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Democracia esperpéntica

Quien en España no se indigne ante el comportamiento de la presidenta del Tribunal Constitucional y sus correligionarios no creo que pueda llamarse con propiedad ciudadano.

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Porque el mundo no es por principio ni bueno ni malo, como diría un defensor del meliorismo, sino todo lo contrario, creo que la actuación del Pleno del Tribunal Constitucional a la hora de valorar el posible asesoramiento de su presidenta a una mujer implicada en un asesinato, seguramente, no ha tenido otro objetivo que perfeccionar este mundo susceptible, según la filosofía de este organismo, de mejoramiento indefinido. Felicidades, pues, a todos los miembros, comenzando por su presidenta, por contribuir de modo tan desinteresado como sacrificado al perfeccionamiento de una sociedad llena de egoísmos y actitudes pesimistas ante sus instituciones. Felicidades a todos, excepto al magistrado Rodríguez-Zapata, que no ha querido pronunciarse sobre el asunto, por dejar las cosas claras en un comunicado del citado tribunal a la opinión pública: la presidenta del Tribunal Constitucional, según este organismo ha actuado impecablemente.

Todo está aclarado en el ámbito de las musas. No creo que ningún pensador socialista, o sea, del PSOE se atreva a cuestionar esa ajustada doctrina meliorista de los miembros del Tribunal Constitucional. Otra cosa será, sin embargo, si pasamos al genuino teatro de la vida social y política, a la vida, del propio Tribunal Constitucional. El meliorismo filosófico, doctrina tan meliflua como brillante cuando es expuesta en los manuales de filosofía, pasa a ser sospechoso de ocultar algo en el ámbito de la valoración del comportamiento del miembro más relevante del Alto Tribunal, cuarta autoridad en el orden jerárquico del Estado. Incluso la nota de prensa que emite el Gabinete de la Presidenta del Tribunal Constitucional resulta inquietante para quien la lea con mirada limpia, pues que no deja de resultar extraño que el organismo que debe juzgar y valorar una conducta esté presidido por la persona sometida a valoración. Raro.

Además, y para hacer la cosa más complicada y oscura, la nota emitida por el Tribunal excluye a cualquier otra "institución" de tener la posibilidad de valorar el comportamiento institucional de la presidenta y de cualquier otro miembro del Tribunal Constitucional. Supongo que se referirá únicamente a instituciones de carácter exclusivamente estatal, porque si no estaríamos en una dictadura de este tribunal sobre toda la sociedad. El comunicado es, en cualquier caso, contundente: sólo el propio Tribunal Constitucional, a través de su Pleno, puede valorar constitucionalmente los comportamientos de los miembros del Tribunal. Terrible, pero cierto: "El Pleno del Tribunal Constitucional es el único órgano constitucionalmente competente para la valoración de los comportamientos institucionales de sus miembros."

No seré yo quien descalifique a esta nota de prensa como totalitaria, entre otras razones porque carece del mínimo rigor argumentativo para discutir con ella y "acusarla" de algo con fundamento. La redacción del texto parece más propia de un grupo de pandilleros que cierran filas con su jefecillo. La nota en cuestión, se mire desde donde se mire, roza el esperpento y muestra el verdadero rostro de nuestras instituciones públicas. Toda ella es bochornosa. Los miembros del Tribunal Constitucional, así como los partidos que los nombran, parecen más unas cuadrillas organizadas en aprovecharse del espacio público, o sea, de lo común de los españoles, que en representar con dignidad a la nación. Esta gente parece haber perdido por completo el sentimiento de la propia dignidad. Su aidós, como dirían los griegos, ha sido pisoteado con esta nota de prensa que reitera su confianza a la presidenta del Tribunal Constitucional.

Menos mal que este tipo de comportamientos "corporativos" y pandilleros, por no decir algo peor, aún no han conseguido terminar con el otro gran sentimiento, o mejor, fundamento exterior de la sociedad, la némesis, o sea, la "justa indignación" ante las indignidades ajenas. Quien en España no se indigne ante el comportamiento de la presidenta del Tribunal Constitucional y sus correligionarios no creo que pueda llamarse con propiedad ciudadano.

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