Corre la voz de que, sin llegar a plantearse en forma de referéndum, sí se quiere utilizar la fórmula de las llamadas leyes de consultas y tantear el pulso de la población catalana acerca de la Monarquía.
No son muy conocidas, pero ahí está, por ejemplo, la Ley catalana 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana. Tenemos en Navarra una Ley foral 27/2002, de 28 de octubre, reguladora de consultas populares de ámbito local, o, en Andalucía, la Ley 2/2001, de 3 de mayo. Éstas, entre otras. Se trata de consultas que, una vez acordadas por el municipio, han de ser después aprobadas por el Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Bases del Régimen Local. Y de hecho, informa el Ministerio de Política Territorial de que sólo se han autorizado el 37 % de las 200 consultas populares solicitadas en 45 años de democracia entre los 8.131 municipios que hay en España. O lo que es lo mismo, un 45,5 % fueron rechazadas (85) y en un 17,5 % (38) desistidas, archivadas o están aún en tramitación.
Insisto: se trata de consultas de ámbito local, como la que se celebró en Alcoy en 2022: "¿Por dónde prefiere que transcurran las Entradas Mora y Cristiana de las Fiestas Populares de Muro de Alcoy?" O esta otra, del mismo año: "¿Estás de acuerdo con que el Ayuntamiento de Don Benito ejercite la iniciativa para la tramitación del procedimiento de fusión con el municipio de Villanueva de la Serena?" También se preguntó en 2017 a los vecinos de Villafranca de Córdoba acerca de qué fecha preferían para celebrar la Fiesta de La Huevada. Tratan de ser, en fin, un instrumento de conocimiento de la opinión de los ciudadanos sobre asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para sus intereses.
Por lo tanto, pretender que con este mecanismo pueda alterarse la configuración de la nación española, ignorando que para ello haría falta un procedimiento de reforma constitucional específico, es un propósito enloquecido. Y además, es que ni siquiera valdría para ello la celebración de un referéndum. Referéndum que, por lo demás, es algo cuya convocatoria es fruto de una autorización que es competencia exclusiva del Estado conforme al artículo 149.1ª.32 de la Constitución.
Y eso lo saben. Y por eso prefieren una estrategia más suave (aparentemente), que consiste en ir agujereando todas y cada una de las instituciones, porque la Corona… ya irá cayendo. Por lo pronto, se trata de invadir desde el poder legislativo la labor de los jueces, a la búsqueda de cuáles son los que no gustan a determinados partidos políticos independentistas y a sus secuaces del Gobierno.
Pero no se trata solamente de que el poder judicial se vea invadido por el legislativo. También presumía Sánchez en campaña de la copiosa actividad legislativa de la última legislatura. Falso de toda falsedad: un 80 por 100 de las leyes aprobadas son fruto de Decretos-leyes, o sea, obra del poder ejecutivo, que hurta el debate a las Cámaras, quedando los Diputados limitados a votar para convalidar o no convalidar, pero en bloque y sin debate.
Y por lo mismo, se evitan así los informes previos del Consejo de Estado, pues si no hay Proyectos de ley, no hay nada de que informar. O llevan la forma de Proposición de Ley de un Grupo Parlamentario, no la de Proyecto de ley. O, por si acaso alguna vez hicieran falta tales informes, se procura que ese órgano, el más importante de asesoramiento legal del Gobierno, esté presidido por alguien que tenía una trayectoria de gestión ejemplar en la administración, pero que no era precisamente un jurista de reconocido prestigio, como ordena la ley.
Y se trata también de que el Tribunal Constitucional no se limite a hacer aquello para lo que está, sino que también pueda dictar sentencias que rectifiquen las dictadas por el Tribunal Supremo, como si los Tribunales de garantías constitucionales fueran en España una extraña última instancia.
Y se trata de indultar las penas a los políticos amiguetes andaluces o pseudoamiguetes indepes, y de perdonar también las indemnizaciones a pagar por los civilmente responsables de los delitos cuyas penas se perdonan, y de malbaratar el delito de malversación, y, naturalmente, de que el Estado pida perdón, que eso es precisamente lo que significa amnistía (del griego ἀμνηστία amnēstía: "olvido").
Y como el Rey es, según el artículo 56 de la Constitución, no sólo el Jefe del Estado, sino quien arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, pues la conclusión es muy fácil: si no hay funcionamiento regular de las instituciones, entonces no hay necesidad de un monarca que arbitre.
En 1975 España quiso tomar partido por la Monarquía, la opción decidida por el anterior Jefe del Estado, pero ratificada después por el 88 por 100 de los ciudadanos. No se tomaba partido por esa Monarquía que anduvo dando tumbos desde Fernando VII a Alfonso XIII. No a la Monarquía de las tres guerras civiles del siglo XIX (cuatro entre 1832 y 1936). No a los resultados de la Constitución de 1876, con la Restauración de Cánovas que con tanta esperanza había comenzado dos años antes, y que era una esperanza presidida por la idea de dar fin a los modos de Isabel II, pero que quedó frustrada después por las malas experiencias, por la falta de autenticidad democrática, por la dictadura de Miguel Primo de Rivera y por cuanto vino después.
En resumidas cuentas, no es que los secesionistas tengan una inquina especial por Felipe VI ni por la Monarquía como forma de Estado. Les da lo mismo Monarquía que República, y si prefieren la segunda fórmula no es porque quedaría feo y ridículo (que también sería así) que Junqueras o Puigdemont quieran colocarse esa "corona del Burger King" de la que he oído hablar alguna vez a Carlos Cuesta. Lo que quieren es un Estado independiente.
También hay, en fin, Monarquía constitucional en Tailandia y en Brunei, y en Emiratos Árabes y en Tonga. Pero los españoles prefirieron el modelo de la Monarquía firmemente anclada en un régimen democrático. Monarquía con Constitución, pero no al estilo de Arabia Saudita, sino al estilo de Noruega, de Dinamarca o de los Países Bajos.
Y cambiar eso es mucho cambiar. "Resistiré", cantaba el Dúo Dinámico. Que sigan haciendo consultas populares. Pero que sepan que más valor tendrán las de ámbito local o gastronómico que las que traten de hacer con otras intenciones. Un ejemplo imaginario: "¿qué gusta más: la gamba roja de Denia o el langostino de Vinaroz?"