El Tribunal Supremo lo ha vuelto a hacer. Ha puesto en su sitio a los zascandiles voceros que vituperan permanentemente a los españoles en el Congreso, dejando en evidencia su indigencia intelectual y su indeseable inquina.
El auto del Alto Tribunal del que hemos tenido noticia razona de manera impecable acerca de la separación de poderes y la labor de interpretación legislativa que solo al Poder Judicial corresponde, aleccionando al Ejecutivo y sus socios sobre en qué consiste la democracia constitucional.
Concluyen los magistrados que la aplicación de la ley de Amnistía no puede traducirse en un puro ejercicio de voluntarismo político a la hora de incluir la malversación de caudales públicos en la que incurrieron los condenados del procés.
Su razón esencial es la existencia de beneficio personal de los condenados de carácter patrimonial, elemento del tipo del injusto que ha conformado la jurisprudencia para entender que la organización y financiación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 se hizo con dinero público en interés privado.
Y así fue, porque 7 años después de aquel día funesto y con la perspectiva que da el paso del tiempo, observamos con nitidez que el fin último de los dirigentes del separatismo catalán no era otro que actuar impunemente para ejercer un poder totalitario en su República catalana.
¿Qué mayor beneficio puede haber para un gobernante despótico que la ausencia de control democrático?
¿Qué mayor lucro puede obtener un dirigente fundamentalista que hacer y deshacer a su antojo?
Debo recordar que el proyecto encabezado por un prófugo de la Justicia como Puigdemont, reservaba en su arcadia feliz para sí poder nombrar a los jueces, yendo más allá de lo que López Obrador ha aprobado para Méjico en su reforma del sistema judicial de jueces elegidos por el pueblo.
Y al igual que Puigdemont erró al subestimar el imperio de la ley, Sánchez se ha equivocado al pretender legislar al margen de la ley.
En su día y en sede parlamentaria, cuando era diputado en el Parlamento de Cataluña, le hice saber a su entonces presidente que declarar la República desde el atril de la cámara, suspender esa declaración al instante e incendiar la calle, era la actuación propia de un "perfecto cobarde".
Afortunadamente, hay al menos prueba gráfica de esa obligada acción, aunque el interpelado me acusara en un desmemoriado y falsario libro de memorias que hubo insulto y agresión por mi parte.
No se puede ser más inicuo y mentiroso.
Pero lo más importante para nuestra democracia es la última demostración que los jueces del Supremo han ejecutado en defensa de la igualdad y la libertad de todos los españoles, a pesar del sanchismo y su ansia de poder.
Sabemos que será el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre el parecer del Tribunal Supremo y, visto lo visto, no espero coincidencia de pareceres.
Finalmente, será la Justicia europea la que dictamine sobre el ajuste de la injusta norma a los principios de la Unión, más allá de la constitucionalidad que Conde-Pumpido, presidente del Tribunal de garantías, proclamará con toda seguridad cuando más convenga a Pedro Sánchez.
Lo dicho por el Tribunal Supremo es difícilmente rebatible en términos jurídicos a pesar de que el único voto discrepante de la Sala se haya apartado de la mayoría, calificando de "ficción jurídica" el núcleo de la decisión adoptada, en una interpretación mecanicista más propia de la inteligencia artificial que de una recta administración de justicia humana.
La discrepancia se funda, en resumen, en defender la voluntad política por encima de cualquier otra consideración. En una especie de supremacía del legislador frente a su intérprete, cuando en verdad debería ser un equilibrio de poderes, con aceptación del rol que cada uno de ellos, el Legislativo, Ejecutivo y el Judicial, no deberían nunca abandonar.
Además, fue el propio Legislativo el que en la tramitación de la norma aceptó restringir el alcance de la amnistía respecto de la malversación dando así cabida a la exégesis judicial que ahora nos llega.
En una labor pedagógica encomiable, el ponente del auto que niega ese alcance omnicomprensivo de la amnistía argumenta que lo sucedido con la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 es como lo del funcionario que proyecta el banquete de boda de su hijo, asume su obligación de pago, pero finalmente lo sufraga el erario público. Concluye así que el beneficio económico personal es innegable. Pues eso.
Soy de los que piensan que España superó la difícil hora del proceso soberanista gracias al Discurso del Rey Felipe VI el 3 de octubre de 2017, en el que dijo:
Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común.
Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones.
Ese liderazgo institucional fue seguido luego de la impecable actuación de la Sala 2ª del Tribunal Supremo y de la Fiscalía, respetando las garantías constitucionales de los condenados por sedición y otros delitos, y en el que tuvieron un juicio justo con derecho a la presunción de inocencia.
El alto precio que pagó la sociedad española y su pacífica convivencia es una evidencia, la ruptura de lazos familiares y de amistad ahí sigue, los temores y anhelos de muchos ciudadanos de bien coexisten, y protegiendo nuestros derechos fundamentales el papel desempeñado por las más altas instituciones del Estado fue crucial y lo va a seguir siendo.
Mientras que el agradecimiento a su labor es compartido por la mayoría de españoles, el "quejío" de los que delinquieron y sus corifeos no deja de ser la máxima expresión de su españolidad con otro acento.