El envilecimiento y el servilismo del PSOE hacia las formaciones separatistas, incluidos los proetarras de Bildu, parece no tener límite. Buen y reciente ejemplo de ello lo constituye el respaldo de los consejeros socialistas del gobierno de coalición presidido por Urkullu al liberticida anteproyecto de ley de Educación en Euskadi por el que desaparecen los modelos lingüísticos que hasta ahora permitían formalmente a los padres elegir la enseñanza en castellano o en euskera. Hasta ahora, al menos formalmente, los padres tenían la opción de matricular a sus hijos en centros del modelo A (enseñanza en castellano con al menos una asignatura en euskera), el modelo B (asignaturas en ambas lenguas oficiales) o el modelo D (solo en euskera). La nueva norma avalada por unanimidad en el seno del Ejecutivo de Urkullu supone, sin embargo, el final de facto de la posibilidad de estudiar en castellano tanto en colegios públicos como en los centros concertados en Euskadi porque, además de no recoger esta opción en el centenar de artículos de la nueva norma, se establece que cada colegio público y concertado tendrá que lograr que todos sus alumnos adquieran un nivel de B2 de euskera al final de sus estudios.
Es cierto que los socialistas, minutos después de que sus tres consejeros —incluida la vicelehendakari Idoia Mendia, que forma parte del núcleo duro de la dirección de Pedro Sánchez— avalasen la postergación de la enseñanza en castellano en los colegios públicos y en los concertados, han asegurado que "no comparten que puedan relegarse los modelos lingüísticos actuales, amparados legalmente por un consenso político muy amplio, sin precisar cómo se va a materializar el modelo plurilingüe que pactamos en el Acuerdo de Bases". Todo parece indicar, sin embargo, que esta protesta y aparente distanciamiento de los socialistas no es más que una hipócrita forma de "nadar y guardar la ropa" ante una violación de la libertad y de los derechos constitucionales de los vascos muy similar a la que, desde hace décadas, se perpetra en Cataluña... con el respaldo de los socialistas.
En cualquier caso, y con independencia de cuál sea finalmente la postura de los socialistas en el trámite parlamentario de este, a todas luces, inconstitucional anteproyecto de ley, lo que es evidente es que se trata de una clara postergación del castellano en las escuelas del País Vasco que no puede ocultarse con la invocación de la "autonomía de los centros" a la hora de imponer la "lengua vehicular" en la enseñanza. Y eso, por varios motivos: la autonomía de los centros a la hora de fijar en qué lengua oficial se enseña a los estudiantes sólo sería aceptable si los padres tuvieran, a su vez, completa libertad de elección de centro sin perder por ello su derecho a la gratuidad, cosa que no ocurre. Pero es que, además, la exigencia de que todos los alumnos logren al final de sus estudios un nivel B2 en euskera —lengua materna mucho más minoritaria en el País Vasco de lo que lo es el catalán en Cataluña— llevaría en de facto a esa supuesta "autonomía" de cada centro escolar a reforzar la enseñanza del euskera y en euskera en detrimento del castellano, lengua mayoritaria de los vascos como del resto de los españoles. No es de extrañar, en este sentido, el entusiasta respaldo al anteproyecto de ley no ya de los separatistas del PNV sino, especialmente, de los proetarras de Bildu.
Tiempo tienen de rectificar los socialistas, aun cuando esperar de ellos una sabia rectificación pueda ser un ejemplo de candidez tan colosal como esperar que el Gobierno de Sánchez cumpla y haga cumplir el Estado de Derecho en Cataluña, en el País Vasco, y en otros ámbitos, en toda España.