El Tribunal Supremo ha anulado este martes el bochornoso nombramiento de la socialista Dolores Delgado, exministra de Justicia, ex Fiscal General del Estado y actual pareja sentimental del exjuez Baltasar Garzón, como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Recuérdese que durante el Pleno del Consejo Fiscal que tuvo lugar en junio de 2023, la mayoría de los vocales advirtieron que había un claro "conflicto de intereses" en Delgado y, por tanto, razones de "incompatibilidad" para el cargo, entre otros motivos, por ser la pareja sentimental de Garzón, director de una fundación precisamente dedicada a la defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, dicha petición, lejos de ser atendida, fue inadmitida de plano por el amigo y sucesor de Delgado en el cargo de Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que hurtó así a este órgano la posibilidad de examinar este extremo.
Esta designación, tan clamorosamente infectada de amiguismo, nepotismo y politización, fue, sin embargo, recurrida tanto por por la Asociación de Fiscales, como por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales como por el propio el fiscal solicitante de la plaza Luis Ibáñez.
Ahora el Supremo ordena retrotraer las actuaciones para que el Consejo Fiscal dictamine sobre la incompatibilidad de Delgado para el cargo, lo que supone un nuevo y duro varapalo para el fiscal general del Estado después de que el Alto Tribunal apreciara que incurrió en "desviación de poder" con el primer ascenso de Delgado a fiscal de sala. De hecho este es el tercer varapalo del Supremo contra García Ortiz, pues, posteriormente el Alto Tribunal también condenó a la Fiscalía General del Estado por ocultar un expediente de investigación del fiscal Ignacio Stampa.
Si a estos tres gravísimos varapalos del Supremo contra García Ortiz, unimos el que ha recibido el Ministerio Público al admitir este martes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la querella contra la Fiscalía por la escandalosa filtración sobre el novio de Ayuso; o recordamos el servilismo del Fiscal General del Estado ante los antijurídicos proyectos de Sánchez para conceder la amnistía a sus socios golpistas de gobierno, nos podemos hacer una idea de hasta qué punto García Ortiz debía haber sido cesado en el cargo.
Los motivos, sin embargo, por los que, en cualquier democracia de nuestro entorno, una persona como García Ortiz hace tiempo que habría sido cesado en el cargo —o ni siquiera hubiera sido nombrado—, son los mismos motivos por los que Pedro Sánchez le nombró mantendrá en el cargo. Y es que para Sánchez el servilismo hacia el poder de su gobierno es algo que se debe premiar mientras que la independencia y la separación de poderes es un "fango" que hay que limpiar.
Aun así, hacen bien PP y Vox al pedir la dimisión de este indigno Fiscal General del Estado, más interesado en defender los intereses del gobierno que en promocionar la acción de la Justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. Con todo, aun haría mejor haciendo también en Europa una campaña de denuncia en la que, junto al intento de asalto al Poder judicial que pretende el gobierno con la renovación del CGPJ, se incluya de forma expresa la bochornosa trayectoria de García Ortiz con la que ha dado la razón a Pedro Sánchez cuando se jactaba de "quien depende la fiscalía".