A nadie dejan nunca indiferente las entrevistas que concede Alfonso Guerra. Hace unos meses utilizó en una de ellas la ocurrente y simpática metáfora del salchichón: las concesiones ya hechas por aquel entonces a los independentistas catalanes y las concesiones que aún tendrían que venir se asemejan al salchichón del que se van cortando rodajas. Eso sí, no muchas, sino una a una, semana a semana, o acaso una rodaja cada mes, para conseguir así que quien mira el espectáculo no perciba que al salchichón le falta de repente un pedazo demasiado grande. De paso, se esconde la rodaja penúltima y la anterior a la penúltima porque hoy lo que toca es escandalizarse de la última. Y al mismo tiempo, cuando la semana que viene toque cortar una más, se habrá olvidado ya lo gorda que había sido la de hoy.
En general, la teoría o estrategia del salchichón ha sido constante a lo largo de la pasada legislatura, pero da la impresión de que la legislatura que acaba de comenzar va a deparar unas situaciones y circunstancias que, desde luego y visto lo visto, ya no van a provocar ninguna sorpresa para nadie. El 10 de enero asistimos a un espectáculo bochornoso que solamente sirvió para demostrar que quien manda aquí no es el bufón que duerme en La Moncloa, sino quien, representando solamente al 1,6 % de los españoles, le va dando órdenes a cada paso en un ejercicio diario de chantaje y extorsión.
Es momento de refrescar la memoria, aunque para ello haga falta alguna página más de las habituales. No sea que se nos acaben olvidando las tajadas —algunas, suculentas, y otras mero gesto para la galería— que se han ido extrayendo de un embutido llamado España. Por lo demás, se trata de un manjar sabrosísimo, especialmente si el salchichón es el de Vich.
Partamos del día 1 de octubre de 2019, justo cuando se cumplían dos años de aquel referéndum fake en el que había urnas llenas de votos antes de comenzar la jornada, o en el que hubo quien pudo votar dos, tres y hasta cuatro veces. Faltaban pocos días para que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo. Y Pedro Sánchez dijo en la cadena SER que su Gobierno había "estudiado ya si puede aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite suspender la autonomía catalana, aun encontrándose en funciones", y había "sostenido que se podría hacer sin problema". Estaba, pues, en su cabeza, volver a aplicar ese precepto, como había hecho ya en su momento Mariano Rajoy. Y es que, según Sánchez, en 2017 se habían cometido delitos de sedición y de malversación, e incluso de rebelión. Obsérvese: incluso de rebelión, un delito que ni siquiera había llegado a ser objeto de juicio por el Tribunal Supremo. Aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución suponía que "gana la democracia y gana el Estado de derecho", decía la dirección socialista. Y seguía siendo conveniente suspender la autonomía, ante la "verdadera y grave provocación" de Joaquim Torra, que estaba dispuesto a constituir un nuevo Gobierno.
Cuatro años después de expresar la conveniencia de suspender la autonomía de Cataluña, el amado líder supremo nos ha transmitido repetidamente la suprema idea, no solo de que la aplicación del artículo 155 había sido un error, sino que todo cuanto se había hecho estaba muy mal. Y hasta se permitió el supremo lujo de decir, sin ambages, que él quería devolver a la política el problema catalán, que nunca tuvo que haber sido judicializado. No tenía que haber ocurrido que el Tribunal Supremo tuviera que perder el tiempo con el juicio del procés (por cierto, un juicio desarrollado con todas las garantías y publicidad que cabía, y aún más) y dictar la sentencia de 14 octubre 2019, que condenaba a prisión a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, como autores de un delito de sedición en concurso con un delito de malversación.
Por el camino y durante estos cuatro años, algunas de las rodajas dadas al salchichón de Alfonso Guerra parecen más bien mordiscos. Limitaré mi reflexión a seis de ellas.
Primera rodaja. El 22 de julio de 2021 el Consejo de Ministros acordó conceder el indulto a los nueve condenados, al parecer para "dejar atrás el dolor y el sufrimiento que el conjunto de los ciudadanos hemos sufrido en primera persona", para "tender puentes", para "coser heridas" y para guiarse "por el espíritu constitucional de concordia y abrir una nueva etapa de reencuentro entre Cataluña y España", decía Chiqui Montero moviendo con garbo su ondulada melena.
Segunda rodaja (y muy poco conocida). Es bien sabido que el indulto supone que el Estado perdona la pena, pero no la responsabilidad civil, pues el derecho a ser indemnizado es cosa que solo depende del perjudicado. Si él quiere hacerlo, perdonará la deuda, pero eso depende de él y el Estado nada tiene que decir. Nadie puede perdonar lo que no es suyo. Por eso, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado habían interesado en su momento la remisión de la sentencia al Tribunal de Cuentas, que es quien tiene la competencia para el enjuiciamiento de este tipo de responsabilidad civil. Hasta entonces, el asunto iba dirigido correctamente.
