Todo tiene un precio y todo está en venta. Esa es la moral socialista. ¿Cuánto cuesta la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalidad? Pues la igualdad entre españoles, nada que el PSOE no esté dispuesto a pagar, incluso con gusto. El precio es alto, una financiación "singular", el concierto vasco en Cataluña, que la Generalidad recaude todos los impuestos, el IRPF incluido. Y que del dinero obtenido los prebostes de esa administración decidan qué parte ceden al conjunto de España para los gastos comunes.
El concierto vasco para Cataluña es una reivindicación de los partidos independentistas desde 2010. Sostienen que la negativa de Mariano Rajoy a ceder la recaudación y gestión de los impuestos a la Generalidad fue lo que desató el proceso independentista. Aquel "España nos roba" que le resultó tan conveniente al amoral de Artur Mas para ejecutar unos recortes salvajes y culpar de ello al Estado, siempre a mano en Cataluña para asumir cualquier mochuelo. Lo que no explican nunca en los partidos separatistas es que ese genio que responde al nombre de Jordi Pujol descartó un sistema similar al vasco en Cataluña porque pensaba que recaudar impuestos era impopular y no quería que la gente identificara a su Generalidad con Hacienda. Prefería que el trabajo sucio lo hicieran otros.
Ahora es ERC quien exige al Gobierno la recaudación y gestión de todos los impuestos si quiere su voto para investir a Salvador Illa. Y el Gobierno, en lugar de negarse al chantaje, se somete sin reparos mientras los golpistas del partido republicano reclaman que el Ejecutivo se comprometa por escrito y que el traspaso se lleve a cabo sin posibilidad de vuelta atrás en el caso de que el PSOE caiga y gobierne el PP. Así es como entienden la democracia los separatistas, al modo chavista.
Que no se consume ese desastre de financiación depende de que haga efecto la presión de Carles Puigdemont en contra del acuerdo entre socialistas y republicanos. El prófugo, a la desesperada, amenaza con volver a España a pesar de que el Tribunal Supremo mantiene la orden de detención contra él por el cargo de malversación. Cree que ERC no se atreverá a entregar la Generalidad a los socialistas mientras él se entrega a la policía (a ser posible sus Mossos) en una especie de martirio "fake", una prisión provisional que podría durar como mucho unas pocas semanas.
Este es el fruto de la gestión sanchista del caos catalán, una financiación que supondrá la independencia económica de Cataluña en manos de la Generalidad, un expresidente prófugo y tarambana que amenaza con dejarse detener para evitar ese pacto y que el futuro de ocho millones de personas, el censo catalán, dependa de lo que decidan ocho mil militantes del partido de las campañas de falsa bandera. Si finalmente Illa es nombrado presidente de la Generalidad, no será el principio ni el final de nada, sino la culminación del "procés", un paso adelante más en el camino cada vez más corto de la independencia catalana.