El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha hecho unas declaraciones propias de un totalitario, o mejor, de alguien incapaz de reconocer que la oposición política desempeña un papel clave en las democracias occidentales. Cuando Sevilla dice que la crítica de la oposición deslegitima las instituciones democráticas, confunde al Gobierno con las instituciones democráticas. Entre políticos totalitarios es normal esta confusión: identifican la institución del Gobierno con la tarea perentoria de un determinado gobierno. El gobierno actual socialista, como antes el gobierno popular, está lejos de representar todas las aristas de la institución del Gobierno de la Nación. Para que lo entienda el señor Sevilla se lo digo de otro modo: la actual administración socialista no agota la administración del Estado. Las críticas al gobierno socialista no deslegitiman, por lo tanto, la institución del Gobierno sino a su "ocupación" socialista.
Por lo mismo, puedo decir que el Gobierno de Zapatero es legal, pero llegó al poder en unas condiciones tan extrañas que su legitimidad de origen no sólo sigue siendo precaria sino inexistente. Mientras que en la legalidad se está, la legitimidad se gana cada día. Sevilla, sin embargo, también confundirá interesadamente la legalidad y la legitimidad. Es consciente de que todo el poder alcanzado el 14-M apenas ha conseguido alguna racionalidad con sus políticas arbitrarias y partidistas. No ha conseguido limpiar su horrorosa actuación entre el 11-M y el 14-M. No ha logrado superar el peligroso juego de "queremos saber" –grito socialista de los días 12, 13 y 14 de marzo– sobre la sangre derramada de cientos de inocentes. Más aún, ese grito se ha vuelto definitivamente contra el Gobierno, porque oculta sistemáticamente cualquier información que pudiera ser relevante para descubrir qué pasó realmente el 11-M.
Los nervios y las malas maneras socialistas proceden de esa carencia de legitimación democrática. Porque el Gobierno está asustado como un animal herido, corremos el riesgo de ser alcanzados por sus agresivos zarpazos. El problema, sin embargo, no reside en su falta de legitimación, sino que su tarea de desgobierno está deslegitimando instituciones básicas de la democracia. Hace tiempo, sí, que la democracia está en peligro. Hace tiempo, sí, que vivimos como si estuviéramos en una estado de excepción permanente. Hace tiempo, sí, que nadie sabe a qué atenerse con el presidente del Gobierno. O sea, cuando una nación no sabe a qué atenerse, o mejor, cuando en ella todo puede suceder, estamos a las puertas de un Estado totalitario.
Las instituciones, en efecto, no están deslegitimadas por la tarea de la oposición, tampoco por la tarea crítica de cuatro o cinco medios de comunicación, sino porque el Gobierno se ha encargado de utilizarlas sólo y exclusivamente para su servicio. La oposición ha sido barrida por mor de un partido socialista que pacta con el nacionalismo antes que con un partido nacional. Deslegitimada la nación, la institución de la nación española, todo lo demás se cae por su peso. Eliminado el pilar básico, la nación, el resto de instituciones son un juego en manos de políticos tramposos y ventajistas. En eso estamos. Todo depende de la arbitrariedad del poderoso.