Es altamente improbable que se produzca una oportunidad histórica tan manifiesta y brillante para la convivencia entre españoles como la suscitada por el golpe de Estado de 2017. Pero el Gobierno de Rajoy con el inestimable concurso del PSOE de Sánchez y de Ciudadanos dejó pasar dicha oportunidad y arbitró la aplicación de un artículo 155 de la Constitución blando y cortito. Los socialistas trataron con éxito de limitar el impacto de la intervención dejando la escuela y TV3 al margen y Ciudadanos presionó para que el 155 fuera sólo la palanca para convocar elecciones inmediatas con los resultados conocidos: triunfo estéril y principio del fin de Ciudadanos. De modo que los partidos "constitucionalistas" hicieron todo lo posible para desperdiciar una ocasión única. Y lo hicieron a sabiendas, guiñando el ojo a las formaciones nacionalistas, como si entre unos y otros existiera un entendimiento tácito anterior y resistente a los delitos perpetrados por el catalanismo.
Ahora también habría una oportunidad. Las circunstancias podrían ser de lo más propicio para apartar a los partidos separatistas del poder y propiciar una alternancia que en Cataluña es un fenómeno inédito pues pasó del régimen franquista al régimen nacionalista sin Transición y con el mismo apoyo popular. Los partidos nacionalistas han obtenido los peores resultados de la historia de la democracia y vienen de darse notables castañazos en las municipales. Entre los independentistas crece el abstencionismo y la decepción. Sin embargo, nunca como ahora han tenido la sartén por el mango porque de sus catorce escaños (siete de ERC y otros tantos de JxCat) depende que Sánchez siga o no en la Moncloa.
Hay cientos de razones para alertar sobre las nefastas consecuencias que tendría para la democracia en España un pacto entre Pedro Sánchez y los golpistas encabezados por el prófugo Puigdemont. La misma negociación entre un prófugo y quien debiera ser el primer interesado en su detención y puesta a disposición judicial es de una obscenidad y una gravedad de tal calibre que en el Tribunal Supremo se debate, tras una denuncia de Sociedad Civil Catalana (SCC), si hay carga penal en la visita de Yolanda Díaz al líder de Junts.
En el PSOE responden a las críticas a los contactos recordando el pacto del Majestic entre Aznar y Pujol, entre cuyos hitos está la entrega del orden público a una policía autonómica altamente politizada e infiltrada por el separatismo, esos Mossos que incurrieron en toda clase de obstaculizaciones e inhibiciones durante los momentos críticos de octubre de 2017. Pero si aquellos pactos fueron graves, con el sacrificio de Vidal-Quadras como guinda del tenebroso pastel, lo que se proponen Puigdemont y Sánchez lo es aún más, puesto que implica la entrega definitiva de una parte sustancial del territorio nacional a una Generalidad de golpistas supremacistas que se consideran más ligados genéticamente a los franceses (Junqueras dixit) y que definen a los españoles como "bestias con forma humana" (Torra). Nada fuera de lo normal viniendo de los herederos de Pujol, el que dijo que a los andaluces les faltaba un hervor. Son los mismos nacionalistas que luego presumen de que Cataluña es una "tierra de acogida", de la integración y de los brazos abiertos siempre que los inmigrantes acepten que no han recalado en un país de la Unión Europea llamado España sino a una región con ínfulas de imperio romano llamada Cataluña.
La amnistía que planean socialistas, lo que queda a su izquierda y los nacionalistas catalanes es una aberración cuya primera consecuencia sería declarar que España es una dictadura a la altura de Irán, Marruecos, Rusia, Turquía y Arabia Saudí, por citar tan solo algunos de los países donde los derechos humanos son lo que Putin lleva ahí colgando. Y si Sánchez es capaz de "reconocer" que España no ha sido una democracia en relación a los separatistas, más fácil resultará aún que reconozca el supuesto derecho de autodeterminación de Cataluña, cuya única relación con una colonia es que los separatistas llaman "colonos" a modo de insulto a los que no son separatistas.
El lamentable desempeño de Sánchez en Europa mendigando que las lenguas cooficiales en España sean oficiales en la UE y ofreciéndose a pagar la fiesta es interpretado en el separatismo como un acto fundacional de la república catalana, el reconocimiento de Cataluña como una nación sin Estado en el ámbito europeo. Y al mismo tiempo, España deja de ser una nación en el Congreso de los Diputados, sometido a los caprichos (lingüísticos incluidos) de los nacionalistas. Todo contacto del PSOE o del PP con los nacionalistas aboca a España al caos y a la tragedia, a la desigualdad, a las imposiciones lingüísticas, al racismo de barretina y chapela. Siempre ha sido así, pero no escarmientan.