Nuestro Gobierno y "su" Legislador no desaprovechan una sola ocasión para intoxicar y confundir a la sociedad y la opinión pública. Lo hacen, además, con la ya habitual dosis de ideología y creciente rencor. Algo que deriva en un vicio de regurgitar leyes y normas de todo tipo que luego no hacen sino aflorar problemas, desajustes y más confusión.
La penúltima ocurrencia, al margen de las iniciativas por todos conocidas y que tienen en vilo al organigrama que configura el Estado de derecho, ha sido una enmienda de varios partidos de extrema izquierda al Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario en virtud de la cual, según se anuncia, los colegios universitarios que "segregan por sexo" no podrán ser centros adscritos a sus respectivas universidades. Esto se podría traducir, en algún caso aislado, en la pérdida de algunas ventajas administrativas y poco más, pero no por ello deja de tener importancia el movimiento. Sabemos que, si de ellos dependiera y no de las garantías constitucionales, directamente los prohibirían, pero no es el caso.
Los colegios universitarios en nuestro país, como en la totalidad de países con sistemas universitarios desarrollados, son en su gran mayoría entidades privadas que cumplen una función primordial en la vida universitaria. Entre otras muchas cosas, facilitan alojamiento a los estudiantes en un contexto donde cada vez resulta más complicado acceder a este recurso. Hasta ahora, y salvo el caso del Colegio de Bolonia, que se encuentra fuera del país y se defiende como buenamente puede, estas instituciones no habían atraído la atención de nuestros planificadores ni de esta clase comunistizante. La conocida "berrea colegial" de hace unos meses ha sido la excusa perfecta para que centren ahora también sus fobias y demonios. Son privados, muchos de ellos religiosos y además los frecuentan hijos de clase alta. Tienen, por tanto, todos los elementos para, en efecto, atraer sus deseos de intervención pública.
Se trata, por lo demás, de una fobia como la que se predica por todo aquello que no está directa o indirectamente controlado por la Administración y quienes a ésta gobiernan, es decir, ellos mismos. Algo cada vez más presente en nuestra vida cotidiana. Ya sucedió con los centros educativos concertados, de modo que hasta el Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse (STC 37/2018, de 10 de abril) para recordar que la educación diferenciada por sexos no puede considerarse discriminatoria. Los Colegios universitarios ni siquiera son centros de enseñanza reglada, sino que funcionan como residencias. Los hay masculinos, femeninos, mixtos, laicos, religiosos, adscritos a universidades públicas o no, sin que esa adscripción signifique lo que esos diputados creen que significa.
La pluralidad de opciones en nuestro país es en cualquier caso inobjetable, por lo que resulta incomprensible que el Gobierno pretenda, no sólo mermar a estas organizaciones, sino señalarlas como si algo inadecuado, incorrecto o incluso inconstitucional estuvieran haciendo.
Es completamente absurdo deslizar estas ideas respecto de los colegios universitarios, que, como se ha dicho, no son más que residencias que permiten a sus inscritos seguir sus estudios en las universidades correspondientes y participar de las actividades formativas que los propios centros les procuran bajo el modelo de organización que ellos mismos, o sus padres, han preferido.
No está de más recordar que nuestra jurisprudencia tiene reiteradamente declarado, para el caso de la educación, que ni siquiera en Derecho comparado se limita o prohíbe la educación diferenciada, por lo que menos aún las residencias universitarias. Entre otras referencias, suele citarse la resolución de 30 de enero de 2013, del Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo de Alemania, que señala que: "está prohibido otorgar un trato desfavorable a las escuelas privadas en función de su modo distinto de organizar la formación". También que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha basado en la Convención de la UNESCO de 1960 para avalar el modelo educativo diferenciado y que allí son decenas los Colleges masculinos, femeninos, religiosos o no, que coexisten con otros centros que siguen otros modelos con absoluta normalidad.
Nuestro Tribunal Constitucional, en efecto, tiene reconocido igualmente que la educación diferenciada por sexos está avalada por la Convención de la Unesco de 1960. Consecuentemente, si la educación diferenciada por sexos es un modelo educativo que, en sí mismo, no causa discriminación de ningún tipo, menos puede hacerlo un Colegio Mayor masculino o femenino, en cuyas dependencias residen ciudadanos españoles o internacionales que de modo autónomo han querido que así sea.
Es por tanto un sinsentido y carece de toda lógica que el Gobierno pretenda arrinconar ideológicamente a los Colegios universitarios cuando en España coexisten además centros educativos que imparten programas docentes que aprueban las propias autoridades, reciben fondos públicos y expiden los correspondientes títulos académicos, que ofertan educación diferenciada por razón de sexo y cuyo modelo está constitucionalmente avalado. Alguien debería ofrecer al menos una cierta resistencia a este nuevo atropello e intento de estigmatización.