Desde que llegará al poder Zapatero, e impusiera una política de diálogo, pacto y cambalache con ETA, nadie en su sano juicio que analice las acciones, sentencias y autos de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y sospecho que otro tanto sucederá con las próximas resoluciones del Tribunal Constitucional, referidas al terrorismo de ETA, podrá decir que vivimos en un Estado de Derecho, o sea, en un Estado donde la justicia que imparten estos tribunales hayan conseguido apartarse de la decisión política impuesta por el poder del Gobierno.
Pocos de esos tribunales, conformados para impartir "justicia política", se han salido de los cauces trazados por el Gobierno a través de la utilización del Ministerio Público. Pocos de esos tribunales han esgrimido la validez de la ley por encima del derecho del más fuerte, que en este caso representa Zapatero. Pocos magistrados de esos tribunales pasarán a la historia de la democracia española por defender la validez de la ley, base del Estado de Derecho, que sólo puede tenerse y mantenerse con más y mejor democracia.
Dos casos serán estudiados en el futuro como ejemplos relevantes del vaciamiento del Estado de Derecho en España. En los dos casos el Estado de Derecho se ha convertido en Estado de Poder: el primero es la extraña y "absurda" sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Otegi, que sumó más perversidad a los argumentos atrabiliarios utilizado por el Fiscal General del Estado para retirar la acusación de ese personaje; el segundo es el auto de la Sala 61 del Supremo que, a pesar de reconocer que sería necesario ilegalizar no sólo unas cuantas listas electorales de ANV sino a todo el partido, acepta todo exigido por el Gobierno. ¡Cuánta hipocresía!
La conclusión de los dos tribunales es similar. Se dicta, "hipotéticamente", un fallo condenatorio, en el primer caso de Otegi y en el segundo del partido ANV, que finalmente no puede llevarse a cabo por una cuestión procesal, o sea, porque nadie solicita la condena de los acusados, Otegi y ANV, respectivamente. Detrás de esas resoluciones judiciales, sentencia en el primer caso y auto en el segundo, se esconde algo más grave, a saber, el desinterés de los jueces y fiscales por el Estado de Derecho, o peor, el abandono de la idea de un Estado de Derecho como una tarea en permanente desarrollo a través de la profundización de la democracia. El Estado de Derecho es, hoy en España, Estado de Poder.
En esta desgraciada circunstancia es comprensible, desde el punto de vista táctico, que el PP centre sus críticas contra el Gobierno en el asunto de la legalización de las listas electorales de ANV, que es una franquicia de ETA. Pero debería decir otra cosa desde el punto de vista de los principios democráticos, que deberían ser la base del Estado de Derecho. En efecto, es cierto que el Gobierno ha urdido una estratagema para que la Sala 61 del Tribunal Supremo le diera la razón y respaldase las listas electorales de ETA, pero, en verdad, nadie pude mantener que el Supremo no podía ir más allá. Eso es una falsedad política y judicial.
Si en vez de salvar su pellejo la Sala 61 con "asuntos procesales" discutibles y siempre rozando, cuando no cayendo, en el fraude de ley, hubiera hecho suyo la bandera de todo demócrata, a saber, que "el Estado de Derecho aparece en su conjunto no como una construcción acabada, sino como una empresa accidentada, irritante, encaminada a establecer o conservar, a renovar o ampliar un ordenamiento jurídico legítimo en circunstancias cambiantes", según expresión de Habermas, otro gallo nos cantaría. Por desgracia, si el PP y sus centros de pensamiento no se toman en serio la tarea crítica de ese tipo de sentencias y autos de los tribunales mencionados, el Gobierno socialista tenderá a convertir el Estado de Derecho en una cuestión de boquilla, entre otros motivos porque hace mucho tiempo que optó por una "justicia" al servicio del poder.
Si "la justicia socialista", o sea, el derecho utilizado como arma arrojadiza contra el adversario político aparece como algo obvio, entonces ¿por qué el PP no critica el auto del Supremo que acepta todo lo exigido por la Fiscalía General del Estado? ¿Por qué los medios de comunicación pasan de puntillas sobre las responsabilidades del Tribunal Supremo en la legalización de las listas electorales de la franquicia de ETA? La respuesta, en mi opinión, es dramática: porque simulan que vivimos en un Estado de Derecho. No quieren reconocer que los tribunales de justicia desempeñan un rol decisivo en el proyecto común de ETA y el Gobierno.