Pero da igual. Eso será así en los delitos de robo, de lesiones, de asesinato…, pero es que en el delito de malversación de caudales públicos el perjudicado es el propio Estado. Y en aquellos momentos el mamporrero que avanzaba las noticias agrias se llamaba José Luis Ábalos (ahora se llamaría Óscar Puente). De él pudimos escuchar que eso de pretender que los condenados por el Tribunal Supremo, ya indultados, pagaran los daños causados es algo que está feísimo. No sé si la cosa era de ignorancia del ministro o era una "sobrada" sin disimulo. El caso es que poco tiempo después, en agosto de 2021 y con el país de vacaciones, el Gobierno retiró a la Abogacía del Estado. El perjuicio lo había sufrido el Estado, y el Estado perjudicado perdonaba la deuda. Con un par.
Tercera rodaja. Esquerra Republicana, Junts per Cat, PdeCat y CUP presentaron en 2021 su Proposición de Ley Orgánica de amnistía y de resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado Español. Ni siquiera fue admitida a trámite porque la Mesa del Congreso, de mayoría socialista, la consideró rematadamente inconstitucional. Durante dos años hemos oído al Presidente y a una docena de Ministros proclamar con claridad, y a veces hasta con vehemencia, que la amnistía no cabe en la Constitución. Pero las elecciones de 23 de julio de 2023 marcaron el momento más pornográfico: amnistía pasaba por arte de birlibirloque a ser reencuentro y convivencia, y también es concordia, y diálogo, y valentía y ejemplaridad. Y ahí estamos desde hace tres meses, desgranando argumentos y contraargumentos, que no se reproducirán aquí para no aburrir (pero sí aquí). La nueva iniciativa, de 2023, ahora llevaba otro título: Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Único firmante, el Grupo Parlamentario Socialista. Y aunque haya alguna diferencia muy menor entre las dos, doña Chiqui Montero agita ahora todavía más sus rizos, y sin ponerse colorada: "nosotros cuando decíamos que la amnistía no cabe en la Constitución, nos referíamos solo a la amnistía planteada en 2021, pero en cambio la nuestra, ésta amnistía sí es perfectamente constitucional". Otro día escribiré para LD una comparativa entre ambas Proposiciones para que se pueda ver si lo de la Vicepresidenta es ingenuo candor o es abierta obscenidad.
Cuarta rodaja. El Superministro Bolaños no para de decir que los jueces y Magistrados no van a ser objeto de investigación en su condición de catalanófobos. Y que eso de que Manuel Marchena, Concepción Espejel, Pablo Llarena o Carlos Lesmes son indecentes y "en cualquier país democrático serían procesados y cesados"... eso son cosas de Puigdemont y de Miriam Nogueras, pero que no las comparte el PSOE. Pues no las compartirá pero lo parece, pues en el Congreso de los Diputados el PSOE votó a favor de que se constituyan comisiones de investigación para supervisar la labor de los jueces y facilitar, en definitiva, que los Partidos políticos decidan sobre la suerte que han de correr aquellos togados que se consideren díscolos, revoltosos o poco sumisos, y puedan deducirse las responsabilidades correspondientes.
En fin, menuda rodaja. El legislativo entrando como elefante en cacharrería en los terrenos del poder judicial. A calzón quitado.
Quinta rodaja. Había que empezar bien la legislatura, con un Congreso pastueño mostrando su adhesión inquebrantable a los Reales Decretos presentados a la Cámara para su convalidación. Unos Reales Decretos que, al parecer, eran extraordinariamente urgentes en todas las medidas contenidas en ellos. Y por eso se hurtan a la discusión parlamentaria y no son Proyectos de ley sino Reales Decretos. Uno de ellos contiene 120 artículos y 14 Disposiciones adicionales. Bases del régimen local, incentivos fiscales al mecenazgo, función pública, proceso militar, reforma del enjuiciamiento criminal, hiper-reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la jurisdicción voluntaria y de la jurisdicción contencioso-administrativa, regulación de las comunicaciones electrónicas de quinta generación... Solo falta la reforma de la Ley de Pesca Fluvial o el nuevo marco para la patentabilidad de los productos químicos y farmacéuticos. El abuso de la fórmula del Decreto Ley como técnica legislativa merecería otro artículo, que comprometo en este mismo momento…
Pero Unidas Podemos se desmarcaba en la convalidación del otro Real Decreto (el de la conciliación de la vida familiar y laboral y el subsidio de desempleo) y, como parecía que Junts quería prolongar la tensión del Gobierno hasta el último minuto, no salían los números. Había que implorar apoyo al Partido Popular. Sin éxito, como era previsible. La frase más lapidaria de Núñez-Feijóo durante el debate de investidura había sido lo de "cuando el independentismo le falle, no me busque". Pero finalmente no hubo problema. La también suprema debilidad del supremo líder dio la cara para estupor propio y ajeno con supremos cortes de nuevas rodajas, pero ya en paquete completo. Para mantener la emoción, no se conoció cuál había sido el sentido del voto telemático de Junts hasta el final de la jornada.
