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Javier Somalo

Jueces y periodistas

Sigue siendo necesario el periodista que quiera ejercer de periodista, no de político. Y el juez o fiscal que quiera ser juez o fiscal, no ministro o puñeta suprema.

Sigue siendo necesario el periodista que quiera ejercer de periodista, no de político. Y el juez o fiscal que quiera ser juez o fiscal, no ministro o puñeta suprema.
Cordon Press

La Justicia y la Prensa son el problema y deben ser la solución, el dique último contra el autogolpe que nos condena a cambiar de régimen. Ambas esferas, imprescindibles para la democracia, fueron asaltadas por decreto por el PSOE prístino de González y Guerra que ahora llora como el delantero que finge penalti.

Hicieron legal lo ilegal con el nombramiento de jueces en 1985 y con el abordaje a Antena 3 de Radio en 1994. De la ley a la ley en el sentido inverso y perverso. Ahora sucede exactamente lo mismo pero ampliado en su gravedad, con una acusada debilidad institucional en todos los órdenes y sobre el campo minado del golpismo, así en Cataluña como en Madrid. Y con un presidente asediado por la corrupción familiar y la de su partido.

Vayamos por partes. La prensa. El arlequín republicano separatista catalán rio las gracias al amnistiador del Estado y le propuso usar el BOE como usa la Fiscalía, con afán bolivariano. Quieren saber quién está detrás de los medios de comunicación que no están por la revolución. Contra la memoria frágil ya tuvimos un vicepresidente del Gobierno, hoy al frente de un bar y de un pseudomedio —antaño era empleado de Irán—, que adelantó hace una década las intenciones de todo dictador. Lo hizo ante las Juventudes Comunistas, en Zaragoza, el 1 de marzo de 2013:

Un periódico que es propiedad de una empresa ataca, por su mera existencia, la libertad de expresión. Ataca la democracia (…) Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayoría de los medios sean privados (...) donde hay propiedad privada hay corrupción.

El arlequín saltimbanqui propone entrar ya en materia, votar y vetar, con tanta euforia que diríase que anhela una dirección general:

Votemos aquí, mañana, los vocales del CGPJ. Vetemos a empresas privadas que han colaborado con la maquinaria del fango en contratación pública. Aumentemos las multas por perseguir, difamar, mentir, de 14.000 a 150.000 euros. Hagámoslo. Si se quejan por algo será.

Anda la prensa revuelta porque sobrevuela la amenaza de intervención sobre los medios a cuenta de la eventual aplicación de directivas europeas. Como si fuera nuevo que el poder quiera dinamitar rotativas y antenas. Miedo ninguno, pero toda reserva será poca.

Dio en el clavo —en muchos clavos— este viernes en Zaragoza Fernando de Yarza, presidente del Grupo Henneo y de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, en entrevista con Federico Jiménez Losantos. Desde la valentía necesaria en estos tiempos inciertos, De Yarza alertó sobre los riesgos de las redes sociales como aceleradoras de populismos y el escaso apoyo de las grandes empresas que se quejan de esas redes en las que invierten. Y ante el poder, bien sencillo: "Tienen que ser los empresarios los que apoyen a los medios que se están jugando el tipo y que la gente se mentalice de apoyar a este tipo de medios que denuncian los abusos del poder".

Buen creador de titulares, el aragonés resumió la misión del periodista de hoy: "El que tenga miedo, que se dedique a otra cosa". Con esta actitud, la que esta casa lleva a gala desde hace un cuarto de siglo, no hay directiva europea, ni arlequín, ni facineroso aficionado que nos tosa.

Jueces y fiscales en su sitio

Sigue siendo necesario el periodista que quiera ejercer de periodista, no de político. Y el juez o fiscal que quiera ser juez o fiscal, no ministro o puñeta suprema. Y es en este momento crucial cuando se va a librar la verdadera batalla.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, parece asumir la dirección letrada del golpe de la amnistía tratando de imponer la jerarquía orgánica sobre los fiscales que, de momento parecen resistir.

Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno han dejado claro que no es posible amnistiar a los principales autores del golpe del 1-O, encabezado por Puigdemont y Junqueras. Ya ni siquiera nos quejamos de que muy probablemente se va a aplicar a otros como Marta Rovira o Clara Ponsatí. Ya admitimos como límite que el delito que no pasa el filtro de la amnistía es el de malversación cuando estamos ante un golpe de Estado en proceso que de ninguna manera ha finalizado.

