Probablemente si por algo será recordada esta época es por la permanente negación de la realidad y la evidencia, que han dejado su espacio natural al mal llamado "relato" y las ideas fake con las que la izquierda quiere imponernos la misma tiranía de siempre.
Pero la verdad no sólo es tozuda, sino que asumirla y actuar en consecuencia es la única forma de solucionar los muchos problemas a los que una sociedad tiene que enfrentarse en este siglo XXI que cada día resulta más complejo. Este jueves, sin embargo, hemos visto el mismo empeño de siempre por hacer lo contrario desde un Gobierno y un sistema mediático a los que la realidad les resulta ya no incómoda, sino directamente hostil.
No por menos habituales, los intentos de poner en duda la verdadera naturaleza del atentado islamista de Algeciras dejan de ser absolutamente ridículos y tremendamente perniciosos: ¿cómo podemos llamar, si no es islamista o yihadista, a un asesinato perpetrado por un hombre musulmán, que entra en dos iglesias armado con un impresionante machete y, al grito de "¡Alá!", empieza por destrozar imágenes y ornamentos de los templos y acaba por intentar asesinar a un cura y matando a un sacristán?
El hecho todavía llama más la atención cuando lo comparamos con la velocidad con la que ese mismo Gobierno que este jueves pedía no sacar conclusiones apresuradas dictamina casi sentencias en otros casos que, en no pocas ocasiones, acaban reducidas a groseros bulos.
Del mismo modo, es imposible negar el peligro que supone la inmigración ilegal, por mucho que decirlo prácticamente se haya convertido en un tabú. Lo cierto es que, frente al descabellado "papeles para todos", la única forma de garantizar una inmigración que sea enriquecedora tanto para los propios inmigrantes como para las sociedades que los reciben es tener unas normas claras, cumplirlas y no consentir que sea lo mismo haber entrado o estar en un país cumpliendo las leyes que incumpliéndolas.
Es dramático el hecho de que el terrorista Yasin Kanza estuviese de forma ilegal en nuestro país, hubiese sido detectado por la Policía y, en cambio, no llegase a ser expulsado. El ministro del Interior debe dar explicaciones y, en general, España debe replantearse por qué somos incapaces de hacer cumplir nuestras propias leyes en un asunto que, como podemos ver, acaba costando vidas.
La negación de la realidad, los intereses creados y, en este caso, las nada claras relaciones de este Gobierno con el sátrapa marroquí ya parecen no sólo estar afectando a nuestra política exterior, sino también a la interior.