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EDITORIAL

García Ortiz y Dolores Delgado consiguen para Sánchez el apoyo de los fiscales

La decisión de la cúpula de la fiscalía de apoyar la amnistía total choca frontalmente con la posición de los cuatro fiscales del proceso del 1-O.

Por tan solo dos votos de diferencia, la Junta de Fiscales de Sala aprobó ayer informar favorablemente al Tribunal Supremo sobre la aplicación de la ley de amnistía para todos los condenados por el proceso independentista catalán. El Fiscal General del Estado ejerció su autoridad para convencer a 18 de los fiscales presentes en la votación de que había que avalar los enjuagues de Pedro Sánchez con los partidos separatistas, sin los cuales estaría abocado a salir del poder.

Uno de los fiscales partidarios de aplicar la amnistía sin restricciones a los condenados del procès es la inefable Dolores Delgado, ministra de Justicia con Sánchez, a pesar de que el alto tribunal anuló su nombramiento como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, en cuya virtud tuvo el cuajo de asistir a la reunión. Su voto y el del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a un paso también de la imputación por revelación de secretos judiciales, han sido decisivos para romper el empate técnico al que estaba abocada la votación a tenor del resultado finalmente alcanzado.

La decisión de la cúpula de la fiscalía de apoyar la amnistía total choca frontalmente con la posición de los cuatro fiscales del proceso del 1-O, los cuales consideran que el delito de malversación de fondos públicos en que incurrieron los condenados en la causa no puede ser eliminado, en tanto produjo el enriquecimiento patrimonial de los principales encausados con dinero procedente de la UE. Precisamente, la ley aprobada por el Gobierno y sus socios excluye de su aplicación a los autores de delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Sin embargo, la mayoría de fiscales encabezada por García Ortiz ha decidido hacer una excepción en este caso, por lo que informarán favorablemente al Tribunal Supremo de que ese delito ha de ser también borrado. Es inaudito que los propios fiscales actúen en contra de sus compañeros encargados de defender los intereses generales en una causa de tanta relevancia como la del 1-O, pero con Sánchez en el poder ninguna afrenta es suficientemente escandalosa para que impere el decoro público.

Conseguido el apoyo de la cúpula de la fiscalía, cuyo plazo para informar al Tribunal Supremo acaba precisamente hoy, queda en manos del Alto Tribunal determinar si la amnistía concedida por Sánchez a sus socios separatistas ha de ser aplicada en su totalidad o, por el contrario, se excluye el delito de prevaricación por el que fueron condenados el expresidente catalán fugado de la Justicia, Carles Puigdemont; el exvicepresidente Oriol Junqueras; y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Toni Comín y Lluís Puig. Aunque esta decisión concreta no prejuzga la resolución de futuros recursos sobre la legalidad de esa ley espuria, es indudable que el apoyo de los fiscales a una aplicación laxa de su contenido pesará sobre los futuros juzgadores tanto en España como en la UE.

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