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EDITORIAL

La Corona, en el parlamento; el gobierno, con los verificadores en Suiza

La insistencia del Rey en la defensa de la Constitución y de la unidad de España está plenamente justificada si tenemos presentes los pactos del gobierno.

El Rey ha inaugurado solemnemente la XV legislatura en el Congreso haciendo una reiterada y cerrada defensa de la Constitución como el "marco democrático" que permite "convivir y prosperar en libertad" y abre el camino para una "España cohesionada y unida". "La Constitución", ha remachado el Monarca, es "el alma de nuestra democracia", por lo que ha reclamado "honrar su espíritu, respetarla y cumplirla". Felipe VI ha insistido en que España alcanzó en 1978 "su mejor expresión en el entendimiento mutuo sin imposiciones ni exclusiones y en la voluntad de integración que enriquece, con la diversidad y el pluralismo, nuestro proyecto común, nuestro vínculo emocional y solidario como nación".

Puede llamar la atención que el Rey haya insistido tanto en la defensa de nuestra Ley de leyes 45 años después de su aprobación; o que también haya sentido la necesidad de recordar a diputados y senadores que "nuestra obligación es legar a los españoles más jóvenes una España sólida, unida, sin divisiones ni enfrentamientos". Sin embargo, esta insistencia está plenamente justificada si tenemos presente que la legislatura que arranca se debe únicamente al apoyo de todas las formaciones separatistas de nuestro país —todas ellas abiertamente contrarias a la Constitución– a la investidura de Pedro Sánchez. En este sentido no nos debe extrañar ni que los representantes del PNV no hayan aplaudido al monarca ni que los representantes de ERC, Junts, Bildu y BNG, simplemente, no hayan asistido a la sesión.

El impecable discurso del Rey, dentro de los estrechos márgenes de "arbitraje y moderación" que le concede nuestra Constitución, contrasta con el sectario, vergonzoso y nada institucional discurso de Francina Armengol, quien se ha pronunciado más como una propagandista del PSOE que como la presidenta del Congreso. Y con ello no nos referimos únicamente al hecho de que Armengol haya presentado como "hitos del parlamentarismo español" casi exclusivamente las leyes aprobadas por el PSOE; o que haya afirmado que "España crece económicamente y tiene más personas que nunca trabajando"; o que haya parafraseado el eslogan electoral del PSOE al decir que el nuestro es "un país con una sociedad que avanza". Nos referimos también a su elogio a la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno y de su "legitimidad" porque "emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio". Si Armengol no concede más acepción a la palabra legitimidad que aquella que la hace sinónima a la de "legalidad", no vamos a negar la legalidad/legitimidad de mentir a los españoles a la hora de convocarlos a las urnas diciéndoles que no se va a hacer algo que se hace tras haber depositado los ciudadanos sus votos en la urnas, tal y como tan clamorosamente ha hecho el PSOE con la amnistía de los golpistas. Ahora bien, si por legitimidad entendemos licitud moral, esta forma de Sánchez de ganarse los apoyos a su investidura es completamente ilegitima no sólo porque radica en hacer algo que dijo categóricamente que no iba a hacer antes de las elecciones, sino también porque lo que va a hacer constituye, más que una promesa incumplida, una completa ilegalidad desde el punto de vista constitucional.

Aun así, no menos sonrojo causan las palabras de Armengol criticando la "opacidad" o reivindicando el parlamento como "faro del debate político" cuando el gobierno está ocultando, no ya al parlamento sino también a los medios de comunicación, toda la información respecto de las negociaciones que se están celebrando en Suiza con desconocidos "verificadores internacionales" respecto a los acuerdos de investidura de Sánchez con el golpista prófugo Carles Puigdemont, algo que no tiene parangón en ninguna otra democracia del mundo. Pero en esas estamos y en esas seguimos, en un proceso de transición de la democracia liberal a un régimen autoritario propio de una república bananera, transición ilegitima aunque la envuelvan arteramente con los ropajes de la legalidad.

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