Como era de esperar, la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura se saldó con un nuevo fracaso ante la falta de entendimiento con Vox para ahormar un pacto de legislatura. Los dos partidos del centroderecha español están obligados a entenderse si no quieren provocar una desafección histórica entre sus votantes, que no van a tolerar indefinidamente estas argucias estériles en que se han embarcado sus dirigentes con el único fin de dañarse mutuamente. Tras el fiasco del pasado viernes se abre ahora un plazo de dos meses para intentar una nueva investidura, plazo suficiente para que PP y Vox, aclarado momentáneamente el horizonte electoral, actúen con la inteligencia y altura de miras que exigen los tiempos actuales.
El partido de Santiago Abascal afronta estas negociaciones en medio de una fuerte crisis interna, provocada expresamente por la directiva nacional para purgar a los dirigentes territoriales que no comulgan con los mandatos que provienen de la calle Bambú. Es el caso de Javier Ortega Smith, fundador de la formación que ha sido expulsado de malas maneras de los cargos representativos y orgánicos que ostentaba, y el de José Ángel Antelo, el referente del partido conservador en Murcia, al que se ha destituido de su cargo en el Parlamento regional entre graves acusaciones de tráfico de influencias.
Este último caso es, tal vez, el más representativo del carácter autoritario del partido de Abascal a la hora de dirimir sus diferencias internas con los dirigentes territoriales. Porque, si es cierto que al presidente de Vox en Murcia se le retira la confianza por graves sospechas de corrupción, ¿cómo se explica que unos días antes se le ofreciera seguir liderando la candidatura del partido en las elecciones autonómicas del año que viene? ¿Acaso Vox está dispuesto a llevar a presuntos delincuentes al frente de sus listas electorales?
Sin prejuzgar la veracidad de las acusaciones vertidas en los medios de comunicación, de las que nadie en el partido de Abascal ha tenido la gallardía de responsabilizarse, lo cierto es que las formas con las que se ha apartado a Ortega Smith y Antelo de sus responsabilidades son las propias de una organización cerrada sobre sí misma que no tolera la menor disidencia. El caso de Murcia resulta especialmente significativo, porque Vox ganó allí las elecciones generales de 2019, ha formado parte del Gobierno regional hasta que Abascal decidió lo contrario y, a día de hoy, las encuestas lo sitúan prácticamente como segunda fuerza política, por delante del PSOE.
El presidente de Vox y su círculo político actúan como si estuvieran dirigiendo un club privado con el culto al líder como única razón de ser, pero lo cierto es que dirigen un partido de Estado, llamado a desempeñar un papel importante en la mayoría de las comunidades autónomas y en el futuro Gobierno de España, si es que Alberto Núñez Feijóo y Abascal no se empeñan en regalarle otra victoria pírrica a Pedro Sánchez, como hicieron en 2023.