Pero es que a algunos ya se les ha olvidado que venimos de borrar el delito de sedición y de esconder el terrorismo que dejó una ciudad en llamas con heridos muy graves —agredidos directamente, no por accidente— entre agentes de la Policía y la Guardia Civil. Nos vamos a contentar con mucho menos de lo que se merecen estos delincuentes. Con mucho menos de lo que nos merecemos los que respetamos la ley.

Y para que nos hagamos una idea de a qué están dispuestos, nos enteramos de que el capo de los fiscales, el que dice que todos sus subordinados deben aplicar la norma de la amnistía en todo caso, ha admitido sin rubor que dio la orden de filtrar datos de un ciudadano sin derecho a anonimato por ser novio de Isabel Díaz Ayuso. Una subordinada, la fiscal Almudena Lastra ha documentado sin adornos que fue una orden directa de Álvaro García Ortiz.

Todos los días y a todas horas contra Sánchez

El presidente del Gobierno ya ha confesado que está decidido a todo: "Yo hago", le respondió a Rufián cuando le invitó a desenfundar el BOE. No quedan dudas. La prensa, la justicia y sobre todo la oposición deben hacer lo propio: no titubear. ¿Y qué hay que defender a diario si de verdad estamos por la labor de ser útiles? Van algunas ideas:

  1. La amnistía no puede pasar nunca por encima de la Constitución. Lo que se está produciendo es un golpe desde el poder con la excusa del apaciguamiento de otro golpe, el de Cataluña, que sigue vivo pese a ser cosa juzgada. O se entiende esto o se juega con desventaja. Hay que apoyar a los jueces y fiscales que se están arriesgando por defender la Constitución, secuestrada en la Fiscalía General y en el propio Tribunal que debería preservarla, el de Conde Pumpido. La prensa y la empresa deben tomar parte.
  2. El Estado de Derecho no admite privilegios, singularidades. Menos aún legislar de forma especial para alcanzar fines distintos al interés general: mantenerse en el poder con el voto de los amnistiados. Es urgente decirlo en todos los idiomas y que lo entienda todo el mundo, no sólo Europa: el delincuente me apoya si le borro el delito. Sin ese apoyo me resulta imposible gobernar. Es fácil de entender. A ver si las redes son útiles.
  3. La Corona demostró en 2017 que estaba contra el golpe. Exigirle ahora un papel no constitucional sólo puede alimentar la inestabilidad que todo proceso revolucionario necesita para instalarse. No hace falta ser monárquico para defender hoy el papel que el rey ha desempeñado ante el órdago separatista, mucho más amplio que el de muchos políticos que tenían el deber de hacerlo y callaron o huyeron.
  4. No debería cubrirse una rueda de prensa más de este Gobierno que quiere diseñar un ecosistema mediático a su medida. ¡Ni una! Y deberían plantearse demandas contra el uso de RTVE para lucimiento de un presidente que no admite otras preguntas que no aparezcan en los guiones pactados con sus periodistas de cámara. ¿Dónde están las asociaciones de la Prensa? ¿Sólo se pronuncian si lo ordena el sindicato mayoritario afecto al régimen? Informar sobre el Gobierno, sí. Cubrir sus actos como jarrones, nunca.
  5. Es urgente saber quién está detrás de los rufianes que quieren cerrar unos medios para abrir otros. O quién está detrás de operaciones que impiden una verdadera oposición a Pedro Sánchez o que han esclerotizado a un partido como Vox. O por qué la Rusia de Putin tiene tantas pistas de aterrizaje mediático en España y por qué no se traza su dinero. El cui prodest resuelve muchas incógnitas, pero hay que documentarlo.

Y puestos a perseverar, la oposición debe preguntar a diario quién está detrás de Begoña o del cuñado músico en esa buhardilla cutre de La Bohème, versión macarra malversada que es ya La Moncloa. Aunque esté claro que es el socialismo de los años 30, el comunismo de hoy y de siempre, o sea, Pedro Sánchez, no hay que cansarse de argumentarlo.

La diferencia, y la desventaja, con la situación que generó el PSOE de los años ochenta es que la oposición ahora está partida en pedazos. La derecha que nació justificada por inacción del centro-derecha se ha convertido en extrema derecha y a ésta le ha salido una excrecencia radical hortera más a su derecha. Con estos figurantes voluntarios Pedro Sánchez no necesita guionista. Es el PP el que debería aprovechar la oportunidad adaptándose al juego que propone el hermano de David y marido de Begoña.

La justicia y la prensa deben responder al asalto cumpliendo cada día su importante misión, sin llantos ni medias tintas y acostumbrándose al fango que vomita el pozo de La Moncloa. El PP está obligado a responder a una base social que, salvo excentricidades, le pide el carácter necesario para salir de esta crisis institucional sin precedentes.

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