España" en el álbum de fin de curso. La familia de la niña denunció que esa mujer no sólo expulsó del aula a la alumna, sino que la había maltratado. Un juzgado de la localidad absolvió a la acusada porque era la palabra de la criatura frente a la suya. Sin embargo, se dieron como hechos probados que la docente agarró de las axilas a la pequeña y la echó de la clase. Eso sí, no quedaba acreditado que le causara daño físico.
Hay muchos más casos. Manifestaciones a las puertas del colegio en el que unos padres piden enseñanza en español, boicots a sus negocios o en el lugar de trabajo, amenazas con número oculto, discriminaciones contra sus hijos, campañas de agitación y propaganda de la Generalidad en los centros escolares, comisarios lingüísticos funcionarios o voluntarios que espían en qué idioma hablan los chavales en el recreo y recurrentes encuestas falsas que predicen la extinción del catalán a corto plazo por la "imposición" del español, que hasta ese punto llegan las mentiras separatistas.
Y el caso es que el titular de un juzgado en Barcelona interrogará a un ex del PP por injurias porque lo ha pedido el delincuente indultado Junqueras, que lidera con la complicidad de Sánchez el "apartheid" contra los hispanohablantes en Cataluña.