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Ernesto Yamhure

El "comandante" Ábalos y sus vínculos con el M-19 colombiano

Que nadie se extrañe si la situación jurídica de Ábalos se complica en España, y él termina en Colombia protegido por el gobierno socialcomunista de Petro.

Que nadie se extrañe si la situación jurídica de Ábalos se complica en España, y él termina en Colombia protegido por el gobierno socialcomunista de Petro.
José Luis Ábalos en los años noventa. | Archivo

La cercanía entre políticos comunistas y de izquierda españoles con las narcoguerrillas colombianas es mucho más estrecha de lo que se conoce públicamente.

El caso más evidente es el del diputado comunista, integrado al bloque de Sumar, Enrique Santiago, quien fungió como asesor jurídico de las Farc. Santiago tiene el deshonor de ser el "arquitecto" del modelo de impunidad que impera en Colombia y que, hasta ahora, ha permitido que los autores de múltiples crímenes de lesa humanidad puedan pasearse por las calles libre y desafiantemente, mientras miles de víctimas claman por algo de justicia.

Por cuenta del caso Koldo, el nombre del exministro sanchista José Luis Ábalos vuelve a estar en el ojo de la controversia pues, presuntamente, él es uno de los cerebros de la trama de corrupción.

Hace unos años, cuando Pedro Sánchez incorporó a Ábalos en su nómina ministerial, la prensa española desempolvó un viejo expediente de ese individuo que, como recordó el diario ABC en su edición dominical, fue miembro del partido comunista español a finales de los años 70 del siglo pasado.

Se trata de los estrechos vínculos de Ábalos con la guerrilla terrorista M-19, estructura criminal de la que hizo parte el actual presidente de Colombia Gustavo Petro. Según los registros, el diputado español vivió en el país suramericano, y estuvo muy vinculado con el proceso que desembocó en la desmovilización del M-19, hace 35 años.

El pacto con esa guerrilla, responsable de los peores actos criminales posibles, incluyó indulto y amnistía, conceptos que están muy en boga por estos días en la España gobernada por Pedro Sánchez cuyo gobierno intenta borrar de plano los delitos —entre ellas las acciones terroristas— de los que hicieron parte los independentistas catalanes, empezando por el prófugo Carles Puigdemont.

No está de más hacer un repaso de las atrocidades del M-19, empezando por el secuestro, tortura y asesinato del dirigente sindical afrocolombiano José Raquel Mercado en 1976.

Mercado, a pesar de ser un hombre de izquierda, fue crítico de las barbaridades del M-19, señalamientos que tuvo que pagar con su vida. Esa guerrilla lo acusó de ser un "agente encubierto de la CIA", imputación fantasiosa pero suficiente para imponer la pena capital.

Fue secuestrado en una céntrica calle de Bogotá, y dos meses después su cuerpo con evidentes signos de tortura, fue arrojado en un parque público de esa ciudad.

El 5 de noviembre de 1985, un comando del M-19 ingresó a sangre y fuego al Palacio de Justicia, lugar en el que estaban las oficinas de los magistrados de la corte suprema, para cumplir una misión execrable: encender todos los expedientes que cursaban contra el siniestro jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar. Igualmente, buscaban —y lo lograron— que la más alta corte de la rama jurisdiccional de Colombia declarara inconstitucional el tratado de extradición celebrado entre Colombia y los Estados Unidos.

Las llamas con los expedientes de Escobar se salieron de control, y el edificio fue consumido en cuestión de minutos. 54 inocentes perdieron la vida, entre ellos once magistrados. Una de las víctimas fue la jurista Fanny González, la primera mujer en ocupar un asiento en la corte suprema de Colombia.

Aquel acto terrorista puso en evidencia que el M-19 era, en la práctica, el brazo armado del Cartel de Medellín. La guerrilla de Gustavo Petro se encargaba de perpetrar las acciones de horror que los jefes del narcotráfico consideraban necesarias para hincar al débil Estado colombiano.

Ábalos presenta con orgullo su "amplia" experiencia en cooperación internacional con países latinoamericanos, conocimiento que puso al servicio de la causa de un M-19 que en 1990 suscribió el mejor acuerdo posible para sus intereses. Ninguno de sus integrantes respondió ante la Justicia, por supuesto nadie puso la cara ni dio explicaciones sobre la alianza con Pablo Escobar, ni se logró establecer dónde quedó el dinero con el que la mafia irrigó las arcas guerrilleras. Lo que sí sucedió, para vergüenza universal, es que uno de los cuadros de esa banda, hoy ocupa el cargo de presidente de la República de Colombia.

La eficacia de la "cooperación" del exministro sanchista fue esplendorosa y, por eso, los jefes del M-19 no dudan en referirse a él muy respetuosamente como "el comandante Ábalos".

Que nadie se extrañe si la situación jurídica de Ábalos se complica en España, y él termina en Colombia protegido por el gobierno socialcomunista de Petro.

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