El mismo día en que se ha hecho pública la sentencia que condena al Ministerio del Interior por sancionar a los policías críticos con las decisiones políticas de esta área, se ha sabido que los becarios mexicanos de Nacho Cano en su musical Malinche se han querellado contra la Policía Nacional al considerar que los agentes que detuvieron este martes al productor musical les habían presionado con amenazas para que acusaran al músico de acoso sexual y de explotarles irregularmente.
Ciertamente, si a ello añadimos las propias declaraciones del músico así como el hecho de que fuera detenido sin mediar orden judicial para ello y sin que se diera ninguna de las circunstancias que obligan a la policía a proceder a una detención motu proprio -a saber, la de la quien se fugare del establecimiento penal en el que estuviera extinguiendo condena, al delincuente "infraganti" o al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo-, todo apunta a que la fugaz detención del conocido músico, con su consiguiente filtración a medios progubernamentales como El Pais y la Ser, obedece a una maniobra política destinada tanto a desacreditar a este conocidísimo músico que ha osado apoyar públicamente a la presidenta de la Comunidad Madrileña, Isabel Diaz Ayuso, como a desviar la atención mediática de las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo a la esposa y al hermano del presidente del gobierno, Begoña Gómez y David Sánchez.
Y es que, si el origen de toda esta actuación policial contra Nacho Cano está en una denuncia de una becaria despedida, lo lógico es que se hubiera atendido con la visita de inspectores laborales o, como mucho, con la citación judicial o toma de declaración del productor musical. Pero la irrupción de una docena de policías para llevar a cabo su detención, por fugaz que haya sido, resulta absolutamente circense y desproporcionada.
Es hasta cierto punto lógico que los sindicatos policiales hayan salido corporativamente en defensa de la presunción de inocencia de sus compañeros de cuerpo, pero la actuación es tan irregular que hasta alguno de los sindicatos como Alternativa Sindical de Policía ha admitido que "en este caso, observamos que podría tratarse de una operación de carácter político contra Nacho Cano, orquestada por el Ministerio del Interior y llevada a cabo por mandos policiales sumisos al ministro Marlaska".
Habrá que dar tiempo al tiempo para ver en qué acaba, desde un punto de vista judicial, todas estas actuaciones policiales contra Cano. Pero a nadie debería extrañar que, si ha habido nada menos que fiscales -entre ellos el propio Fiscal General del Estado- que se han prestado a hacer filtraciones de investigaciones contra la pareja sentimental de Ayuso, algo que está siendo objeto de investigación judicial, haya podido haber también mandos policiales que se hayan prestado a practicar esta injustificada e insólita detención de un artista que ha osado apoyar públicamente a la presidenta madrileña. A la postre, no es de extrañar que un gobierno social/comunista empecinado en desbordar los límites de una democracia liberal quisiera dotarse de mandos y agentes policiales propios de una república bananera.