¿Qué significa exactamente la cada vez más extendida consigna "no consentiremos ningún retroceso en derechos"? ¿Qué alcance o traducción tiene esta proclama? ¿Qué supone no comprender la diferencia entre ser titular de derechos y disponer de una protección jurídica? ¿Por qué hemos llegado a ese punto en el que sobre determinados asuntos no se puede discrepar o proponer alternativas?
El art. 1 de nuestra moribunda Constitución reza que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".
El pluralismo político se reconoce en dicho precepto como valor superior del ordenamiento y nuestro Tribunal Constitucional ha dictado en numerosas sentencias que ello permite diversas opciones o soluciones políticas en el marco de la Constitución. Esto, que parece algo muy elemental, no parece sin embargo compartirse ya ni por el actual Ejecutivo ni por la práctica totalidad de grupos políticos con representación parlamentaria, incluido el que, según parece, puede ser alternativa de gobierno. Tampoco sabemos si el nuevo Tribunal Constitucional lo tiene del todo claro. Podemos pensar que con las nuevas incorporaciones seguramente no, que no lo tienen claro, y que puede que más pronto que tarde lo comprobemos.
Según doctrina constitucional muy mayoritariamente aceptada hasta ahora, el legislador tiene libertad para optar por las modificaciones normativas que considere oportunas. Insistimos, siempre dentro del marco constitucional que determina el máximo intérprete de la Carta Magna, es decir, nuestro Tribunal Constitucional. Es así como las Cortes Generales aprueban leyes que contienen las correspondientes corrientes ideológicas o las diferentes expresiones políticas que, digamos, existen o coinciden con aquello que piensan o comparten los diferentes sectores de la población y que de un modo u otro afectan a nuestros derechos y libertades. Este es el marco teórico, eso que explicamos en las facultades, pero sabemos que no siempre es así.
El pluralismo político, a diferencia de lo que sucede con el partido único o las fórmulas de partido único, supone que los ciudadanos otorgamos nuestra confianza a unos partidos u otros, con sus diferentes programas y opciones, y que éstos desarrollan su tarea constitucional en caso de alcanzar tarea de gobierno siguiendo lo dispuesto en la Constitución. Supone, en definitiva, uno de los rasgos propios y distintivos del sistema democrático, que es el que hemos disfrutado en Occidente las últimas décadas. Uso una forma de pretérito porque ya se percibe una nueva forma de ejercicio del poder que nos notifica que algo está cambiando a este respecto, y no precisamente para mejorar ese sistema.
Sobre los enemigos de la democracia y su deterioro hay ingente bibliografía. No vamos a descubrir nada porque está todo dicho en la psicología de masas y la literatura universal. Todos sabemos más o menos cómo mueren las democracias, aunque no siempre se saben identificar adecuadamente las verdaderas causas. Muchos calman conciencias atribuyendo la responsabilidad al adversario político. Sea como fuere, si hoy se recuerda con frecuencia este asunto y se escribe continuamente sobre ello es porque "está pasando". No está claro, eso sí, que se comprenda que quienes más se enfurecen con supuestos ataques a la democracia son en verdad sus auténticos sepultureros.
A finales de mayo de 2021, intentando descifrar a los enemigos contemporáneos de la democracia, escribí en El Español sobre el rearme ideológico de estas nuevas fuerzas totalitarias. Recordaba a M. Djilas y F. Hayek, de quienes aprendimos que el desarrollo de ideas antiliberales en las sociedades libres determina, en efecto, su conversión en una u otra forma de autoritarismo. Apuntamos entonces que la estrategia del enloquecido discurso racial, sexual, feminista e identitario, la psicosis medioambiental y el riesgo aparentemente cierto y científicamente irrefutable, de la pronta extinción de las especies, unido a la defensa a ultranza del Estado y su Administración, así como de los impuestos y las cargas administrativas de todo tipo, eran la prueba palmaria de que este rearme ideológico se había presentado, primero de modo amable, ahora ya de manera forzosa.
Antes o después, este catecismo iba a poner en jaque el pluralismo político. Como demuestra el bochornoso uso del término "negacionismo", la naturalidad con la que hoy se habla en hemiciclos y prensa de "cordones sanitarios" contra quienes sostienen o defienden tesis diferentes o simplemente ponen en entredicho las actuales, o la progresiva desaparición de la neutralidad ideológica en el espacio público. No parece que esto tenga fin porque nadie parece dispuesto a enfrentarlo como es debido.
Hemos de asumir con resignación que este programa es un programa ganador y que la agenda de los gobiernos occidentales, centrada en el aquelarre del disidente y el histerismo de la consigna, que va desde cuestiones macroeconómicas a medioambientales, pasando por las sociales o presupuestarias y hasta por los aspectos más íntimos de las personas y familias, con una declarada obsesión por la cultura de la muerte que ya ni se oculta, aun siendo abiertamente incompatible con un sistema democrático de corte liberal, gana cada vez más terreno. Lo que viene es consecuentemente la tiranía, y en ese camino, la destrucción del pluralismo político mediante la implementación de técnicas de partido único.
Juan J. Gutiérrez Alonso. Profesor Titular de Derecho administrativo. Universidad de Granada.