Es cierto que algunos "barones" regionales del PSOE han criticado públicamente, aunque sea con la boca pequeña, la repugnante concesión del gobierno de Pedro Sánchez a los golpistas de ERC a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado consistente en derogar el delito de sedición. Tampoco se puede negar, en este sentido, la posibilidad de que algunos diputados socialistas en el Congreso puedan sentirse en su fuero interno avergonzados por el temerario e indigno peaje que el presidente del Gobierno está dispuesto a pagar a sus sediciosos compañeros de viaje. Ahora bien, una cosa es admitir lo anterior y otra cosa, muy distinta, albergar, por ese motivo, la esperanza, por mínima que sea, de que algún diputado socialista vaya a saltarse la disciplina de voto de su partido en la votación que se celebrará hoy jueves en el Congreso.
Y es que todos los diputados del PSOE ya han demostrado, desgraciadamente en numerosas ocasiones, que el limite de sus tragaderas, al igual que las de su infausto jefe de filas, no lo marca ningún código moral ni ningún compromiso que hubiesen adquirido con sus electores sino la necesidad de mantenerse, como sea y a cambio de lo que sea, en la poltrona. Es más. Puestos a buscar y facilitar la ilusoria posibilidad de votos disidentes entre las filas socialistas, creemos que hubiera sido más oportuno requerir una votación secreta que una votación pública por llamamiento, tal y como finalmente se producirá gracias a la petición del PP respaldada por Vox.
Aun así, no nos parece desacertada la votación por llamamiento exigida por PP y Vox, dos partidos llamados a entenderse, votación con la que todos los disputados se retratarán individualmente en esta bochornosa sesión del Congreso. Con todo, más relevante nos parece la denuncia de la triquiñuela perpetrada por el Gobierno a la hora de tramitar esta infame concesión legislativa a los golpistas como proposición de Ley y no como proyecto de Ley, lo que permite al Gobierno esquivar los preceptivos informes de los órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado. Aunque estos informes no sean vinculantes, y aunque el gobierno socialcomunista les haya hecho caso omiso en numerosas ocasiones —la más reciente, con ocasión de la disparatada ley del "sólo sí es sí"—, está visto que el Gobierno quiere evitar que los órganos consultivos le vuelvan a sacar los colores ante una modificación del Código Penal que debilitará a nuestro Estado de Derecho frente a la más visible amenaza a nuestro ordenamiento constitucional como la que representan las sediciosas y antisistema formaciones políticas que sostienen a Pedro Sánchez.
Finalmente, y con independencia de que el ninguneado CGPJ pueda lograr o no emitir su informe, y con independencia de la votación de hoy en el Congreso, confiemos en que la oposición constitucionalista no coincida únicamente en el compromiso de la restitución de este delito de sedición que hoy será derogado, sino también en el mucho más necesario compromiso de activar el articulo 155 de nuestra Carta Magna como forma de evitar que los delitos contemplados en el Código Penal —incluido el todavía vigente delito de malversación— lleguen finalmente a consumarse desde las mismas administraciones autonómicas, tal y como bochornosamente sucedió el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017.