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EDITORIAL

Canallada del TC contra los alumnos más necesitados

Conde-Pumpido en la presidencia del Tribunal Constitucional va a provocar un daño irreparable a los alumnos de centros de Educación Especial.

El rodillo sectario impuesto por Cándido Conde-Pumpido en el Tribunal Constitucional desde su llegada a la presidencia va a provocar un daño irreparable a los alumnos de centros de Educación Especial. Su decisión de impulsar la aprobación definitiva de la última reforma educativa, la conocida como ley Celáa, implica la práctica desaparición de estos centros especializados, imprescindibles para que los alumnos con necesidades especiales adquieran los conocimientos necesarios para desenvolverse con garantías a lo largo de su vida.

Las protestas de las familias que llevan sus hijos a estos centros han sido despreciadas por el Gobierno social-comunista, cuyo afán normalizador ha puesto en marcha una nueva ley educativa absurdamente igualitaria sin atender a las características individuales de los alumnos a los que va dirigida. Este menosprecio izquierdista se extiende a los excelentes profesionales de la educación adaptada, cuyo esfuerzo diario, investigación permanente y amplia experiencia pedagógica permiten a los niños con diversas minusvalías alcanzar el éxito académico a través de unos procesos educativos individuales en el seno de esos centros especializados.

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia y la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial han lamentado que el Alto Tribunal haya desestimado el recurso de Vox contra la ley Celáa y, con él, las voces de familias que encuentran en la Educación Especial la educación más inclusiva para sus hijos, al obtener de estos centros mayores garantías para el bien superior del menor.

Conde-Pumpido ha pasado la apisonadora togada por las aspiraciones de las familias de estos niños, embarrándola a mayor gloria de Sánchez con el lodo del sectarismo genuflexo que ha caracterizado a su carrera profesional. A los miles de familias afectadas les queda, no obstante, la esperanza de que comunidades como la de Madrid mantengan la educación especial en uso de sus competencias educativas y, sobre todo, que la desaparición del Gobierno social-comunista tras las elecciones de este año permita revertir una legislación dañina para sus hijos y para el interés general.

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