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Mario Garcés

El Tribunal Reconstitucional y la España que no fue

Una vez más, el Tribunal Constitucional fallará en un pronunciamiento que nada tiene que ver con su función interpretativa sino con una función constituyente.

Una vez más, el Tribunal Constitucional fallará en un pronunciamiento que nada tiene que ver con su función interpretativa sino con una función constituyente.
Europa Press

A recaudo entre hospitales y campus universitarios, se encuentra la sede del Tribunal Constitucional, un edificio icónico con fachada curva, compuesto por más de trescientas teclas doradas y broncíneas. Hay quien podría pensar que fijar la sede del garante constitucional entre bibliotecas complutenses y dispensarios médicos es una invocación al orden lógico de las cosas, una síntesis entre la profilaxis constitucional y el conocimiento jurídico. Realmente, no dejó de ser una casualidad, puesto que el edificio fue proyectado en 1973 por los arquitectos Bonet y González Valdés, cuando la Constitución ni siquiera existía. De hecho, aquel año del Señor, Carrero Blanco era asesinado en la madrileña calle de Claudio Coello, y nadie asumía, en plena autarquía, que hubiese una apertura hacia un nuevo tiempo de monarquía parlamentaria. De hecho, el edificio iba a albergar los colegios profesionales de veterinarios, dentistas y médicos, bajo el auspicio de la Previsión Nacional Sanitaria, la mutua del régimen para los profesionales sanitarios.

El 12 de julio de 1980, el rey Juan Carlos I, ataviado de Capitán General de la Armada, acompañó al Presidente Suárez a la inauguración del segundo Tribunal Constitucional de la historia de nuestro país. Porque muy pocos recuerdan que el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República llegó durante la Guerra Civil a trasladarse a Valencia y a Barcelona. Es más, el Pleno del Tribunal acuerda mudarse el 23 de enero de 1939 a Gerona, siguiendo al Gobierno, la que sería en un futuro incierto posfranquista, la cuna de Puigdemont, el inconstitucional. El desarrollo de la Guerra impidió que se celebrase ya ninguna sesión plenaria y el órgano se dio por extinguido.

Ni como un ejercicio de nostalgia, ni como un ejercicio de reconvención interpretativa, sino con mera perspectiva de ciencia ficción política, se podría reescribir la historia de España de haber recaído sentencias diferentes en determinados momentos de estos últimos cuarenta años. Y es que, por mucho que los juristas nos afanemos apresuradamente en blindar la esencia y la doctrina hermenéutica del Tribunal Constitucional, a estas alturas, es difícil que alguien cuestione la incidencia que ha tenido el órgano en la dirección política de España (García Pelayo). En muchas ocasiones, los conflictos o los recursos interpuestos no son más que la formulación en términos de litigio jurídico de verdaderas pugnas políticas, lo que conlleva que sus decisiones tengan efectos políticos. La edad ingenua de la Facultad de Derecho de defender ciegamente la virtualidad exclusivamente jurídica del órgano se envilece con el paso del tiempo y con la experiencia.

Algunos autores como Ignacio de Otto llegaron a dar un paso más para afirmar que la función de intérprete supremo de la Constitución es forzosamente una función constituyente, porque tendrá que decidir allí donde no ha decidido el poder constituyente, allí donde el texto constitucional no ofrece datos para una operación lógica. Dicho de otro modo por García de Enterría, el tema del Tribunal Constitucional es aquél en el que la Constitución se juega sus posibilidades y su futuro.

Pues bien, en estos tiempos críticos que nos toca vivir, y con las vistas puestas una vez más en el Tribunal Constitucional, sin ningún rubor se habla de magistrados progresistas y conservadores, como si la justicia ciega fuera diestra o zurda, como si el órgano fuera una regalía de magistrados al servicio de un destino político predeterminado por sus proponentes en el cargo. Se ha naturalizado hasta tal punto la tropelía dialéctica que a ningún partido tradicional le causa ya vergüenza o indignidad. Una perversión más que nos degrada moralmente pero que nos hace reflejarnos como lo que somos, cooptadores de poder institucional para un servicio político de parte.

Y es especialmente importante recordarlo en estos días convulsos porque, en materia de organización territorial, el Tribunal Constitucional ha desarrollado una jurisprudencia innovativa, con una función creativa del Derecho que ya no se puede ocultar al alumno imberbe de Derecho. Todo empezó en 1982, cuando se publicó el proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), siendo Ministro de Administración Territorial Rodolfo Martín Villa. El objetivo de la norma no era otro que "el ajuste de las estructuras del Estado" a la nueva realidad institucional en un escenario en el que las Comunidades Autónomas iban asumiendo competencias legislativas pero también, y sobre todo, una parte muy importante de las competencias ejecutivas que hasta entonces venían desempeñado entes institucionales y órganos periféricos de la Administración General del Estado.

Lo que bien podría haber pasado por ser un intento de racionalización administrativa basado en la eficacia y en la eficiencia, fue percibido rápidamente por el nacionalismo incipiente como una operación dirigida a "rectificar" el modelo autonómico sin "reformar" la Constitución. Fue así como se acumularon los recursos promovidos por el Gobierno vasco, por el Parlamento vasco, por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad, por el Parlamento de Cataluña y por 50 diputados del Congreso, entre ellos algunos ex-ucedistas (Fraile y Gila). La sentencia fue histórica: por unanimidad, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la parte más importante del proyecto, lo que supuso para los nacionalistas, en boca de Anasagasti, "una gran victoria política", pero el centralismo derrotado, se dijo a sí mismo: "hemos perdido esta batalla, pero la LOAPA y su espíritu siguen vivos y los aplicaremos". Pues bien, muchos se preguntan y nos preguntamos qué hubiera ocurrido en España si el sentido de la sentencia hubiera sido diferente, porque este fue, con diferencia, el pronunciamiento que más influyó en el devenir del Estado autonómico.

Por otros motivos, otra sentencia del Tribunal Constitucional, la 31/2010, de 28 de junio, dictada sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por noventa y nueve diputados del Partido Popular contra el Estatuto de autonomía de Cataluña, removió las tranquilas aguas de la doctrina constitucionalista española, y sobre todo, de la sanguínea corriente del nacionalismo catalán y del socialismo regional, que, para entonces, con Montilla a la cabeza, ya reparó en las ventajas del victimismo y del seudonacionalismo como espacio político. Sorprendentemente, los mismos que consideraron con alborozo que la sentencia de la LOAPA había sido un éxito sin precedentes, treinta años después, con la nueva sentencia, se rasgaban las vestiduras y deslegitimaban al Tribunal Constitucional. Esta sentencia, por su alcance, por la deriva del momento político, y por las circunstancias internas del propio Partido Popular, fue decisiva, y, nuevamente, como mero ejercicio de ficción política, podría pensarse qué hubiera ocurrido de haber recaído un sentencia diferente.

Pues bien, quince años después, veremos nuevamente al Tribunal Constitucional en acción. Y serán muchos los que apelarán a su condición de intérprete neutral en el más vacuo academicismo de un tratado básico de Derecho. Porque, una vez más, el Tribunal Constitucional fallará, en el sentido más estricto del término, sobre el futuro de España, en un pronunciamiento, ya sea por la ley de amnistía y/o por la celebración de un eventual referéndum, que nada tiene que ver con una función interpretativa sino con una función constituyente. Una función, por tanto, que no les concierne, ya que excede su ámbito de interpretación de norma básica. Piensen, entonces, que el Tribunal, el de los trapecios en el barrio de Moncloa, solo puede ser Constitucional y nunca Reconstitucional. Veremos.

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