Haría bien el Partido Popular en evitar los cantos de sirena de Pedro Sánchez dirigidos a los presidentes autonómicos. Las ofertas de diálogo del líder socialista son una trampa, una estafa o una maniobra de distracción. El acuerdo alcanzado por los socialistas con los separatistas de ERC sobre la recaudación y gestión de todos los impuestos por parte de la Generalidad no es algo que se pueda aplicar ni completa ni parcialmente en otros territorios. Tampoco es un modelo justo de financiación ni incluye cláusula de solidaridad alguna. El acuerdo es una concesión de Sánchez para investir a Illa que supone la independencia económica de Cataluña y sitúa la región un pasó más cerca de la independencia integral.
Sánchez pretende convencer a sus barones y al conjunto de los españoles de que lo que ha firmado con los separatistas es de aplicación general, pero el debate que se plantea no es en absoluto técnico, sino de mayor calado. Tiene que ver con la unidad de España, con el fin de la nación como comunidad política y con la liquidación de cualquier atisbo de igualdad entre los ciudadanos de España. Y lo que pretende Sánchez ahora es implicar a las regiones gobernadas por el PP en una especie de subasta fiscal y financiera que sólo puede aumentar las desigualdades, reducir la solidaridad interterritorial y afectar a la cohesión.
La pretensión socialista es que el PP contribuya al desmantelamiento del Estado de las Autonomías en favor de un Estado en el que Cataluña se erige en un actor independiente que establece una relación bilateral basada en el privilegio y en la explotación intensiva de un modelo financiero que consagra las desigualdades, profundamente injusto e insolidario. Frente a esa maniobra sanchista se requiere un PP fuertemente pertrechado y coordinado, que no se deje engañar sobre el fondo del debate, que no es una cuestión meramente económica, como plantea el presidente del Gobierno, sino que tiene que ver con la unidad y con la igualdad de los ciudadanos ante la ley y en materia de derechos sociales, políticos y económicos.
Lo que Sánchez y sus aliados separatistas pretenden es una España con ciudadanos de segunda que sufraguen los caprichos identitarios de los ciudadanos de primera hasta que decidan independizarse después de haber esquilmado a los "paganos", habitantes de territorios que al parecer carecen de la historia de la que sí dispone la región catalana. Y es Alberto Núñez Feijóo quien debe liderar la reacción frente al enésimo asalto social-separatista contra la igualdad y la justicia, no cada comunidad por separado ni en función de unos intereses económicos que no deben primar por encima de los intereses comunes del conjunto de los españoles.