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Mariano Yzquierdo Tolsada

La amnistía en la Constitución: falacias y contraargumentos (IV)

Continúa la serie del profesor Mariano Yzquierdo sobre las falacias, los argumentos y los contraargumentos acerca de la Ley de Amnistía.

Continúa la serie del profesor Mariano Yzquierdo sobre las falacias, los argumentos y los contraargumentos acerca de la Ley de Amnistía.
María Jesús Montero y Félix Bolaños. | EFE

Continúa la serie del profesor Mariano Yzquierdo acerca de los argumentos y contraargumentos sobre la Ley de Amnistía. El índice es éste:

  1. Primera falacia: "Si la Constitución no prohíbe la amnistía, todo lo que no está prohibido está permitido".
  2. Segunda falacia: "La Constitución solamente prohíbe los indultos generales, luego si los indultos individuales se permiten, también la amnistía, que tiene los mismos efectos".
  3. Tercera falacia: "Aunque no esté presente en el texto de la Constitución, la amnistía sí lo está en otros lugares del ordenamiento jurídico".
  4. Cuarta falacia: "Existen variados antecedentes de amnistía en España, inmediatamente antes de la Constitución y aun después".
  5. Quinta falacia: "Amnistía es concordia y reencuentro".

Cuarta falacia: "Existen variados antecedentes de amnistía en España, inmediatamente antes de la Constitución y aun después"

También se ha manejado el argumento de que hay antecedentes, bastantes antecedentes y muchísimos antecedentes. Qué duda cabe. Alguno hay. Pero veamos, solo a título de ejemplo, si quien maneja este argumento sabe de verdad de qué habla… Escogeré solamente tres.

En el decreto de la República Española de 14 de abril de 1931, el Presidente Alcalá-Zamora nombraba Ministros a Lerroux, a Azaña, a Largo Caballero y a otros, partiendo del ampuloso reconocimiento: "El Gobierno provisional de la República ha tomado el Poder sin tramitación y sin resistencia ni oposición protocolaria alguna; es el pueblo quien le ha elevado a la posición en que se halla, y es él quien en toda España le rinde acatamiento e inviste de autoridad. En su virtud, el Presidente del Gobierno provisional de la República, asume desde este momento la jefatura del Estado con el asentimiento expreso de las fuerzas políticas triunfantes y de la voluntad popular". En ese contexto, y esa misma Gaceta de Madrid de 15 de abril, el Gobierno, "teniendo en cuenta que los delitos políticos, sociales y de imprenta, responden generalmente a un sentimiento de elevada idealidad; que los hechos más recientes de ese orden han sido impulsados por el amor a la Libertad y a la Patria, y, además legitimados por el voto del pueblo", vino a decretar como primera medida de su actuación, siempre "en su deseo de contribuir al restablecimiento y afirmación de la paz pública (…) la más amplia amnistía de todos los delitos políticos, sociales y de imprenta, sea cual fuere el estado en que se encuentre el proceso, incluso los ya fallados definitivamente, y la jurisdicción a que estuvieren sometidos".

Adivino el esbozo de una leve sonrisa de mi querido lector si ha conseguido acabar el párrafo anterior y ha tratado de imaginar algún parecido con la realidad española de finales de 2023. Obsérvese: todo ocurría en un marco de cambio de régimen. Terminaban los conflictos ocurridos durante la dictadura de Primo de Rivera y en general, bajo la Monarquía de Alfonso XIII, y se trataba de librar de la represión penal a quienes hubiesen cometido delitos políticos, sociales y de imprenta. No los de malversación, por cierto. Y además quedaba excluido expresamente de la amnistía cualquier delito cometido por funcionario público. Tranquilidad, en fin, para quienes se habían opuesto al régimen monárquico, porque venía una anhelada República que perdonaba a quienes habían delinquido "por amor a la Patria". De paso, y para los que hubiesen sido condenados, se establecía un indulto general "que reduzca la severidad de las condenas y haga partícipe a la población penal de la satisfacción del País".

