Está visto que el servilismo de Sánchez ante los separatistas carece de límites. No sólo parece dispuesto a incluir la traición y el terrorismo en la ley de amnistía, tal y como denuncian fuentes de la judicatura, sino que además lo hace el mismo día que la Mesa del Parlamento regional de Cataluña ha admitido a trámite, gracias al apoyo de Junts y de la Cup, una Iniciativa Legislativa Popular que reclama a la Cámara catalana declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.
Ni que decir tiene que la mera admisión a tramite de tamaña inconstitucionalidad, declarada "inadmisible" por los propios letrados de la Cámara autonómica, es en sí misma un delito de prevaricación contra el que la Fiscalía debería actuar de oficio y contra el que tanto Vox como Ciudadanos piensan acudir a los tribunales. Lo bochornosamente paradójico es que la impunidad de estos nuevos delitos está garantizada por la propia ley de amnistía —no menos inconstitucional— que está impulsando el gobierno a cambio de que los separatistas le sigan manteniendo en la poltrona.
Lo que es evidente es que el servilismo de Sánchez ante los separatistas, empezando por la amnistía, lejos de servir como forma de "pasar página" al procés o como forma de "reconciliación" entre los catalanes, tal y como desvergonzadamente lo maquillan los socialistas, está sirviendo para que los secesionistas vuelvan a las andadas en un camino que, en realidad, nunca han abandonado.
En este sentido, cabe destacar el escándalo que supone que el gobierno de Sánchez haya filtrado a El País un escrito remitido por Suiza sobre el caso de Tsunami Democràtic, donde el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira son investigados por un presunto delito de terrorismo, a pesar de que todavía no lo había recibido el instructor de la causa, Manuel García-Castellón.
No menos escandaloso es que el gobierno niegue el carácter terrorista de la violencia de Tsunamic Democràtic cuando la Fiscalia General del Estado la incluyó, junto a la de los CDR (Comités de Defensa de la República), en el capítulo de "terrorismo nacional" en su memoria anual de 2020.
No menos bochorno causa el caso omiso que el gobierno de Sánchez dedica a las cada vez más numerosas pruebas de la vinculación del gobierno de Putin con el golpe de Estado de Puigdemont, que haría al prófugo responsable también de un delito de traición.
Y es que nada, ya sea el Estado de derecho, ya sea la debacle electoral de su partido en Galicia, distrae a Sánchez de lo que es su única preocupación y su único leitmotiv, que es mantenerse como sea en el poder aun cuando eso exija hacer caso omiso de la legislación europea y de nuestro propio ordenamiento constitucional. En eso consiste su manual de resistencia.