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Alberto Javier Tapia Hermida

El Ministerio Fiscal y el proceso independentista: ¡Todavía quedan fiscales en Madrid!

Adaptamos a la Fiscalía el célebre episodio del molinero del cuento que se enfrentó a Federico el Grande y, lejos de amilanarse, acudió a los tribunales de Berlín que le ampararon en su derecho.

Adaptamos a la Fiscalía el célebre episodio del molinero del cuento que se enfrentó a Federico el Grande y, lejos de amilanarse, acudió a los tribunales de Berlín que le ampararon en su derecho.
Los fiscales del juicio del 1-O | EFE

Respeto máximo a la institución del Ministerio Fiscal y libertad de expresión

Dado que este artículo incide en una cuestión de "máxima tensión informativa y política", nos parece que no está de más declarar ante los lectores del este diario que me acoge, primero, que en él expresamos nuestro parecer desde el punto de vista técnico-jurídico (porque nos preciamos de ser aprendices de juristas en un tiempo en que los juristas orgánicos parecen brotar como los champiñones en otoño y ¡sin necesidad de haber estudiado Derecho!); segundo, que nos amparamos, una vez más, en nuestra libertad constitucional de expresión que nos reconoce —por ahora— el artículo 20 de nuestra Constitución; y, tercero, nuestro máximo respeto a la institución del Ministerio Fiscal que es un vértice esencial de nuestro Estado de Derecho.

En relación con esta última declaración, nos parece que es conveniente recordar que la Constitución española de 1978 se ocupa del Ministerio Fiscal en su Título VI que trata "Del Poder Judicial" y, en concreto, dice en su artículo 124 lo siguiente:

El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Jerarquía, congruencia y seguridad jurídica en la actuación del Ministerio Fiscal en el proceso independentista

La prensa de ayer nos ofrecía unos titulares que nos inquietan al decir, por ejemplo: "La batalla se recrudece en la Fiscalía por el ‘caso Tsunami’. Un fiscal del Tribunal Supremo acusa a la cúpula de ejecutar un ‘155 encubierto’ para mantener la línea del Gobierno, mientras Álvaro García Ortiz habla de ‘traición’ por la filtración de un borrador interno" (El País). O: "El fiscal general del Estado aboga por ‘armar una unidad de criterio’ en la causa Tsunami. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha abogado por ‘armar una unidad de criterio’ en la causa de Tsunami Democràtic y la posible investigación al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por terrorismo, en la que el ministerio público todavía no ha tomado una decisión firme" (ABC).

Decimos que los titulares transcritos turban, una vez más, nuestra templanza porque nos generan dudas sobre dos principios constitucionales de actuación del Ministerio Fiscal que debe actuar —según el artículo 124 de nuestra Constitución— con "unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a (principios) de legalidad e imparcialidad". Desde nuestra modesta posición de jurista "no orgánico" nos preguntamos: ¿Está resultando compatible la unidad de actuación y la dependencia jerárquica con la sujeción, en todo caso, a los (principios) de legalidad e imparcialidad? ¿Se está emitiendo a la opinión pública un mensaje congruente en ese sentido? Apelamos a la inteligencia de los lectores de esta diario para que encuentren una respuesta racional a estas preguntas retóricas; porque quien esto suscribe tiene claras sus respuestas que no quiere expresar en este momento para no mediatizar las suyas.

¡Todavía quedan fiscales en Madrid!

Dado que tenemos por costumbre no transferir a los lectores de este diario nuestras tribulaciones, sino, por el contrario, acabar nuestros artículos con cantos —siempre inocentes y bienintencionados— a la esperanza, hemos buceado en la prensa reciente y nos hemos encontrado con una noticia reparadora de nuestro atormentado espíritu de jurista "no orgánico". Se trata de la siguiente del pasado 6 de febrero: "La junta de fiscales del Supremo aprecia indicios de terrorismo para imputar a Puigdemont. El órgano rechaza el informe elaborado por el fiscal Álvaro Redondo, que solo veía desórdenes públicos en las protestas contra la sentencia del procés. La discrepancia la resolverá la teniente fiscal del tribunal" (El País). También: "Una abrumadora mayoría de la junta de fiscales ve terrorismo en Tsunami. Doce de sus quince miembros tumban el informe de Redondo que lo negaba y complican la amnistía de Sánchez. Once aprecian indicios para investigar a Puigdemont, pero será la número dos de García Ortiz quien decida". (ABC)

Aun a pesar de la sombra de duda que nos deja el último inciso de las noticias transcritas, nos parece que podemos gritar, alto y claro: ¡Todos somos molineros! ¡Todavía hay fiscales en Madrid! Adaptando a la Fiscalía el célebre episodio del molinero del cuento que se enfrentó a Federico el Grande de Prusia por no aceptar la orden de irse —o de callarse— y quien, lejos de amilanarse, acudió a los tribunales de Berlín que le ampararon en su derecho.

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