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Pedro Gil Ruiz

Desacreditar a la UCO: desestabilizar a la Guardia Civil

Impedir el control político de la Benemérita es asegurar el Estado de derecho en España.

Impedir el control político de la Benemérita es asegurar el Estado de derecho en España.
Patxi López | EFE

Un día antes de que el presidente del Gobierno acudiese al Congreso para dar explicaciones acerca de las sospechas que existen sobre la renombrada por el ingenio argentino como Vergoña ("Lo mismo que Vergüenza. Es voz antiquada". Diccionario de Autoridades, tomo VI, 1739), el diario gubernamental publicaba una información, citando fuentes conocedoras de un supuesto documento elaborado por la UCO de la Guardia Civil, que eximía a la mujer del presidente de los delitos por los que había sido denunciada ante el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. El bulo de El País era un bulazo, tanto que ni Sánchez lo mencionó en su intervención. Se atrevió Pachinaide’ que está hecho un mocetón: "atacar de manera impúdica, sin indicios, sin datos que se sostengan, al presidente y Begoña, su mujer, en contra incluso de la investigación de la Guardia Civil". De paso, el portavoz socialista aprovechó para desvelar su alma republicana. Le afeó a Feijóo "su querida Casa Real":

Es de suponer que el director de la Benemérita —y antiguo miembro del grupo de Función Pública del PSOE zapateril—, el de "no vengo a escuchar, vengo a dar órdenes", haya dispuesto una investigación para determinar el origen de la filtración… si es que no ha sido todo una intoxicación del periódico.

La cuestión es si estamos ante una sugerencia o una advertencia a la UCO. Los medios del régimen son especialistas en desacreditar. Ya lo hicieron con la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid en el "caso 8-M": "El informe de la Guardia Civil usa medias verdades y especulaciones y carga contra la decisión de autorizar manifestaciones el 8 de marzo", titulaba El País el 26 de mayo de 2020; "Errores, bulos y mentiras en el informe de la Guardia Civil sobre la marcha del 8-M", hacía lo propio eldiario.es. Descredito e intento de desestabilizar a la Benemérita.

El próximo 18 de junio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tiene previsto resolver sobre la reclamación del coronel Pérez de los Cobos, que intenta evitar que siga dilatándose su ascenso al generalato. Que se consolide la maniobra torticera de Interior.

Como ustedes recordaran, el ministro Marlaska comunicó —el 25 de mayo de 2020— el cese "por pérdida de confianza" del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. La Asociación Pro Guardia Civil (AProGC) fue taxativa: "A Pérez de los Cobos le han cesado por cumplir las órdenes de la jueza". Requerido por la dimitida directora, la socialista María Gámez —que se dedica desde entonces a gestionar su patrimonio inmobiliario—, el coronel le explicó que los investigadores tenían "órdenes estrictas" de informar exclusivamente a la jueza instructora y que él desconocía los detalles de un sumario que afectaba a la gestión del Gobierno en los días previos a la declaración del Estado de Alarma por el Covid19. De nada sirvieron los argumentos ante un cese decidido que, además, daba satisfacción a los socios independentistas.

El coronel acudió a los tribunales en defensa de su honor y correcto proceder. Ganó. El Tribunal Supremo le dio un sopapo de legalidad al ministro que, despechado, se vengó impidiendo su ascenso a general. Volvió a sopapearle el Tribunal y el ministro urdió una martingala y en esas estamos.

Pero, no se equivoquen: quien analice esta porfía como un asunto que afecta exclusivamente al coronel, yerra de plano. Si Marlaska gana, la Guardia Civil sale seriamente perjudicada. Se abriría una brecha por la que entraría la discrecionalidad en los ascensos y el consiguiente control político de la Benemérita. Así, frente a la afirmación del ministro de que: "los ascensos los decide el Gobierno", la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sentenciaba el 25 de septiembre de 2023 que: "el ascenso al general de brigada no se identifica con la provisión de cargos de estricta confianza, sino que se trata de proveer mediante ascenso puestos ciertamente de especial responsabilidad pero que se insertan en el desarrollo de la carrera profesional de un oficial de la Guardia Civil". Un matiz, añadían, relevante, "pues habrá confianza personal en el candidato al ascenso, pero esa confianza se relaciona con un juicio de idoneidad profesional que inspira el ascenso por el sistema de elección".

En el proceso de ascenso al generalato de Pérez de los Cobos, que se desarrolló durante el mandato del anterior DAO, cesado inopinadamente, la Junta de Evaluación le propuso en dos ocasiones por haber obtenido la máxima puntuación. Marlaska rechazó la propuesta. Este proceder objetivo en la Guardia Civil, garante de la promoción de los mejores, es el que intenta quebrar el Gobierno con decisiones arbitrarias. La última de ellas, el ascenso a general de David Blanes.

Se unen estas maniobras a la modificación de las competencias de don Leonardo, el director general. Desde el año 2008, en el que se crea la figura del Director Adjunto Operativo, es la primera vez que el Mando de Operaciones depende jerárquicamente del director general y no del DAO. Se aplana o desmocha, como prefieran, la jerarquía militar.

Era el 6 de marzo de 2019 y Pérez de los Cobos declaraba por segunda vez ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una de las sesiones del juicio contra los golpistas catalanes. "¿Está usted de acuerdo con la idea de que se debía primar el cumplimiento del orden por encima de la convivencia ciudadana, del cumplimiento de la ley por encima de la convivencia ciudadana?", interpelaba el abogado Andreu van den Eynde —hijo del fundador del PORE, una delirante organización trotskista— en su calidad de defensor de Oriol Junqueras, al coronel.

"No, yo lo que creo es que en un Estado de derecho es imposible la convivencia ciudadana sin el respeto a la Ley", fue la respuesta de un guardia civil. Uno de los muchos que son conscientes de que impedir el control político de la Benemérita es asegurar el Estado de derecho en España.

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