La contundente afirmación de la portavoz socialista Isabel Rodríguez de que un nuevo referéndum secesionista en Cataluña, tal y como proponen sus aliados de ERC, "sería inconstitucional y no se va a celebrar" nos evoca aquellas declaraciones, no menos coincidentes y categóricas, de Mariano Rajoy tiempo antes de que los separatistas convocaran y perpetraran, no una sino dos consultas secesionistas tan ilegales como fueron la del 9-N de 2014 y la del 1-0 de 2017. Para colmo, y en el caso de Pedro Sánchez ¿qué credibilidad otorgar a este compromiso con el ordenamiento constitucional por parte de un Ejecutivo presidido por quien afirmó que no conformaría gobierno con Pablo Iglesias; o que no pactaría nada con los filoetarras de Bildu; o que no indultaría a los golpistas del 1-O; o quien negó que fuera a derogar el delito de sedición o modificar el Código Penal para que la financiación con dinero público de consultas ilegales como la que nos ocupan deje de ser considerada un delito de malversación? ¿Qué credibilidad dar al compromiso con el Estado de Derecho de un Ejecutivo que incumple su obligación de ejecutar el cumplimiento de las sentencias como la que —se supone— obliga a la Generalidad de Cataluña a permitir que, al menos, el 25% de las horas lectivas sean impartidas en castellano? ¿Cómo creerse cualquier compromiso con la democracia liberal —valga la redundancia— de un gobierno que no para de decir que hay que desjudicializar la política, lo que es tanto como decir que los políticos estén por encima de la Ley? ¿Qué veracidad otorgar a un gobierno que trata de subvertir el orden del 78 por la puerta de atrás liquidando la poca independencia que le queda al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial?
Aun así, que quede claro que la forma de impedir un tercer referéndum separatista en Cataluña no pasa tanto por reintroducir el delito de sedición o el de malversación como, en aplicación del articulo 155 de la Constitución, desbancar de la administración autonómica quien desde ella lo convoque. Lo grave, con Sánchez, es que ha demostrado que, con tal de no perder la poltrona que tiene gracias a las formaciones separatistas, bien podría autorizarlo y desdecirse de lo prometido ahora por boca de su portavoz.
Y es que ya podrá el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page, reprochar a Sánchez que "no se puede pactar con los delincuentes su propia condena", que Sánchez y su partido han demostrado que sí se puede si de eso depende su poltrona.