Los golpistas del 1 de octubre están perdonados y su delito se ha eliminado del Código Penal. El golpe separatista de 2017 se ha borrado a todos los efectos. En lo político, se empezó a borrar tempranamente: desde el instante en que se dio entrada al golpismo en la mayoría gubernamental. Las consecuencias penales se borraron con el indulto y la supresión de la sedición. No pocos discutieron en su día que aquello fuera un golpe, pero la cuestión ha dejado de ser cómo definirlo. Ahora estamos en la indefinición pura, en la nada, en que no existió. De ahí se infiere que no hay responsables y nadie paga, pero resulta que hay alguien que va a pagar. No los políticos ni las masas separatistas que lo ejecutaron. Tampoco los Mossos d’Esquadra que obedecieron la instrucción del Govern golpista de permitirlo. Los paganos de esta historia van a ser exactamente cuarenta y cinco agentes de la Policía Nacional.
El juez Francisco Miralles ha dispuesto sentarlos en el banquillo por delitos de lesiones y contra la integridad moral. Sus acusaciones se fundan, al parecer, en imágenes grabadas por los llamados ciudadanos: los golpistas de base. El juez debe ser el único que no sabe que la imagen es lo más engañoso que hay. Que unas imágenes den una visión distorsionada de lo que sucedió es más frecuente que lo contrario. Basta fragmentar o reducir el campo visual para que la distorsión se produzca. Se muestra entonces sólo una parte (la media verdad) o sólo lo que se quiere mostrar (la mentira), dejando fuera lo que ocurrió antes o lo que pasaba alrededor. Pero el juez también debe estar entre los que no han visto una carga policial en su vida. Porque de lo que acusa a los agentes es de hacer su trabajo. El que tenían encomendado por orden judicial. Y el trabajo de desalojar a una multitud que se resiste empecinada a que la desalojen no es un trabajo que se haga con buenas palabras y palmaditas cariñosas en la espalda.
A ciertos agentes los acusa de cargar sin haber negociado previamente —faltó diálogo— y sin ninguna advertencia previa "que pudiera ser oída por más personas de las que estaban en primera fila". Claro, tenían que haber llevado un mega equipo de sonido. A otros los empura por realizar una "actuación directa" contra personas que "no tenían ninguna obligación de saber qué estaba ocurriendo ni lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña". ¿No tenían que saber que iban a un referéndum ilegal y que la policía tenía orden de impedirlo? Pero parecía que lo sabían de sobra. Y si había allí algún perfecto desinformado, alguien recién llegado de la Luna o de una remota aldea donde no hubiera ni tele, el caso es que ignorar la ley no excusa de su cumplimiento. Pensábamos que este era un sólido principio del Derecho y hasta lo habremos sufrido alguna vez, pero nos dice un juez que no vale. O que se aplica según a quién. Y es evidente que no lo considera aplicable a los yayos —y no yayos— que, en plan mosquitas muertas o fieros esperpentos, fueron a participar en un acto ilegal contra el orden constitucional y por la ruptura de la integridad territorial de España. Ole.
Ni los golpistas ni sus masitas obedientes, ni los jefes de los Mossos ni los Mossos de brazos caídos: los únicos que van a pagar por el golpe separatista son los agentes de policía que trataron de impedirlo. Y que lo hicieron por orden de un tribunal superior de justicia. El próximo, que lo impida Rita.