La amnistía que negocian entre el PSOE y Junts per Catalunya (JxCat) para la investidura de Pedro Sánchez contempla el "perdón" a los agentes de la Policía Nacional encausados en un juzgado de Barcelona por las cargas efectuadas el 1 de octubre de 2017, fecha en la que se celebró el referéndum ilegal del golpe de Estado separatista. Se trata de una petición socialista a la que Puigdemont ha dado el visto bueno a pesar de la oposición de las fuerzas vivas del independentismo.
No. No se trata de una broma. Hay 45 policías procesados por su actuación y las acusaciones imputan a algunos de ellos el delito de torturas. Tampoco es una broma que el PSOE pretenda incluirlos con la aquiescencia del jefe del golpe en la ley de amnistía que se cuece en la Moncloa y en Waterloo. Como es lógico, los sindicatos policiales no aceptan que se incluya a ningún agente en esa operación indigna, injusta, inconstitucional y absolutamente contraria a derecho, una barbaridad sin paliativos que se sustanciará en la reparación de los delincuentes y la criminalización de los ciudadanos y los policías y guardias civiles que frenaron el golpe.
La actuación policial durante los duros días de septiembre y octubre de 2017 fue un prodigio de mesura y eficacia, de estricto cumplimiento del deber en medio de unas condiciones ambientales sumamente complicadas, con el boicot feroz de los Mossos d'Esquadra comandados por el infame Trapero y con la trémula incompetencia del Gobierno de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. Los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplazados a Cataluña para restaurar la legalidad democrática sufrieron toda clase de penalidades, fueron alojados en condiciones miserables, no obtuvieron el reconocimiento adecuado a su brillante desempeño y su jefe, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos fue posteriormente purgado por negarse a revelar al Gobierno de Pedro Sánchez las interioridades de la investigación judicial sobre la manifestación feminista jaleada por el Ejecutivo cuando el coronavirus ya había irrumpido en España.
En lugar de agradecimiento, la actuación de aquellos policías y guardias civiles fue, en el mejor de los casos, ignorada tanto por el PP como por el PSOE mientras los separatistas recurrían a toda clase de artimañas y denuncias falsas. Recuérdese aquella macabra cifra de los mil heridos o aquellos imaginativos testimonios de independentista que además de reprimidas dijeron haber sido magreadas por agentes sedientos de sangre y sexo.
Seis años después y solo por mantenerse en el cargo, Sánchez está dispuesto a todo. Y ese todo incluye una amnistía que pretende blanquearse con la indecente excusa de que los 45 agentes encausados también se verán beneficiados en la operación Moncloa. Y frente a esos policías y todos los que participaron en la preservación de la democracia, la igualdad y la unidad de España, cientos de políticos que conspiraron contra España, que robaron y malversaron dinero público para sus fines delictivos, cientos de individuos que atacaron e hirieron de gravedad a policías en las protestas tras la sentencia del Supremo convencidos de su impunidad, que asaltaron el Aeropuerto de Barcelona, que cortaron la frontera, que sabotearon el tren de alta velocidad y que sembraron el caos en Cataluña en medio de un clima de impunidad asfixiante.
Todos esos esperan la amnistía para volver a hacerlo. La Policía Nacional y la Guardia Civil lo único que esperan es que se haga justicia y que no se les utilice para blanquear una amnistía que en la "lógica" separatista debería servir para sentar en el banquillo al Rey que se plantó ante el golpe con el histórico discurso del 3 de octubre de 2017, a las autoridades políticas y judiciales que dieron las órdenes de intervenir y a los propios agentes.
La amnistía no es perdón y olvido, como pretenden los "juristas" y políticos que propagan la buena nueva, sino la reescritura de la historia, aceptar que los delincuentes no cometieron ningún delito y que quienes se opusieron a ellos son los auténticos culpables.