A quien se moleste en leer el Reglamento Europeo sobre Libertad de Medios de Comunicación, le reto a encontrar en sus ciento veinticinco folios el ansia de control y venganza que destilan los adelantos que ha ido haciendo el presidente del Gobierno del contenido de su cruzada contra la supuesta desinformación y los presuntos bulos, cuyos detalles presenta ahora bajo el modoso nombre de Plan de Acción por la Democracia.
El reglamento europeo es de esos documentos bruselenses que uno se arrepiente enseguida de haber empezado a leer y del cual sus autores deberían arrepentirse de haber escrito —la insufrible jerga—, pero tiene como uno de sus principales objetivos proteger de las injerencias políticas a los periodistas y prestadores de servicio de comunicación. En cambio, el propósito del plan del Gobierno español, propósito tácitamente confesado, es crujir a las publicaciones que le molestan y, mejor aún, liquidarlas.
Lo primero que hay que decir es que el Plan se presenta sin más información pública previa que la poca que se dedujo del preanuncio de Sánchez en el mes de julio, tres meses y pico después de que, a la salida de su escapada para pensarse si dimitía, sorprendiera al mundo con un rotundo "me quedo", como si no hubiera sucedido nada, y proclamase que el gran enemigo a batir era lo que llamó, plagiando y falseando a Eco, la "máquina del fango".
No hará falta recordarlo, pero merece la pena insistir en que el detonante del extraño episodio fue la apertura de diligencias judiciales sobre ciertas actividades de su mujer. Porque de un detonante tan personal, sólo puede salir un proyecto a la medida para un interés personal que, por su cargo, también es político: presionar y eliminar a los que publiquen informaciones que le provocan indignación, enojo…y ganas de dimitir al actual presidente del Gobierno.
En un Estado miembro de la Unión Europea, un gobernante no puede reconocer abiertamente que se quiere cargar a la prensa que destapa posibles irregularidades suyas o de sus familiares. Ese gobernante no puede decir tampoco que la prensa miente, pero que en lugar de contentarse con acudir a los tribunales y utilizar los instrumentos legales que hay para defenderse en esos casos, va a lanzar una expedición de castigo contra esos medios. Como ninguna de estas cosas puede decirlas a las claras un jefe de Gobierno europeo, a menos que quiera que lo machaquen en la UE, en Moncloa han tenido la gran idea de encubrir una operación de censura con el respetable manto de una simple aplicación de un reglamento europeo.
Veremos qué trucos lleva este Plan para poder asfixiar económicamente a los medios molestos y favorecer con más fondos públicos a los amigos. Pero ya tenemos la inefable paradoja. La elaboración de un proyecto, que presume entre otras grandes cosas de garantizar la información, se ha rodeado de la mayor opacidad.