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EDITORIAL

El asalto sanchista de la Justicia llega a la UE

Lo que ha hecho el Gobierno en estos últimos meses nos aleja de los estándares europeos para aproximarnos a las dictaduras izquierdistas.

Los cinco vocales de perfil conservador del Consejo General del Poder Judicial han remitido a la Unión Europea un duro informe en el que detallan meticulosamente la operación de Sánchez para poner el Poder Judicial a su servicio. El mero hecho de que se pueda caracterizar ideológicamente a cada uno de los miembros del órgano de los jueces ya da una idea del grado de politización de la Justicia en España, pero lo que ha hecho el Gobierno socialpodemita en estos últimos meses nos aleja de los estándares europeos para aproximarnos a las dictaduras izquierdistas, tan caras a una parte del Ejecutivo español.

La dureza de la denuncia formulada por los cinco miembros del CGPJ no reside en la manera de expresarla, sino que se desprende del propio relato desnudo de los hechos que han venido sucediendo desde que Sánchez decidió asaltar el Poder Judicial. Como se indica en el texto, la operación arranca cuando el Gobierno decide modificar el código penal para eliminar el delito de sedición y degradar el de malversación, dos requisitos exigidos por sus socios separatistas para mantener los apoyos parlamentarios del Gobierno. En ese momento se pone fin abruptamente a las conversaciones con la oposición, iniciadas en su momento para modificar el modelo judicial español en consonancia con lo exigido repetidas veces por las autoridades europeas.

A partir de ese momento, el Gobierno y sus socios aprueban una nueva ley que priva al órgano de los jueces de sus competencias en varios ámbitos, principalmente en el relativo a los nombramientos de altas autoridades judiciales como los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Más tarde, una vez garantizadas las mayorías correspondientes, el Gobierno dicta una nueva modificación legal para que el CGPJ recupere parcialmente la competencia de algunos nombramientos a conveniencia del Ejecutivo, un ejercicio de trilerismo político que ha convertido a la Justicia española en un juguete roto en manos de un dirigente con vocación totalitaria.

A esa operación de asalto del CGPJ hay que añadir la supresión del delito de sedición y la modificación del de malversación, con el fin exclusivo de desactivar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista y los gravísimos hechos acaecidos en octubre de 2017, cuando los partidos separatistas intentaron un golpe de Estado desde las propias instituciones del Gobierno regional catalán.

La tramitación de reformas legales por la vía de urgencia, eludiendo así los controles parlamentarios imprescindibles en toda obra legislativa, y los continuos ataques a jueces y magistrados por parte del Gobierno son el brochazo grueso añadido de Sánchez en todo este proceso, que los firmantes del informe, con excelente criterio, han decidido someter ahora al criterio de las autoridades de la UE.

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