Si el nuevo fascismo, o mejor, la nueva mentalidad fascista, libre ya de los correajes de los treinta, es definida como el intento permanente por satisfacer cualquier demanda de la población, por minoritaria e irracional que sea, siempre que coadyuve a expulsar del ámbito institucional a la oposición, entonces la aprobación de la Ley de Matrimonio de Homosexuales y Lesbianas, o como se llame, constituye el mayor acto de nuevo fascismo que el Gobierno de Zapatero ha llevado a cabo en esta triste legislatura.
La prueba de lo que digo es que, desde que fue aprobada la ley, no se han realizado más de 27 matrimonios de gays y lesbis frente a los 27.000 de matrimonios heterosexuales, o sea, de matrimonios. Por lo tanto, esta nefasta ley no puede ser más minoritaria y excepcional. Yo diría que se trata de una ley para que el gobierno intervenga en los actos más íntimos y privados y, de paso, busque un elemento de discordia con la oposición para acusarla con cualquier improperio. Terrible lo del PSOE: aprueba leyes para buscar un titular que saque a la oposición del tablero político. Y es que una ley que fue aprobada con más de un millón de personas protestando en la calle, con el voto negativo del PP, que representa a casi la mitad de los votantes de España, y con los informes negativos del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y de la Academia de Jurisprudencia, no puede traer nada bueno.
Sin embargo, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Diego López Garrido, antes comunista, ahora socialista y vaya usted a saber qué mañana, ha dicho que el PP es un partido “facha”, porque prepara un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley. Esto parece el mundo al revés. No puedo creer que este señor vaya de progre, sin saber que es un “fascista”, un nuevo y genuino fascista. Sí, aunque le cueste reconocerlo, el señor López Garrido no quiere tener en cuenta, en primer lugar, a las voces discrepantes de su propio partido, por ejemplo, Francisco Vázquez y otros cuantos socialistas se opusieron en conciencia a esta ley. Tampoco quiere oír, y esto ya es más grave, la voz y el juicio ponderado de instituciones básicas de nuestro sistema institucional. Parece que se le ha olvidado, a fuerza ya de no enseñarlo, el derecho constitucional que debería saber por profesión. Por esta regla de tres, si el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial son “fachas”, siguiendo su zafia terminología, porque informaron de la posible inconstitucionalidad de esta ley, entonces cabe esperar que López Garrido también llamará facha al Alto Tribunal en caso de que prospere el recurso de inconstitucionalidad que pondrá el PP.
