La Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, manifestaba hace escasos días su "preocupación extrema" a la vista de la cantidad de altos mandos de la Benemérita que están siendo penalmente investigados por su presunta implicación en escándalos de corrupción como los llamados "caso Mediador" y "caso Cuarteles" al tiempo que reclamaba la "urgente comparecencia en sede parlamentaria de los máximos responsables de la dirección política de la Guardia Civil". Para la AUGC, "la ausencia y el silencio de los responsables políticos de la Guardia Civil es irresponsable, y lamentamos la inacción que está mostrando el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil".
Pues bien. Si ese manifiesto de la AUGC, emitido tras la vergonzosa negativa del PSOE a celebrar una comisión investigación en el Congreso tanto para el "caso Mediador" como para el "caso Cuarteles", ya tenía entonces plena justificación, más aún la tiene ahora ante la sorprendente y nada explicada decisión de este miércoles de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, de presentar su dimisión, no por una encomiable asunción de responsabilidades in vigilando ante la presunta implicación de guardias civiles en ambos casos de corrupción, sino por el hecho de que el propio marido y los cuñados de la Directora General de la Guardia Civil, Juan Carlos Martínez y sus hermanos Manuel y Bienvenido, están siendo penalmente investigados en relación a otro caso de corrupción —en principio, sin nexos con los dos anteriores y sin participación de ningún guardia civil— , como es el llamado "Caso Santana Motor". "Se trata de una de las piezas aun abiertas y vinculadas con el caso de los ERE", en la que se investiga la concesión irregular de préstamos por valor de 36,1 millones de euros a la factoría automovilística de Linares, Santana Motor, por parte de la Agencia IDEA —entidad pagadora de los ERE declarados irregulares de la Junta de Andalucía—, de la que fue director de Inversiones Estratégicas el marido de María Gámez. El informe de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) señala de que pudo haber "lucro injusto" por parte de Juan Carlos Martínez y de sus dos hermanos suyos, a través de la sociedad Job Management Liberty SL.
Ni que decir tiene que ni la Directora de la Guardia Civil ni el ministro del Interior han hecho la menor mención a este asunto al anunciar y comentar la dimisión. La primera se ha limitado a decir que dimitía "tras haber tenido conocimiento" de que su marido "ha sido citado en el marco de un procedimiento judicial". Punto. En cuanto a Marlaska, se ha limitado a decir que la dimisión de Gámez es "injusta pero necesaria".
Nada más lejos de nuestra intención que ignorar el derecho a la presunción de inocencia de todas las personas anteriormente citadas, pero ¿es de recibo esta nula explicación ante el cese de quien, tras Grande-Marlaska, es la máxima responsable política de la Guardia Civil? ¿Es presentable el silencio de Grande-Marlaska ante un caso de corrupción que presuntamente tiene como "mediador", no al del "caso del Tito Berni", Antonio Navarro Tacoronte, sino al mismísimo marido de la hasta ahora Directora General de la Guardia Civil?
Tiempo habrá para averiguar más sobre el asunto. Pero lo que ya es evidente es la opacidad de este gobierno que ha enfangado el buen nombre de la Guardia Civil como en los luctuosos tiempos de Luis Roldán.