El mismo Pedro Sánchez que hace poco más de dos meses defendía a capa y espada la Ley del "solo sí es sí" como una "gran conquista del movimiento feminista de nuestro país, una ley de vanguardia que va a inspirar a muchas otras leyes en el mundo", ha terminado por admitir este martes que ese bodrio jurídico "ha creado un problema. Y me quedo corto". Ni que decir tiene que el problema que le ha creado este bodrio jurídico no son las más de 400 rebajas de condenas y las más de 40 excarcelaciones que ya ha provocado la ley, sino el desgaste electoral que le está causando.
Por esa razón, el gobierno se ha avenido a una contrareforma de la ley que, aun manteniendo el dislate de seguir considerando cualquier tipo de delito sexual como una agresión, introduce al menos subtipos para volver a castigar con mayor pena aquellas conductas que incluyan violencia e intimidación. Este restablecimiento —parcial— de la proporción de la pena en función de la gravedad de delito, que recogía con mucho mayor acierto el Código Penal del 95 con la desaparecida y distinción entre abuso y agresión, es a lo que sigue oponiéndose Podemos, puesto que la contrareforma restablecería la obligación de probar que ha habido violencia e intimidación en los delitos sexuales que se pretenden castigar con mayor severidad. Y es que no nos engañemos, la ley Montero era un bodrio jurídico no sólo porque rebajaba las penas de los delitos más graves de agresión sino porque también elevaba injustamente la pena de los delitos más leves de abuso.
La razón de la oposición de Podemos a esta modificación no es otra que su oposición a la necesidad de demostrar que ha habido violencia e intimidación para que el delito deba ser sancionado con mayor severidad. Para Podemos esta exigencia elemental para no vulnerar la presunción de inocencia o no vulnerar el principio de proporcionalidad de las penas en función de la gravedad del delito supone un "calvario probatorio" que se ha de eludir a toda costa, aun cuando la unificación en un solo hecho delictivo haya tenido como efecto no solo la agravación de las penas de lo que antes se castigaba más levemente como delito de abuso, sino también en una menor condena de lo que antes estaba más severamente castigado como delito de agresión. De ahí que Irene Montero haya acusado burda y arteramente a la ministra de Justicia, Pilar Llop, de querer "volver a preguntar a las mujeres si han cerrado bien las piernas".
A este respecto, no negamos que probar la existencia y gravedad de un delito pueda ser una tarea ardua, dolorosa, difícil y en algunos casos hasta imposible, pero ese es el precio que se ha de pagar si pretendemos vivir en una sociedad civilizada en la que se preserva la presunción de inocencia o se preserva la proporcionalidad de la pena. Eso que Podemos denigra como "calvario probatorio" resulta imprescindible no sólo para que un inocente pase justamente a ser considerado culpable, sino también para llevar a cabo una distinción no menos justa como la que separa, no ya la agresión del abuso, sino también el asesinato del homicidio, o el robo del hurto. Claro que esto de la carga de la prueba siempre ha sido para los comunistas un "obstáculo y escrúpulo burgués" tan desdeñable como esa "engañifa" que para ellos ha constituido siempre el Estado de derecho y la democracia liberal.