Vaya por delante que la batalla más decisiva que habrá de librarse en Europa contra la erosión del Estado de derecho que conlleva la inconstitucional amnistía pactada por los socialistas con las formaciones separatistas a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez no tendrá lugar en Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, ni en Bruselas, sede de la Comisión Europea, sino en Luxemburgo, sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las resoluciones, dictámenes o pronunciamientos que puedan producirse en la Eurocámara o que pueda emitir la Comisión Europea no tienen el carácter vinculante que sí tienen las sentencias del TJUE. Sin embargo, eso no es incompatible, todo lo contrario, con que la denuncia política de este golpe contra los fundamentos de toda democracia liberal pueda hacerse antes del recurso judicial ante los propios grupos políticos europeos —algo que podría haberse hecho hace más de dos meses—, o ante la Comisión Europea y en la Eurocámara por mucho que, en estos momentos, la amnistía todavía no sea más que una proposición de Ley.
En este sentido, todos los ciudadanos constitucionalistas nos podemos congratular de que el Parlamento Europeo haya celebrado este miércoles un intenso debate sobre la "amenaza al Estado de derecho por los pactos de Gobierno en España", a petición de PP, Vox y Cs, que han intervenido durante la sesión junto al comisario de Justicia, Didier Reynders, que ha advertido de que la Comisión Europea "seguirá muy de cerca la cuestión" de la amnistía, después de reconocer que "están recibiendo muchas quejas" por el Proyecto de ley, tanto de ciudadanos españoles como de otros sectores, en referencia a la Justicia.
Aun cuando no faltarán voces que llamen al desaliento sobre la base de que el comisario de Justicia también ha manifestado que la cuestión de Cataluña es una "cuestión interna de España" —algo que celebran y destacan el gobierno de Sánchez y sus medios de comunicación— el acervo comunitario y, en concreto, el artículo 2 de la UE sobre la separación de poderes y Estado de Derecho, además de la lucha contra el terrorismo, la corrupción y el respeto de los intereses financieros de la Unión son cuestiones que afectan a todos los europeos.
Como "asunto interno" de Rumanía surgieron en su día los proyectos de reforma en favor de la amnistía de su gobierno y eso no fue óbice para que el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, se pronunciara en enero de 2019 diciendo que: "De otorgarse la amnistía, como prevén algunos en este país, sería un paso atrás en el Estado de Derecho". Otro tanto se podría decir del procedimiento de crear comisiones parlamentarias de naturaleza política para hacer una fiscalización o supervisión de la actividad de los tribunales del Poder Judicial, "algo que no habíamos visto ni en Polonia ni Hungría, que han sido muy criticadas y hasta sancionada por la UE", tal y como ha señalado ante los micrófonos de esradio el eurodiputado portugués Paulo Rangel.
Es más, iniciada ya esta primera batalla política en el ámbito europeo, la oposición constitucionalista al régimen de Sánchez deberá denunciar en Bruselas y en Estrasburgo cómo el secretario de organización del PSOE y negociador de la investidura de Sánchez con el prófugo Puigdemont, Santos Cerdán, ocultó al Parlamento español el informe sobre la malversación de 417 millones de euros en "acción exterior" del golpe del 1-O. O cómo la Fiscalía General del Estado, al dictado de Sánchez, trata de frenar la investigación a Puigdemont por su relación con los actos de terrorismo en el marco de la causa de Tsunami Democràtic. O cómo el Ministerio Público se niega a secundar al Juez García-Castellón cuando reclama a Suiza que localice a la golpista prófuga Marta Rovira e informe de sus movimientos bancarios. Europa debe saber cómo, a pesar de todo lo anterior, el ministro de Justicia, Felix Bolaños, ha decidido que su primera medida al frente de la cartera sea prologar a Álvaro García Ortiz como Fiscal General hasta 2027. Y eso, a pesar también de que esta decisión se produce horas después de la sentencia del Supremo que anula el ascenso que otorgó a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, como fiscal de Sala, sentencia que debería haber llevado a García Ortiz a presentar su dimisión, más aun después de haber mantenido el más clamoroso y servil de los silencios ante una amnistía que anula el imperio de la ley y que ha sido criticada por topas las Asociaciones de Jueces y Fiscales del país.
Y es que, a la postre, la lucha para impedir que la democracia española se transforme en el seno de la UE en un régimen bolivariano no ha hecho más que empezar.