La localidad gerundense de Salt ha sufrido esta semana un estallido de violencia que nada tiene que envidiar a los que sufren los extrarradios de las principales ciudades europeas. El desahucio de la familia de un imán que llevaba años sin pagar la hipoteca, según el alcalde, Jordi Viñas, de ERC, fue el detonante de unos incidentes que mostraron a las claras la crisis de inseguridad en la región.
Los sindicatos de los Mossos aseguran que la ciudad está perdida. Los imanes de Salt controlan su territorio y el desahucio de uno de ellos tuvo consecuencias. Durante dos noches, las protestas en apoyo del imán y su familia degeneraron en ataques a la policía y destrozos mientras los Mossos respondían con equipos de mediación con los imanes. El alcalde trata de desviar la atención hacia el problema de la vivienda, pero él mismo ha asegurado que el imán y su familia pueden pagarse un alquiler y que tienen ingresos suficientes como para no requerir de ayudas sociales. El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, apunta a la extrema derecha, que identifica con el PP, Vox y Aliança Catalana. Y la CUP, el partido de extrema izquierda que sí es "bendecido" por los de los cordones sanitarios, felicita a la comunidad musulmana de Salt por atacar a los Mossos y define una nueva catalanidad, la de tirar piedras a la policía y quemar contenedores. Dignos sucesores de los terroristas callejeros vascos.
En ese contexto de desprecio por la propiedad privada, la libertad y la seguridad ciudadana el episodio de Salt es una consecuencia de la falta de autoridad y de reflejos del gobierno autonómico socialista. Muestra también el riesgo de entregar las competencias de inmigración y fronteras a una administración incompetente. Pero es que además de lo de Salt, la actualidad catalana viene marcada por un espectacular incremento de los crímenes con armas de fuego que los Mossos atribuyen a las bandas que controlan el tráfico de drogas en una región convertida en capital mundial de la marihuana y en la que han comenzado a operar sicarios de gatillo fácil. La ausencia de una respuesta política, policial, penal y penitenciaria a la altura del reto planteado facilita la implantación de bandas y mafias cada vez más violentas.
Las crisis catalanas se solapan. Imanes constituidos en un poder al margen de las leyes, bandas de narcos que marcan territorio a tiro limpio y unos partidos, fundamentalmente de izquierdas y nacionalistas, caracterizados por su irresponsabilidad, frivolidad e incompetencia. Que en ese contexto el Cercle d'Economía sostenga que la financiación es el principal problema de Cataluña es de chiste. Y que acuse a la Comunidad de Madrid de insolidaridad, una muestra de cinismo digna del separatismo golpista.