La Conferencia de Presidentes nació como un órgano político en el que las comunidades negocian con el Gobierno central los grandes ejes de la política territorial del Estado. Se trata, por tanto, de un encuentro destinado a coordinar la acción de las autonomías y el Gobierno con perspectiva nacional. Tal vez por eso mismo, Sánchez llevaba sin convocar una reunión con los presidentes autonómicos desde 2022, a pesar de que la norma fundacional del organismo establece que ha de reunirse, como mínimo, dos veces al año.
Sánchez programó finalmente el encuentro con los presidentes el pasado viernes no por un sentido del deber institucional, actitud ajena al personaje, sino por la necesidad imperiosa de aprobar la financiación especial para Cataluña, en cumplimiento de sus acuerdos con ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente del gobierno regional catalán. Como era de esperar, el intento de extender a Cataluña la financiación privilegiada del País Vasco y Navarra se saldó con un nuevo fracaso.
El planteamiento que Sánchez llevó a la reunión era doblemente tramposo. Por un lado trataba de incardinar la entrega de las finanzas estatales a la Generalidad de Cataluña apelando a una especie de modelo federal de financiación mientras que, por otro, se proponía limitar la capacidad normativa de las comunidades en materia impositiva. Es decir, federalismo asimétrico para Cataluña y recentralización coactiva para las demás comunidades, una estrategia que no esconde el objetivo real de castigar a Madrid, cuyo modelo de reducción de la presión fiscal desde hace tres décadas desnuda el fracaso de las políticas socialistas en las comunidades donde ha gobernado.
Pero el gran argumento de Sánchez para hacer pasar a las autonomías por las horcas caudinas de su deseo de permanencia en el cargo es la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, un asunto que, según anunció, será tratado en el Consejo de Política Fiscal y Económica previsto para el próximo mes de enero. Se trata, de nuevo, de otra trampa del sanchismo que solo busca beneficiar a Cataluña en detrimento del resto de autonomías, a las que se ofrecerá el incentivo perverso de que cuanto peor lo hagan en el terreno económico, más beneficios obtendrán.
El ejemplo paradigmático de esto último es, precisamente, Cataluña, región sumida en la ruina no por un problema de falta de financiación, como lloriquea el separatismo, sino por el latrocinio, el despilfarro y la torpeza de su clase política, acreditada especialmente a lo largo de las últimas décadas. Justificar el "cupo catalán" con la necesidad de mejorar las finanzas de una comunidad despilfarradora, en detrimento de otras que sí arrastran un problema de infrafinanciación severo como Murcia, Andalucía y especialmente Valencia, castigada doblemente por los efectos de la DANA, es una tremenda injusticia que solo puede entenderse por la falta de escrúpulos del presidente del Gobierno, dispuesto a castigar a los ciudadanos de las regiones más necesitadas para mantenerse en el poder.
A falta de lo que decidan las comunidades socialistas, cuya euforia con los planteamientos del sanchismo es perfectamente descriptible, los intentos de Sánchez de pervertir el sistema territorial consagrado en la Constitución para beneficiar a Cataluña parecen abocados al fracaso. La reunión con los presidentes autonómicos del pasado viernes es un precedente que al menos las comunidades del Partido Popular deberían asumir como una referencia política fundamental para lo que quede de legislatura.