Una de las primeras obligaciones de cualquier Gobierno es defender a sus empresas y trabajadores de las campañas chantajistas promovidas en el extranjero, sobre todo cuando amenazan con destruir un sector productivo que crea riqueza y da trabajo a decenas de miles de familias como ocurre con el cultivo de la fresa en la provincia de Huelva. El ejecutivo socialpodemita, en cambio, se suma alegremente a los boicots contra productos españoles organizados en otros países por motivos espurios, con el único objetivo de castigar a los que no se pliegan a sus mandatos abusivos como ocurre particularmente con nuestra agricultura intensiva, uno de los sectores más prestigiosos y productivos a escala internacional.
La guerra que mantiene Sánchez contra los productores de la fresa en la provincia de Huelva es una canallada injustificable que la izquierda ha puesto en marcha con pretextos ultraecologistas. Solo así se entiende su oposición radical a la regularización de cultivos diseñada por la Junta de Andalucía, que en nada afecta a la supervivencia del Parque Natural de Doñana puesto que el ámbito de aplicación de la norma excluye expresamente tanto ese espacio natural como su área de influencia socioeconómica. Pero el Gobierno sanchista y la izquierda andaluza vieron en esta norma una excusa perfecta para desatar una campaña contra la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, aunque la operación propagandística orquestada de manera tan sucia esté castigando muy duramente a los agricultores onubenses y poniendo en riesgo el futuro de toda la comarca.
Sánchez y su incalificable ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, fueron los primeros en alentar este boicot de una organización alemana, vinculada estrechamente al Partido Socialista germano, acusando falsamente a los agricultores de poner en riesgo la supervivencia del Parque de Doñana. Los impulsores de la campaña han utilizado todos los argumentos del Gobierno socialpodemita contra el plan de ordenación diseñado por la Junta de Andalucía, buena prueba de la conexión política que está en el origen de toda la operación. El ataque contra los agricultores españoles ha sido tan grosero y tan evidente la traición por parte de Sánchez y sus ministros, que los propios impulsores del chantaje en Alemania han dado marcha atrás, anulando una visita ridícula de diputados germanos para no interferir en las elecciones generales que tendrán lugar en menos de dos meses.
Como acertadamente señalan las organizaciones agrarias del campo andaluz, es "inaudito que desde el propio Gobierno de la Nación se esté continuamente lanzando mensajes en contra de un sector económico de vital importancia como es el sector agrario español". Los agricultores recuerdan también que estamos ante un Gobierno que "no duda en desprestigiar el trabajo de los agricultores y ganaderos españoles, siempre que tiene oportunidad".
Por fortuna, el ataque del Gobierno contra los agricultores de la fresa en Huelva ha fracasado, pero solo de momento. El odio del sanchismo y sus aliados hacia el sector primario y la vida rural permanece intacto, como lo demuestra el hecho de que la banda de Sánchez no haya fingido siquiera unas palabras de desagravio hacia los miles de agricultores onubenses, cuyo futuro han puesto en riesgo por el fanatismo ideológico y la falta de escrúpulos que caracterizan a la izquierda radical urbanita.