Pocos espectáculos más denigrantes para una democracia cabe imaginar que el de un terrorista en una comisión parlamentaria. El hecho no es inédito. En el Congreso han tenido escaño terroristas confesos y condenados, pero lo sucedido en la comisión sobre los atentados islamistas en Cataluña en agosto de 2017 supera con creces las altas expectativas relacionadas con la inmoralidad de socialistas y separatistas. Invitar a uno de los condenados por esos ataques, Mohamed Houli Chemlal, a la comisión para que sustente la teoría independentista de que el Estado sabía que se iban a producir los atentados si es que no los perpetró directamente el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) muestra hasta qué extremo el PSOE y Junts desprecian la sede de la soberanía nacional y están dispuestos a liquidar el Estado.
La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo resumió perfectamente lo sucedido: "Han traído un terrorista al Congreso para llamar terrorista al Estado, un hito en la escalada de la degradación de la democracia". Carles Puigdemont y su partido, Junts, han insistido desde que se produjeron los hechos en la supuesta autoría o connivencia del Estado. Los atentados habrían sido una operación de las cloacas para acabar con el proceso independentista, según la delirante y tortuosa versión de Junts.
El partido separatista acusa al Estado como siempre, sin pruebas y de los mayores crímenes posibles. Se evita así Puigdemont dar las explicaciones que se negó a facilitar como presidente de la Generalidad en aquel momento. La ejecución a campo abierto del terrorista que condujo la furgoneta por las Ramblas y los avisos llegados a los Mossos por parte de autoridades policiales estadounidenses y belgas suscitaron preguntas a Puigdemont y Trapero, entonces el jefe policial de los Mossos, que quedaron sin respuesta. Tras un reguero de dieciséis víctimas mortales y cientos de heridos, el gobierno catalán se dedicó a propagar que la respuesta de los Mossos a los ataques demostraba que Cataluña estaba preparada para ser un Estado mucho mejor que el español.
También aprovecharon las trágicas circunstancias para comenzar a tejer la urdimbre de la delirante teoría sobre la responsabilidad del Estado y de la Corona (se llegó a acusar al Rey de vender armas en persona a los terroristas). No hubo límites en la campaña separatista de utilización y manipulación de los atentados. Tampoco los hay ahora cuando se trata de erosionar al Estado, cargarse al CNI, poner en duda la actuación de los jueces y exprimir a Pedro Sánchez.
Si hay que arrastrar el decoro y la dignidad del Congreso, pues se hace. Si hay que insultar la memoria y la dignidad de las víctimas con la presencia de un terrorista, pues adelante. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, no será quien ponga impedimentos a Junts para enlodar la cámara. Les debe el cargo. También Pedro Sánchez, dispuesto a destruir al Estado sin necesidad de que se lo pida Junts.