La más suculenta de las rodajas es la cesión a Cataluña de las competencias plenas en materia de inmigración. Al parecer, da lo mismo que la Constitución establezca que son competencia exclusiva del Estado las materias de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo (artículo 149.1.2ª). Y da lo mismo también que, en efecto, la propia Constitución permita que el Estado delegue en las Comunidades Autónomas, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal, pero lo haga en materias "que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación" (artículo 150.2). Y por supuesto, también debe dar lo mismo que el Tribunal Constitucional haya declarado en la sentencia de 28 de junio de 2010, dictada sobre el Estatut, que si la norma autonómica pretendiera atribuir a la comunidad autónoma competencias en dicha materia, el artículo sería claramente inconstitucional. Si existe una materia genuinamente de competencia estatal esa es la del control de fronteras, entrada y residencia de extranjeros en territorio español, derecho de asilo o flujos migratorios. Otra cosa es que haya materias relacionadas que sí pueden estar en manos de las Comunidades Autónomas, como por ejemplo, las autorizaciones de trabajo de los extranjeros.
Se ponga como se ponga la señora Nogueras o el señor Puigdemont, no podrá nunca Cataluña decidir quién puede entrar y quién no en territorio catalán o a quién se puede expulsar. Ni tampoco rechazar que les afecte también a ellos el reparto de subsaharianos llegados en cayucos o pateras. Distinto es que no les guste nada, tampoco a ellos, tener inmigración ilegal. Naturalmente, si esto lo dicen otros, será porque son xenófobos. Pero si lo dice Junts, de acuerdo con el PSOE, entonces es algo muy progresista.
Sexta rodaja. No prolongaré más el malestar ni la inquietud de mi querido lector. Por eso selecciono finalmente una aparente cesión que es graciosa porque tiene mucho de postureo, de impostura, de pura gestualidad con nulo efecto práctico. En Junts se ha celebrado con fuegos artificiales y mucho cava que el Gobierno haya accedido a suprimir el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Un artículo que pretendía establecer en su apartado 2 algo muy simple: cuando un juez español haya considerado necesario que los Tribunales europeos se pronuncien acerca de si una norma es conforme con el Derecho de la Unión Europea, el solo hecho de que la cuestión esté pendiente de solución determinará que ese procedimiento se suspenda.
¡Qué alivio!, dicen los independentistas. Una norma así podría poner en peligro un procedimiento en el que pueda resultar de aplicación la anhelada Ley de amnistía.
Imaginemos una simple hipótesis: un juzgado de Barcelona, ante un procedimiento contra quien en aquellas infaustas fechas de otoño de 2017 se dedicaba a incendiar un establecimiento comercial aunque hubiera alguien dentro, se pregunta si ha de poner término al procedmiento por aplicación de la amnistía, y opta por plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues bien, eso provocará la suspensión del procedimiento, a la espera de la respuesta europea. Pero es que no hace falta que lo diga la Ley española, porque ese efecto suspensivo lo establece ya el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Con artículo 43 bis o sin él. Daba igual que la Ley de Enjuiciamiento Civil dijera o dejara de decir esto o aquello. Y me resisto a pensar que eso no lo sepan en Junts. Esta rodaja del salchichón ha sido solo una demostración de fuerza. No podía tener otra finalidad: que todos sepan lo que nos espera si la legislatura sigue adelante en estas condiciones.
Termino este ejercicio de antídoto contra la amnesia social. César Antonio Molina, el que fuera Ministro de Cultura en el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ha escrito estos días: "Muchos Presidentes norteamericanos mintieron: Roosevelt y Truman sobre las concesiones a Stalin; Kennedy, sobre Jruschov; Johnson, sobre Vietnam; Bush, sobre Irak; Clinton y Obama, sobre sus políticas económicas. Y Trump, sobre casi todo. Sánchez va camino de superarles a todos. Pero ninguno de ellos puso en riesgo irreparable la unidad de su territorio, ni contravino la separación de poderes, ni amnistió a los insurrectos, ni cambió la historia". Y es que, tratándose de uno de los socialistas más críticos, conviene dar al César lo que es del César, nunca mejor dicho.
Estas líneas comenzaban con la referencia a un bufón que duerme en La Moncloa. Pensándolo bien, seguramente no es bufón el apelativo que procede, pues si, según el Diccionario de la Real Academia, bufón es un "personaje cómico encargado de divertir a reyes y cortesanos con chocarrerías y gestos" o un "truhan que se ocupa en hacer reír", desde luego lo que hace Pedro Sánchez no es precisamente gracioso. Tampoco se trata de un pacotillero, porque él no negocia con pacotillas. Ni menos aún es un achinero o un buhonero, pues lo que vende no son objetos de poco valor ni conjuntos de baratijas y cosas de poca monta. Acaso sería mejor decir que es un mercachifle, porque sí destaca como "mercader de poca importancia". O un truchimán, porque hay que reconocerle que, desde luego, es "persona sagaz y astuta, poco escrupulosa en su proceder".