Se supone que el "cara a cara" que el presidente del gobierno y el líder de la oposición iban a mantener este martes en el Senado iba a servir para que Pedro Sánchez aclarara por fin cuales van a ser las modificaciones legales y las responsabilidades políticas que piensa asumir su gobierno ante el bodrio jurídico conocido como la "ley del sólo si es si", que ya ha provocado más de 300 rebajas de condena y más de 30 excarcelaciones de agresores sexuales.
Nuestro endiosado e incompetente presidente del Gobierno se ha negado, sin embargo, a responder a una sola pregunta del líder de la oposición a este respecto y ha preferido elevar cortinas de humo tales como hablar de exministros del PP como Rodrigo Rato o Eduardo Zaplana, recordar el enfrentamiento de la actual presidenta madrileña con el antiguo líder del PP, Pablo Casado, o anunciar a bombo y platillo una demagógica subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1080 euros sin el acuerdo de la patronal y en unos momentos en que la vicepresidenta Yolanda Diaz todavía negociaba con los sindicatos.
Ni que decir tiene que el presidente del Gobierno no piensa cesar a la ministra Irene Montero por este bodrio jurídico cuyas nefastas consecuencias van, por cierto, mucho más allá de las conocidas rebajas de condenas que conlleva para los delitos sexuales más graves. También conlleva una injusta equiparación penal entre delitos de muy distinta gravedad como eran los de abuso y agresión al tiempo que criminaliza las relaciones sexuales cuando el consentimiento de la mujer no se manifiesta de forma explícita. Y este disparate jurídico, que ignora la necesaria proporcionalidad de las penas en función de la gravedad del delito y que debilita la presunción de inocencia de los acusados, no se soluciona únicamente con una modificación legislativa que se limite a elevar las penas sin restaurar la debida carga de la prueba por parte del que acusa y la no menos debida distinción entre el delito de abuso y agresión y la muy distinta pena que debe contemplar la ley para delitos de tan distinta gravedad.
A este respecto, ni siquiera el cese de la incompetente ministra Montero debería ser suficiente para que el PP apoyara o se implicara con el gobierno en una "arreglo" de este bodrio jurídico que no se soluciona con una burda y generalizada elevación de penas. Eso, por no recordar que el máximo responsable de ese entuerto no es la ministra Montero, sino el presidente del Gobierno que lo aprobó de forma colegiada en Consejo de Ministros, a pesar de ser consciente de los desastrosos efectos que iba a tener, tal y como ha terminado por reconocer la exvicepresidenta del gobierno Carmen Calvo.
Por otra parte, si un desastre legislativo en el ámbito penal no lo soluciona un acierto en política económica, menos aun lo hace una irresponsable, contraproducente y demagógica decisión de subir el Salario Mínimo, tal y como se ha anticipado a hacer Pedro Sánchez para rehuir en el Senado el asunto de la "ley Montero". En unos momentos en que España se mantiene por undécimo mes consecutivo como el país de toda la Eurozona con una tasa de paro más elevada, elevar nuevamente estas barreras institucionales a la contratación, que no otra cosa es que el Estado usurpe el derecho del trabajador a fijar cual es su particular "salario mínimo" a cambio del cual accede a ser contratado, constituye un demagógico disparate que va a fomentar todavía más la economía sumergida y que España se consolide —todavía más de lo que ya lo está— como el país con mayor paro de toda la Unión Europea. A este respecto recordemos el reciente informe de CEPYME que afirma que el encarecimiento del SMI durante el periodo 2018-2022 ya se ha traducido en la destrucción de 71.600 empleos y en la exclusión laboral de 145.900 trabajadores. En total, 217.500 empleos menos. A la vista está que los supuestos buenos propósitos del Gobierno no son garantía de buenos efectos, tal y como ha demostrado tanto la ley del "solo sí es sí" como la no menos contraproducente legislación destinada a subir el salario mínimo.