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Juan Gutiérrez Alonso

Una detención espectacular

A diferencia de lo sucedido en Italia, en España no ha tenido lugar ninguna detención espectacular ni hay nadie en prisión a pesar de que existen procedimientos en curso.

A diferencia de lo sucedido en Italia, en España no ha tenido lugar ninguna detención espectacular ni hay nadie en prisión a pesar de que existen procedimientos en curso.
Giovanni Toti. | Archivo

Poco o nada se está hablando en nuestro país del arresto, por presunta corrupción, de Giovanni Toti, Presidente de la Región italiana de Liguria; de Matteo Cozzani, su jefe de gabinete; y del encarcelamiento de Emilio Signorini, expresidente de la autoridad portuaria.

Sin entrar en detalles técnico-jurídicos, que a veces más que aclarar, contribuyen a confundir sobre lo sucedido y actuado, estamos ante hechos que, presuntamente, tienen encaje en alguno de los tradicionales delitos que suelen imputarse en este ámbito. Es decir, el abuso d´ufficio, la accusa di falso, associazione a delinquere y también el genérico de corruzione. La fiscalía ha iniciado una investigación contra un grupo importante de dirigentes y empresarios de Liguria y las detenciones y los interrogatorios en curso causan ciertamente impacto.

La actuación trae su causa en intervenciones telefónicas que, de nuevo, siempre presuntamente, evidencian que en 2021 se inflaron los datos de contagios COVID para aumentar la necesidad de productos sanitarios. Por lo trascendido de esas interceptaciones emerge un deprimente retrato de la clase política, pues los términos en los que se expresan no pueden ser más vulgares y tabernarios; pero también un no menos deplorable estado del funcionamiento de las Administraciones públicas. Si se ha cometido un gigantesco fraude, especialmente con la adquisición de mascarillas, es algo que está por ver.

Al lector español razonablemente informado, hablar de fraude, corrupción y mascarillas le resultará ya familiar, aunque a diferencia de lo sucedido en Italia, en España no ha tenido lugar ninguna detención espectacular ni hay nadie en prisión a pesar de que existen procedimientos en curso. Algunos de esos procedimientos han sido incluso monitorizados para que, según se dijo, no tuvieran incidencia en procesos electorales. Como si esto no fuera, precisamente, tener incidencia en los comicios. En Italia no es el caso, parece que se manejan conceptos distintos sobre incidencia electoral porque, además, se acusa también de corrupción electoral.

Según parece, en el entramado de acciones y/o decisiones político-administrativas, entes y empresas implicados o beneficiados, estaría afectada incluso la mafia, pero igualmente sobrevuela el asunto de la financiación de partidos, la compra directa o indirecta de votos y, en efecto, la incidencia que algo así puede tener en un periodo electoral como sucede con las elecciones europeas del próximo junio.

No sabemos si el caso de Liguria será un caso especial o sólo uno más. Recordemos que no son pocos los presidentes de regiones italianos que han sido encausados por hechos similares en las últimas décadas.

El caso de Ottaviano Del Turco, en Abruzzo, suele recordarse. En 2008 fue encarcelado bajo la acusación de corrupción y pertenencia a asociación para delinquir. Dimitió a los pocos días y solo diez años después recayó sentencia condenatoria definitiva. Pero también está lo sucedido hace unos años a Marcello Pitella, Presidente de Basilicata, quien fue absuelto por sentencia después de más de dos largos años de proceso cautelar y haberse visto obligado a dimitir del cargo.

Estos precedentes, y otros, traen no pocas complicaciones, pues no queda claro si los afectados deben dimitir por estar incursos en estas investigaciones o, por el contrario, deben aferrarse al principio de presunción de inocencia. Por otro lado, parece evidente que en arresto domiciliario difícilmente se puede dirigir un Gobierno, o no. Quién sabe.

Aunque algunos diferencien responsabilidad política, por imagen o estética, de responsabilidad administrativa o penal, lo cierto es que la Ley núm. 190, de 6 de noviembre de 2012, conocida como Legge Severino, quiso que los dirigentes públicos no fueran removidos de su cargo cuando se veían afectados por medidas cautelares, es decir, que no dimitieran o renunciaran mientras no hubiera sentencia de primer grado. Discutible, por supuesto, pero además, parece evidente que, al final, esa decisión dependerá más bien del previsible desenlace del proceso, en función de lo verdaderamente sucedido, o del nivel de sinvergonzonería del protagonista.

Es posible que la mejor explicación esté, otra vez, en esta escena protagonizada por Marcello Mastroianni en la película Signore e Signori, Buonanotte que ya recordamos aquí . En efecto, ante la cuestión de dimitir o no, aquello que respondía el político: "No, no, no dimito para poder dar la batalla desde una posición de privilegio. Desde mi puesto puedo controlar la investigación, contaminar los actos, distraer las pruebas, corromper los testimonios, en definitiva, desviar el recto curso de la justicia".

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