Los necesarios puntos de sutura en el sector de la Defensa

Llevo más de treinta y cinco años dedicado al mundo de la industria de la Defensa desde todas las ópticas posibles: administración, empresario, consultor, consejero y escritor. En este tiempo, he vivido aventuras extravagantes —como fabricar discos duros en una factoría de armas—, fracasos industriales y tecnológicos importantes, privatizaciones y consolidaciones imprescindibles como la de INISEL e Indra. También he sido testigo de la internacionalización, años de vacas flacas y de vacas gordas, los ataques a nuestra soberanía industrial y la definición del mecanismo de préstamos de industria que no imputaran al déficit en el difícil momento de la convergencia al Euro, lo cual dio pie a los programas especiales, fusiones exitosas y otras fracasadas.

He pasado la mitad del tiempo trabajando fuera de España para empresas de Defensa y gobiernos, lo que me permite conocer de primera mano lo que ocurre fuera y extraer lecciones. Como presidente de la Global Industrial Cooperation Association, que englobaba a las grandes empresas de Defensa de los cinco continentes y en cuyo comité ejecutivo permanecí más de quince años, aprendí la importancia estratégica, casi ineludible, de la cooperación industrial y de los acuerdos de offsets.

Toda esta experiencia no me legitima para nada en concreto, pero me permite hablar con criterio sobre el sector industrial de Defensa en España. Quiero empezar afirmando que, durante décadas, el Gobierno no desarrolló una política industrial de Defensa por razones de conveniencia política, ya que era un sector lastrado por el bajo presupuesto y difícil de entender. Lo que no resultaba esperable hace apenas cuatro años es que el Gobierno se lanzara a una vorágine inversora con prisas —porque la demanda venía de fuera y no era militar— y, de paso, se implicara en la política industrial siguiendo ideas que ningún país del mundo ha perseguido, por mucho que digan lo contrario.

En el último año, como seguimos sin presupuestos (algo imposible de explicar a Donald Trump o a cualquiera con sentido común), el único mecanismo posible para ventilar de golpe el objetivo de gastar unos 10.000 millones era pasar el dinero a la industria. ¿Para hacer qué? Bueno, eso ya se vería; sería "cocina interna" y habríamos explicitado el objetivo. Otra historia es cómo se ha ejecutado, algo que parece que se resolverá en los tribunales o entre las partes si el Gobierno se pone manos a la obra.

Pero, como siempre pasa en casa del pobre, más que digerir nos hemos indigestado. Nos hemos visto salpicados por desencuentros que nunca existieron y que no debían haber existido por el bien de la industria y del país. Es común pensar que los intereses particulares coinciden con los del país, pero es una excusa barata; los intereses del país corresponden a todos, sin exclusiones.

Si algo ha caracterizado a este sector entre 1990 y 2026 ha sido la caballerosidad. El sector siempre ha ido a una porque a todos les interesaba y porque, en la unidad, todos ganaban lo suficiente. Si algo he aprendido es que no se puede ganar siempre ni ganarlo todo; algunos lo creen, pero no tardan en descubrir su error. Tenemos un sector industrial potente que aún tiene carencias, pero esto no debe preocuparnos: igual que queremos exportar, hay que admitir que debemos importar. Lo importante es saber qué debemos nacionalizar de esas importaciones; estas tecnologías no se refieren a plataformas, sino sobre todo a sistemas, componentes y equipos. Esta es la clave y el valor añadido. Nos faltan algunas capacidades de integración, como en el campo de misiles, pero si somos inteligentes con los programas en marcha, podemos conseguirlo.

En el mercado de la Defensa no es inusual que haya empresas públicas o participadas; en la Europa continental lo vemos en todos los países, pero ninguna compite con otras empresas de su propio país (un excelente ejemplo es Navantia). Cubren necesidades que la industria privada no ha satisfecho, pero no salen a dinamitar el resto del sector. Ningún gobierno democrático puede dirigir a todo un sector industrial, solo corregir deficiencias. Antes que gobierno, las empresas públicas son empresas, y el Estado debe respetar su autonomía y las decisiones que adopten para beneficio de sus accionistas, no para componendas de difícil justificación.

