Sánchez prepara dos paquetes legislativos para controlar a los jueces y a los medios de comunicación. Son dos medidas represivas más, entre las ciento que ejerce cotidianamente, para acabar con la democracia. Nadie se toma a broma la cosa, porque el poder nunca amenaza de modo ficticio. El poder de Sánchez es real. Su amenaza es también real. Otra cosa es que sea viable. A estas alturas del gobierno sanchista, cada vez más deslegitimado y abrumado por los casos de corrupción, estos anuncios suenan más a chulería y huida hacia adelante que a realidad. Pero la amenaza del poderoso asusta al más pintado. Por lo tanto, creamos a Sánchez en su propósito para controlar al poder judicial y reprimir a los medios de comunicación. Quizá logre asustar a una parte de la justicia y los medios de comunicación con sus bravatas y anuncios, pero dudo de que pueda torcerle el brazo a la Justicia y a los medios críticos.
Creo que ya no tiene tiempo para destrozar lo que queda de democracia. Correrá, sí, porque ha puesto fecha a todo. A finales de mes intentará liquidar el CGPJ. Sacará un decreto o algo así para hacer depender ese órgano directamente de él. La Oposición y los más de once millones que la votan serán reducidos a añicos. La Oposición ya no tendrá voz ni voto para nombrar a los miembros del Gobierno de los jueces. Sólo él, Pedro Sánchez, tendrá capacidad decisiva para decir quién formará parte de ese órgano. El segundo paquete de medidas se aprobará a finales de julio y tiene por objeto aprobar una ley antibulos o sea, reprimir y silenciar a los medios de comunicación más libres e independientes. Se perseguirá a los periodistas y se ahogará económicamente a los medios más independientes y se perseguirá a quien no sea sanchista… Todo esto es sabido. Y todo puede pasar. Es lo más dramático que puedo decir sobre una situación
Y, sin embargo, hay motivos para la esperanza. Hay fatalidades que hacen más daño a Sánchez que a la democracia. Quizá la fatalidad más terrible sea la ley de amnistía. Es un bodrio tan irracional y nefasto que es inaplicable. Ya lo dijeron los expertos antes de ser publicada y han vuelto a hacerlo con inteligencia los jueces y fiscales del procés. Nada más publicarse en el BOE, la ley de amnistía ha entrado en vigor, pero inmediatamente salió la Justicia al foro público para cuestionarla. El Tribunal Supremo, por medio del juez Pablo Llarena, anunció que mantenía viva la orden de detención de Carles Puigdemont y pedía a las Fuerzas de Seguridad que le detuviesen si regresaba a España. También los fiscales han sido precisos y contundentes contra el Fiscal General del Estado sobre su difícil aplicación. En fin, el Alto Tribunal entiende que los delitos de malversación y terrorismo no son amnistiables y que durante el 1-O se produjo un desvío de fondos de dinero público. También el Tribunal de Cuentas ha elevado una consulta a la Justicia europea por entender que los acusados por el 1-O delinquieron por malversación. El organismo fiscalizador denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el uso de dinero público en la acción exterior de la Generalidad…
Es obvio que no es fácil aplicar la ley de amnistía a Puigdemont y los suyos. Y si Puigdemont no es amnistiado, Sánchez, sí, sobra. Esa es la gran amenaza que pende sobre el presidente del Gobierno y que él ha querido solventar como elefante en cacharrería: ataque a los jueces para dar un golpe en la mesa y, de paso, asustar a la otra pata de la democracia: la creación de opinión pública-política. Sánchez juega fuerte, pero enfrente tiene a la justicia y a algunos medios de comunicación que nunca se dejarán amedrentar. Sánchez amenaza, pero el verdaderamente amenazado es el presidente del Gobierno. Sánchez ha empezado a dar manotazos. Está ahogándose.