La actividad legislativa en España es digna de estudio. Podría decirse que el legislador es un chimpancé con una metralleta o que las leyes son redactadas, recortadas o manipuladas por los herederos de Al Capone. He ahí la llamada ley del "solo sí es sí", cuyo efecto es la rebaja de penas para los delincuentes sexuales y, en algunos casos, su puesta en libertad. O la ley Trans, que fomenta la emasculación de adolescentes. A los mismos autores cabe atribuir la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y abarata el de malversación.
Gracias a esta última reforma, que entra en vigor mañana, las defensas de los indultados de ERC por el golpe de Estado preparan una petición para que sus clientes sean absueltos y seguramente indemnizados. Los de Junts exigen que el Tribunal Supremo actúe de oficio. También están de enhorabuena los políticos corruptos, que con la rebaja de la malversación ya han comenzado a exigir la revisión de sus sentencias. El despropósito es mayúsculo, pero estas barbaridades no pueden atribuirse a la impericia o la estupidez del legislador. En absoluto. Los beneficios para violadores, corruptos y golpistas forman parte del plan del Gobierno, responden de manera precisa a las exigencias de sus socios y a los intereses de Pedro Sánchez.
Si los partidos conservadores consiguen ganar las próximas elecciones generales y acceder al Gobierno tendrán ante sí la urgente e ingente tarea de restaurar el Código Penal, derogar todas las insensateces urdidas en estos últimos años y restaurar las nociones de Ley y de Justicia. Sin descartar, de paso, exigir responsabilidades legales a los artífices de tanta atrocidad.
Cabría suponer que los agraciados con las nuevas "leyes" mostraran su agradecimiento o su propósito de enmienda, pero no es precisamente ese el caso. La mitad de los condenados reinciden y más aún cuando sus delitos dejan de ser considerados como tales. De hecho, los reos del golpe del Estado no sólo no han mostrado el más mínimo arrepentimiento sino que se han conjurado para perpetrar otra asonada.
El 19 de enero se celebrará una cumbre hispano-francesa en Barcelona con la presencia de Sánchez y el presidente francés, Emmanuel Macron. A tal efecto, los partidos y organizaciones separatistas han recuperado su unidad y se preparan para demostrarle a Sánchez y a su fiel escudero Bolaños que el "procés" no ha acabado, que sigue vivo y activo y que su objetivo es la secesión por la vía del golpe. Sin embargo, el inquilino de la Moncloa reserva a uno de los líderes separatistas, Pere Aragonès, un lugar de privilegio en dicha reunión. Resulta que el presidente de la Generalidad ejercerá como "anfitrión", como si Cataluña fuera un Estado entre España y Francia y el presidente de la administración autonómica, par del presidente del Gobierno español y del presidente de Francia.
La participación de Aragonès en la cita no obsta para que su partido, ERC, se haya puesto al frente de la manifestación, soplando y sorbiendo a la vez y sin que esa contradicción suponga el más mínimo problema ni para los republicanos ni para Sánchez. La última vez que el Gobierno en pleno se personó en la capital catalana, en un Consejo de Ministros celebrado en diciembre de 2018, se produjeron graves disturbios. Los mismos instigadores de aquella violencia llaman ahora a llenar las calles en contra de la cumbre, en contra de España y de Francia y en contra de la democracia y la igualdad entre ciudadanos. Van a morder la mano que los indultó y que ha despenalizado sus graves delitos. Porque sí, porque pueden y porque está en su naturaleza reincidir.