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EDITORIAL

La última animalada de la fábrica de disparates legislativos del Gobierno

Esta ley sale adelante con la opinión en contra de los expertos y con el único propósito de trasladar al Código Penal sus desvaríos ideológicos.

Nuevo artefacto jurídico de la combinación letal entre el PSOE y Podemos en el Gobierno. Se trata de la llamada "ley de bienestar animal", el disparate pergeñado en la sala de máquinas de Ione Belarra e Irene Montero con el imprescindible patrocinio de Pedro Sánchez. Al igual que en los despropósitos precedentes, esta ley sale adelante con la opinión en contra de todos los expertos científicos y jurídicos, sin la más mínima negociación y con el único propósito de trasladar a la sociedad y al Código Penal los desvaríos ideológicos de quienes atribuyen a los animales unos derechos que niegan a las personas.

La norma supone un grave retroceso en la materia, del mismo modo que la ley que suelta a los violadores ha contribuido a desproteger por completo a las víctimas de delitos ya consumados y a las víctimas potenciales. Una mirada superficial revela el atrevido grado de ignorancia de sus promotores, el oceánico desconocimiento del ámbito sobre el que se legisla, el desprecio por las consideraciones científicas y éticas y una absoluta ausencia de relación consciente y orientada con la realidad.

Se ha escrito y se ha destacado que en medio de este mayúsculo desastre se introducen en el Código Penal las condenas de hasta 18 meses de cárcel por matar a una rata. Y no es una exageración política o periodística, del mismo modo que no son bulos las delirantes consideraciones podemitas en materia de zoofilia.

Ajena por completo a cualquier rigor científico, la ley aprobada este jueves pretende equiparar en derechos a las bestias con los seres humanos desde una perspectiva prepotente, soberbia y chapucera. Una de las primeras consecuencias será el maltrato a los propietarios de animales, ya sean mascotas o de otro tipo. De nada han servido las consideraciones de los científicos, las reservas y objeciones de los animalistas sensatos, las razonadas protestas de quienes se dedican a la cría de animales para su venta como mascotas o de las mismas asociaciones de protección de mascotas y otros animales abandonados.

La soberbia de los podemitas es proporcional a la dejación de los socialistas, que han depositado en las manos de unos inconscientes, además de inconsistentes, la regulación sobre la tenencia de animales y sobre su trato. Era de esperar, dada la propensión de la izquierda, que tanto la ley como las reformas en el Código Penal dieran como fruto un marco legal absolutamente distópico, una chapuza de dimensiones colosales que fomenta la inseguridad jurídica y que impone requisitos disuasorios para "adoptar" un perro, un gato o un periquito, que penaliza darle un escobazo a una rata y que fomenta las plagas por la vía de prohibir las sustancias letales para exterminar cucarachas porque pueden ser perjudiciales para las palomas.

Los perros de caza han quedado al margen de la ley, de momento. Al PSOE le han temblado las piernas en el tramo final de la negociación de este disparate. Tiempo al tiempo. La caza, de seguir este Gobierno, tiene las horas contadas. También han quedado fuera de la ley (y dentro de la lógica) los perros de los mendigos, que podrán pedir limosna acompañados por sus animales sin que un inspector les arrebate a su compañero. ¿Por cuánto tiempo?

Lo que sí ha quedado claro es que, a pesar de que todo es contraproducente, al Gobierno le preocupan más los animales que las personas.

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