Más conocido fue el "Decreto-ley 10/1969, de 31 de marzo, por el que se declara la prescripción de todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939". Aunque en su texto no se utilizaba el término amnistía ni el de indulto, ha sido considerada por los historiadores como una ley de autoindulto (o autoamnistía, según a quién leamos). Se declaraban hechos no delictivos todas las actuaciones cometidas contra la República entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936, hubiese habido o no procedimiento criminal, y que consistiesen en cualquier tipo de acción contra el orden público republicano, incluyendo homicidios, lesiones, daños, amenazas o coacciones, con tal de que sus autores tuviesen una ideología "coincidente con el Movimiento Nacional". Treinta años después de acabada la guerra civil, se trataba de que quedara inoperante "cualquier consecuencia penal de lo que en su día fue una lucha entre hermanos, unidos hoy en la afirmación de una España común más representativa y, como nunca, más dispuesta a trabajar por los caminos de su grandeza futura". Y por eso se declaraban prescritos unos delitos que ya se encontraban prescritos, pues habían transcurrido muchos años. Pura propaganda, pero muy vistosa.

Daba lo mismo que se tratara de robos, de coacciones, de lesiones o de asesinatos. Si sus autores se confesaban partidarios del nuevo Movimiento Nacional, quedaban impunes. Eran hechos —se decía en el Preámbulo— que se habían llevado a cabo "lejos de todo propósito delictivo", solo debidos al patriotismo fervoroso y a la defensa de los ideales que habían provocado el alzamiento nacional contra el Frente Popular… La verdad es que si los partidarios de la amnistía que va pronto a discutirse en las Cortes quieren ilustrarnos con estos antecedentes, será porque son bastante franquistas y todavía no lo saben.

Y por fin, la amnistía de los inicios de nuestra democracia: la Ley de 15 de octubre de 1977, de la que se ha dicho y escrito tanto en los últimos meses que casi ello excusa de mayor detenimiento. Fue la primera ley aprobada por las Cortes democráticas. No hace falta más. Reto a quien diga lo contrario a que trate de convencerme de que el marco de la amnistía pretendida en 2023 a propósito de las necesidades aritméticas del PSOE para formar gobierno (Oscar Puente dixit) tiene algo que ver con aquella amnistía de Adolfo Suárez y Rafael Arias Salgado, que recibió el apoyo de casi todos los grupos parlamentarios. Obtuvo 296 votos a favor, dos en contra, un voto nulo y 18 abstenciones. Habrá tenido mayor o menor éxito, pero se aprobó con el decidido propósito de "superar la larga confrontación sufrida por los españoles desde 1936" (Javier Pradera).

En esta cuarta entrega no había aparecido todavía Enrique Santiago. En el fallido debate de investidura de Núñez Feijóo, se refería don Enrique, visiblemente irritado, a las "amnistías fiscales" de José María Aznar. Y conviene recordarle a alguien que estudió la carrera de Derecho que eso no son propiamente amnistías sino regularizaciones tributarias: se aprueba una ley que da la oportunidad al contribuyente que no declaró lo que tenía que declarar para que lo haga. Aflora el dinero negro y puede el defraudador regularizar su situación con un coste inferior al que soportaría si se le persiguiera por el Fisco. Hubo dos durante los gobiernos del PSOE y una bajo el gobierno del PP.

Pero, repito, no son amnistías. Se parecen como un huevo y una castaña. Que no nos traicione el lenguaje coloquial, porque en Derecho los conceptos técnicos son otra cosa. Se trata de una medida similar a la que prevé el Código Penal para los delitos fiscales o contra la Seguridad Social, o para los fraudes de subvenciones. El autor queda exento de responsabilidad penal si regulariza su situación tributaria dentro de los márgenes temporales y en las circunstancias que la norma establece.

Derribado el pretendido argumento pro-amnistía y convertido con facilidad en falacia (y ya van cuatro), habrá que seguir pidiendo más.

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