Corría el año 2021 cuando el Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera archivó el proyecto de adecuación y drenaje en el Barranco del Poyo. ¿El motivo? El alto coste que suponía –unos 227 millones de euros– era insuficiente en relación con los beneficios potenciales y los costes ambientales esperados.
Dicha decisión fue un terrible error político, pues según el Centro de Integración de Datos de la DANA, de los 229 fallecidos al menos el 90% se produjeron por el desbordamiento en la Cuenca del Poyo. De hecho, según la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Ingeniería Civil (AICCPIC), "de haberse planificado y ejecutado con tiempo todas las obras hidráulicas en la provincia de Valencia, se habrían evitado muchas muertes".
Es decir, invirtiendo ese dinero es mucho más probable que le hubiésemos podido salvar la vida a más de 200 personas, estableciendo la macabra relación de algo más de un millón de euros por vida humana, pero parece ser que para Teresa Ribera no debió de ser suficiente.
No niego la responsabilidad que tiene Carlos Mazón y me parece correcto que hoy dimita –de hecho, debió de hacerlo hace mucho–, pero esta es muy inferior a la que tiene Teresa Ribera, pues la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente de su ministerio, también falló en los avisos del caudal que llevaba el Barranco del Poyo.
Según sus propios protocolos, la Confederación debía de haber dado la alerta cuando el caudal del barranco superara los 30, los 50 y los 150m3/s, algo que ocurrió a las 16:10, a las 16:55 y a las 17:20, respectivamente. Sin embargo, el aviso no se envió hasta las 18:43, cuando se remitió a la Delegación de Gobierno un correo que informaba de un caudal de 1.683m3/s. ¿Pero saben ustedes qué es lo peor? Que a esa hora el flujo real ya superaba los 2.000 y el dato que se estaba dando era el de las 18:20.
Es decir, no solamente los funcionarios dependientes de Teresa Ribera incumplieron presuntamente sus propios protocolos no informando en su momento de que se habrían sobrepasado los tres escenarios, sino que en una situación crítica de emergencias tardaron 23 minutos en escribir un correo que tenía literalmente 52 palabras, ofreciendo el espeluznante ritmo de dos palabras por minuto mientras la gente comenzaba a ahogarse.
A pesar de todo lo expuesto, estoy convencido de que la mayoría de quienes me están leyendo no tenían ni idea de todo lo que estoy contando, pero se ha hablado hasta la extenuación de la comida de Mazón en el Ventorro. Sobre esto, hay que aclarar que, puesto que la consejera de Emergencias era Salomé Pradas, esta tenía la competencia y el deber de mandar el aviso a la población, de modo que la responsabilidad de Mazón sería in vigilando por haber designado a una señora que no hizo adecuadamente su trabajo –como la tiene y no la asume Pedro Sánchez por haber designado a Ábalos y a Cerdán–.
No hay constancia de que la Confederación Hidrográfica del Júcar avisara a las instituciones que estaban coordinando los servicios de emergencias del caudal que llevaba el Barranco del Poyo más allá del correo antes descrito, el cual se mandó en un momento en el que los ojos estaban puestos en la presa de Forata, por lo que la toma de decisiones sobre el envío del aviso estaba viciada por la falta de información.
En suma, en relación con todo lo expuesto podemos inferir que, tanto por no haber realizado las obras que hubieran evitado buena parte de las muertes, como por no haber sido diligente en el aviso del caudal que llevaba el Barranco del Poyo, el peso de responsabilidad recae en el Ministerio de Transición Ecológica que dirigía Teresa Ribera, a la cual se la ha premiado con un puesto en la Comisión Europea pagado con más de 400.000€ anuales. Por el contrario, todos estos hechos apenas están en el debate público porque el PSOE tiene a toda su maquinaria y a su equipo de opinión sincronizada vendiendo el relato las 24 horas del día, mientras la oposición sigue sin saber combatirlo mediáticamente.
Y es precisamente ese dominio del relato lo que hoy estamos viendo. Podrán imponer su versión, desviar culpas o premiar a los suyos con cargos dorados en Bruselas, pero ni los argumentarios ni los ascensos borran los hechos: 229 vidas se perdieron en un desastre que pudo haberse evitado. Y aunque el PSOE haya ganado la batalla del relato, nunca podrá ganar la de la conciencia, porque sobre ellos pesará siempre la certeza de que su estrategia les sirvió para salvar el poder, pero no para salvar vidas.