En un monopolio de demanda, el comprador no puede arrogarse el poder para discriminar, solo para reforzar capacidades; no para intervenir, sino para clarificar. No es una dictadura en la que el Gobierno decide quién hace qué y cómo; en la Unión Europea no hay cabida para estas prácticas. Cualquier empresa, por minúscula que sea, debe ser arropada por el Gobierno con extraordinario cariño, porque así es como hay que tratar a los empresarios y a sus trabajadores. Gestionar el presupuesto no nos hace dueños de los recursos, sino meros administradores que deben dar cuentas a sus accionistas: los españoles.

Las empresas públicas complementan o son tractoras de capacidades nacionales; no deben abusar de una posición dominante, y menos si esta procede de decisiones arbitrarias del comprador. Esto acaba perjudicando a todos, especialmente al que se beneficia de decisiones dirigidas de las que no gozará cuando compita fuera. Un "campeón nacional" no es el que domina su mercado interno, sino el que tracciona a la industria nacional en sus aventuras en el exterior, como hicieron Iberdrola, Banco Santander o Acciona, llevando su cadena de suministro por todo el mundo.

El Gobierno debe respetar la propiedad privada y las decisiones empresariales. No debe enviar el mensaje de que las inversiones corren riesgo en España si no satisfacen al poder de turno. Los gobiernos nunca regalan nada y, con la misma frivolidad con la que entregan algo, lo pueden quitar; por ello, las empresas harían bien en no tomar atajos que acaban siendo caminos de cabras.

El Estado tiene una función más importante que organizar la vida de los demás: organizarse a sí mismo. Las decisiones de compras y la gestión de programas deben ser realistas y no inmiscuirse únicamente en las capacidades militares necesarias. Muchos retrasos no son culpa de las empresas, sino de decisiones públicas erróneas. No son fallos técnicos; cualquier jefe de programa sabe perfectamente cómo gestionar si tiene autonomía y apoyo técnico.

No tiene sentido eludir capacidades nacionales para acudir a otros mercados que reducirán nuestra competitividad solo por hacer política industrial a corto plazo. Los desarrollos comienzan desde TRLs muy bajos; no se pueden comprar productos maduros como si fueran desarrollos propios para luego "vender la burra". Un comprador debe asumir riesgos tecnológicos, pero no trasladarlos a los programas de producción cuando ya es tarde, pues las consecuencias son perniciosas y las pagamos todos.

Tenemos un sector industrial potente, y esa realidad es la que ha hecho que gigantes mundiales inviertan en España, haciéndonos mejores. La cuestión es: ¿por qué nuestras empresas no actúan en sentido inverso? ¿Por qué el Gobierno, en lugar de empujar a comprar empresas en casa por clientelismo, no incentiva la compra fuera, donde está el futuro? Ser grandes "per se" no sirve de nada. Lockheed Martin ha seleccionado a una empresa española, Tecnobit, como uno de sus suministradores de élite global, e Indra vendió simuladores en Estados Unidos hace veinte años colaborando con Boeing. Hay decenas de casos de éxito.

Las aguas deben volver a su cauce. En este sector nadie sobra, y mucho menos quienes han creado empresas de éxito o las PYMES que innovan día a día y que no encuentran canales de crecimiento porque los clientes solo piensan en absorberlas para evitar riesgos o, simplemente, destruirlas.

Es necesaria una reordenación de los programas que promueva el desarrollo nacional y a las empresas que ya operan aquí; que las adquisiciones exteriores generen actividad industrial de calidad y, sobre todo, autoridad de diseño (como aprendimos con los códigos fuente del F-18). Tener un presupuesto estable sería lo óptimo; una Ley Programa que salvaguarde la Defensa de las discusiones anuales sería excelente.

Somos un país avanzado y miembro de la OTAN; no deberíamos buscar soluciones lejanas cuando las tenemos en nuestro ámbito. No podemos alimentar industrias de países emergentes que competirán contra nosotros en el futuro, salvo que existan alianzas asociadas a la exportación. Forzar alianzas contra intereses corporativos rara vez es bueno. Las empresas saben cómo cooperar y el Gobierno debe interferir lo mínimo: aparecer para apoyar, no para destruir lo construido durante décadas. Solo así nuestras Fuerzas Armadas y las de nuestros aliados dispondrán de los mejores equipos. Lo peor sería desaprovechar esta ocasión histórica para unir, cerrar heridas y salir con un sector fortalecido que cumpla su único fin: servir a la paz y a la seguridad.