Creo que no todo está perdido en España, pero estamos lejos, muy lejos, de volver a ser un país normal con instituciones democráticas dignas de este nombre. En términos abstractos nuestra gran dificultad está a la vista de todos: Sánchez intenta invadir todos los ámbitos de la vida pública y privada. El poder del gobierno tiende a confundirse con el ámbito de la Justicia y, lo que es peor, es el jefe del Gobierno, Sánchez, quien se ha arrogado la entera capacidad de decir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es terrorismo y qué bondad… Sánchez aparece como la figura todopoderosa que unifica el poder, el derecho y el saber. Sánchez quiere ser, sí, el gran chamán de la democracia. ¡Quien no sea sanchista, a los ojos del bloque totalitario de poder, apenas es nada!
Sin embargo, es menester reconocer que la institución de la Justicia, o mejor dicho, la mayoría de los jueces y fiscales, la sangre del Estado de Derecho, está enfrentándose con determinación, inteligencia y coraje moral al gobierno sanchista. Mientras que los jueces y fiscales aguanten, pues, el envite de Sánchez por destrozar el Estado de Derecho democrático, hay esperanzas de que no todo está perdido. Quedan, naturalmente, algunas otras instituciones que pudieran frenar la obsesión de Sánchez por acabar con la democracia en España. Y, por supuesto, existen españoles con energías suficientes para decir no a tanto atropello. Pero nadie crea que esto será fácil, porque los resortes del gobierno de España para mantenerse en el poder, naturalmente, pisoteando el Estado de derecho, son ricos y variados. Su poder corruptor es infinito.
Pero, en mi opinión, no es menos cierto que el principal de todos esos medios e instrumentos para llevarnos a una dictadura, a saber, sacar deprisa y corriendo una ley para amnistiar a Puigdemont, no está funcionando como algunos habían previsto. No parece sencillo, en efecto, sacar adelante una ley para amnistiar a los golpistas catalanes. De momento, pues, Sánchez está siendo derrotado en tres frentes de combate democrático: en el legislativo, la ley de amnistía fue rechazada; en el judicial, los jueces siguen adelante con sus instrucciones contra los golpistas catalanes; en el ámbito del debate público e intelectual, cada vez hay menos dudas sobre las intenciones totalitarias de Sánchez, se diría que no existe un sólo análisis jurídico, moral y político que ofrezca un argumento en favor del golpismo sanchista. Los Jueces y los Fiscales, la Unión Europea y la Oposición, por ese orden, se lo están poniendo difícil a quien ha sido investido presidente del Gobierno, con una única promesa: amnistiar a quien le ha permitido llegar al poder.
Merece la pena citar, quizá porque haya sido la última victoria de los demócratas, la resolución de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo que ha rechazado, por una abrumadora mayoría, la propuesta del fiscal Álvaro Redondo, a las órdenes directas del Fiscal General del Estado, o sea, de Sánchez, que descartaba la existencia de indicios de terrorismo en los graves altercados que tuvieron lugar en Cataluña. Se dice pronto, pero la cosa es seria, dramática para cualquier gobierno normal: doce votos de los fiscales frente a tres han visto indicios de acciones terroristas en Tsunami y once de los quince consideran que hay que investigar por esa causa a Carles Puigdemont, por lo que tendrá que ser el Alto Tribunal el que asuma el caso dada la condición de aforado del líder de Junts por su elección como eurodiputado. ¿Cómo no hallar esperanzas y fuerzas democrática en este tipo de actuaciones de la Justicia? Solo un derrotista negaría el poder de emancipación democrática de esa decisión judicial. La proporción del voto no deja lugar a dudas sobre lo claridad y transparencia de la resolución, pero, sobre todo, muestra la independencia con la que ejercen su oficio y profesión quienes forman parte de la Junta de Fiscales del Supremo.
Y, sin embargo, nadie espere nada medianamente decente de un gobierno que, desde que llegó al poder, sólo ha tenido un objetivo: disciplinar, castigar e imponer a todos los españoles que el derecho no obedece a razones sino a la fuerza. Los españoles limpios siempre recordáremos con rubor esta época, porque el gobierno de España todos los días y a todas horas no cesa en su alegato por el derecho de la fuerza. Quien determina qué es el terror, la violencia, y, por supuesto, qué es la paz, la convivencia, es el gobierno de España. El código penal, en verdad, todos los códigos jurídicos que conforman la institución del Derecho no son nada para Pedro Sánchez, porque repite sin cesar lo que le ordena el golpista catalán: Puigdemont no es un terrorista. He ahí una prueba descarnada de su terrible alegato: el derecho de la fuerza, del inmenso poder que le da presidir el gobierno, es el único derecho.
Para Sánchez cualquier ocasión es propicia para justificar que el terror impuesto por los separatistas catalanes, no es la base, el fundamento, de toda su acción de gobierno. Imposible. Su negación es un fracaso. Porque Sánchez, el gobierno de España, depende de la fuerza terrorista de los separatistas, como sabe el mundo entero, ha llegado el momento de que la Oposición haga un gesto, naturalmente, acompañado de una pregunta: ¿no será Sánchez un colaborador del terrorismo separatista? ¿es acaso Sánchez un gobernante impuesto por el terrorismo? Los españoles de a pie, los que sentimos rubor ante tanto engaño, no queremos actos heroicos sino un gesto decente de la Oposición. ¿O quizá están esperando a que los jueces del Tribunal Supremo lleven a Sánchez al Tribunal Internacional de La Haya acusado de Alta Traición al Estado