Cuando la izquierda no se sale con la suya dicen que no hay democracia. Entonces, lo que formalmente es la oposición política se convierte en una amenaza que debe combatirse sin cuartel ni complejos. De estas premisas, inmutables por siglos que pasen, nacieron los partidos únicos, las leyes y tribunales especiales, los autogolpes por el bien común o las dictaduras necesarias. En realidad, no ansían la democracia ni luchan por ella, sólo persiguen su estabilidad en el poder poniendo todas las herramientas, legales o no, a tal servicio.
El nombramiento de Cándido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional no era una sorpresa y menos en esta casa. Lo contó aquí, en noviembre, Miguel Ángel Pérez porque el propio magistrado, tan neutral, iba pregonando a los cuatro vientos su vergonzoso pasado como aval de su prometedor futuro:
"Fui designado fiscal general del Estado para arreglar el problema del terrorismo y lo arreglé. Voy a ser designado presidente del Tribunal Constitucional para arreglar el problema de Cataluña, y lo arreglaré".
El problema, claro, reside en lo que entiende la izquierda por "arreglar", que suele estar ligado al beneficio propio y el fracaso ajeno. Entonces, "arreglado" el asunto que incomode, ya vuelve la democracia a su ser y la oposición a su caverna rebelde y, por supuesto, antidemocrática por ser contraria al régimen.
El PSOE de Pedro Sánchez buscaba un Consejo General del Poder Socialista como primer gran soviet de la nueva era y ya casi lo tiene completo. Al fin ha conquistado también el Tribunal Constitucional que reclamaba como necesario, el favorable a sus ideas y radicalmente parcial porque los antecedentes de Cándido Conde Pumpido eran y son suficientes como para apartar de la carrera pública a cualquiera. ¿Qué debería hacerse si no con el jefe que conmina a sus subordinados a ensuciarse en el ejercicio de su profesión? Tanto ejemplo dio que hasta Arnaldo Otegi, el etarra, preguntó en sala en el año 2005 si el fiscal general sabía que el fiscal de la Audiencia Nacional lo quería meter en prisión: "si lo sabe —dijo Otegi—, me parece verdaderamente increíble que estén pidiendo mi prisión ahora que estamos ofreciendo soluciones". Algunos siguen destacando que Conde Pumpido es "buen jurista", como si eso excluyera la posibilidad de hacer el mal, cuando precisamente la potencia.
Llegó a la fiscalía general del Estado en 2004, tras el atentado que cambió la historia de España y cuyo procedimiento judicial —instrucción sin apenas pruebas, sin trenes, sentencia sin autor intelectual y con los autores materiales muertos y sin autopsia— fue "un éxito" para los intereses que hoy nos atenazan.
Tres días, los tres aciagos días de marzo, estuvieron los agitadores preguntando a voces y con pancartas "¿Quién ha sido?". Cuando al cuarto día el PSOE ganó contra todo pronóstico las elecciones generales, se calló la indignación y se apagó la curiosidad. Y se empezó a tapar sistemáticamente la verdad y a perseguir, encaminar, contaminar y quién sabe si algo más, a los que, como los periodistas de esta casa, seguían haciéndose la pertinente pregunta original: ¿quién ha sido? Ya no importaba, ya estaba "arreglado".
Luego salieron a la luz algunos de los profesionales de la protesta que asediaron aquellos días las sedes del PP: Juan Carlos Monedero o el propio Pablo Iglesias, meritorios entonces de Hugo Chávez. Tres lustros después, quién nos lo iba a decir, llegaron al poder.
Aquella España de Zapatero que rompió la convivencia requería de un fiscal general del Estado capaz de esos y otros arreglos que han llegado, agravados, hasta hoy. Como garante de la Constitución española de 1978 —ese es su cometido— culminará el proyecto, o lo que es lo mismo, desempeñará la misión contraria a la que obliga su cargo. Tiene tres años, tiempo de sobra, para convertir en "constitucional" todo lo que dinamite la propia Constitución. Ya lo advertimos aquí hace unos meses: el PSOE practica un torcuatismo malvado, un "de la Ley a la Ley" para cargarse la democracia en vez de para construirla. ¿Es buen jurista? Hará mejor el Mal.
De hecho, Conde Pumpido llevaba ya tiempo entrenando en el Constitucional a cuenta del golpe de 2017, como también nos informó en LD Miguel Ángel Pérez. Sin que hubiera sentencia del Tribunal Supremo, los magistrados del TC —tan de derechas, según Sánchez— acordaron apoyarse en la experiencia del magistrado como "coordinador" para cambiar su doctrina y admitir a trámite recursos de los golpistas con el proceso judicial abierto, algo que sólo se hacía en casos muy especiales relacionados con detenciones ilegales.
Pumpido y sus admiradores consideraron que aquello del golpe merecía un cambio por su "relevancia, complejidad y novedad jurídica". ¿Novedad jurídica? ¿No estaba el Tribunal Constitucional preparado para un golpe contra la Constitución? Pues para no discutir entre sectores, los guardianes de la Carta Magna le dejaron el atajo "coordinador" al decidido y gran jurista gallego que ahora tiene mando en plaza. El golpe del 17 ya no es cosa de independentistas catalanes, más bien de la Agenda 2030 esa.
Dicen que la "tradición" de elegir a un vicepresidente de otro signo para compensar tampoco se ha cumplido en el Constitucional, pues para la vacante ha sido elegida Inmaculada Montalbán, "pionera", según El País, en aplicar la "perspectiva de género" que, en rigor, es como incumplir la igualdad ante la Ley, premisa de toda democracia. En todo caso, las tradiciones no van con el PSOE y nadie puede creer a estas alturas en un turnismo tácito que pretenda equilibrios ideológicos.
La llegada de Cándido Conde Pumpido al Tribunal Constitucional es otro movimiento para que haya menos democracia, condición necesaria para que Pedro Sánchez se instale definitivamente en el poder sin necesidad de invocar legitimidades que no existen. Si en Génova siguen fingiendo, sin dejárselo siquiera a expertos, que lo preocupante es sólo la economía, la oposición será un débil estorbo en año electoral. Para sufrir por la inflación tiene que haber democracia, no la demos por hecha.